La legislatura de Córdoba se ha convertido en el escenario de un escándalo bochornoso protagonizado por el bloque UCR-PRO (Juntos por el Cambio) y el oficialismo de Juan Schiaretti. Sucede que a raíz de la disputa por las tierras de la familia Etchevehere en Entre Ríos, la legisladora radical y vicepresidenta del comité provincial de la UCR, Patricia de Ferrari, reclamó por Twitter la pronta aparición de “Falcon verdes para ‘impartir’ Justicia a la medida de Grabois y compañía”.

La publicación fue eliminada horas después por su propia autora, argumentando una mala interpretación de sus afirmaciones. Lo cierto es que quedó al desnudo el llamado a la represión y la apología de la dictadura en momentos en que las ocupaciones de tierras están a la orden del día, y los violentos desalojos también. El desatino despertó un amplio repudio popular.

A nadie escapa que no se trata de un exabrupto discursivo. La fuerza política que integra Patricia de Ferrari fue un elemento político destacado en el ascenso de la dictadura militar en la provincia del Cordobazo. En 1976, Ricardo Balbín, por entonces presidente de la UCR, llamaba a terminar con la “guerrilla fabril”. Durante la dictadura la UCR aportó en la provincia más de cien intendentes. La alusión a la vuelta de los “Falcon verdes” en la actualidad es más que una expresión de deseo, es un respaldo político a la represión, a los desalojos y a la persecución de las ocupaciones, en particular, y de la lucha obrera y popular, en general.

Pero el escándalo por el tuit no quedó ahí. En la vorágine de los repudios publicados en las redes sociales, el bloque oficialista, con la firma de doce legisladores del PJ (Hacemos por Córdoba), buscó sacar provecho de la situación presentando una cuestión de privilegio para sancionar o expulsar a la legisladora fascistoide por sus declaraciones.

Es una total impostura. La represión viene siendo llevada en forma sistemática y brutal por parte del gobierno de Schiaretti. Avanzó con guardia de infantería y topadoras contra varios asentamientos de la provincia, y la Justicia adicta inició una verdadera persecución tratando como delincuentes a los ocupantes de tierras, en su mayoría mujeres y niños desahuciados. En esa línea fueron encarcelados compañeros de los barrios Ferreyra y Ampliación Cabildo, y se despliega un hostigamiento sobre el Polo Obrero y las organizaciones piqueteras. Todo para defender terrenos abandonados que se proyectan en el gran negociado de la especulación inmobiliaria.

Apenas arrancó la cuarentena el gobierno constituyó un órgano denominado Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que no votó nadie y que se encuentra integrado por la policía, el Ejército, la Gendarmería y la Fiscalía. Desde el Partido Obrero lo denunciamos como un comité de represión que tenía como objetivo establecer un Estado policial. Así ocurrió. Schiaretti reprimió brutalmente a las y los municipales de Jesús María (encarcelando a 41 trabajadores), al conflicto de la UTA, a repartidores y otros. Se pretendió prohibir las libertades gremiales y políticas.

La brutalidad policial en las barriadas tuvo como saldo más de 30.000 detenciones por violar la cuarentena, con miles de abusos y seis casos de gatillos fácil, como el de Blas Correas -acribillado en pleno centro de la capital por un control policial. Además, hace más de siete meses que se tendrían que haber realizado las elecciones en Río Cuarto, y se intentó prohibir votar a las y los residentes bolivianos y también a los chilenos.

En la sesión legislativa del miércoles 21, un día antes del mensaje fascista, el bloque oficialista habilitó el tratamiento de un proyecto sobre tablas en “repudio a las usurpaciones”, presentado por el bloque que integra de Ferrari. El proyecto finalmente no fue tratado, pero es claro que el único fin de tal iniciativa era respaldar una escalada represiva en la que coincide todo el arco político patronal, el gobierno del PJ y la oposición derechista. Esta posición también es compartida por los gobiernos de Alberto Fernández y Kicillof-Berni, como se ve en la ocupación de Guernica.

Las declaraciones de la legisladora de Ferrari merecen todo el repudio, pero este debe provenir del pueblo trabajador, no del Estado y el gobierno que ejecuta la represión. La cuestión de privilegio para sancionar el “sincericidio” de la legisladora radical es una farsa, que tiene por fin camuflar la política represiva que comparten todos los bloques de derecha, pero además busca censurar la libertad de opinión política generando un peligroso precedente que será utilizado contra los voceros de las y los trabajadores y la izquierda.

Llamamos a rechazar y repudiar enérgicamente cualquier reivindicación de la dictadura y la represión. Todos ellos (PJ, UCR, PRO) deben ser repudiados y sancionados por el pueblo trabajador, por la represión, por la desocupación creciente, la pobreza, la crisis sanitaria en la que nos hunden, por defender los intereses del capital y el FMI.

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