Este lunes arrancó la feria Arminera 2023, en el predio de La Rural, que tendrá lugar hasta el miércoles 24. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y por Idea, ya contó con la participación de sectores patronales, profesionales de la industria minera, y de mandatarios y funcionarios, entre ellos los gobernadores de la “región del litio”: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los ejes de la jornada vienen girando en torno al respeto de la seguridad jurídica capitalista, el “desarrollo de la infraestructura” y a la necesidad de “establecer reglas claras para la inversión”. En un encuentro llamado “La oportunidad y los desafíos de la industria minera en la Argentina”, el director ejecutivo de Caem y exCEO de la petrolera estatal YPF, Daniel González, resaltó la importancia de la minería como actividad generadora de divisas.

En este marco, los gobernadores de la Puna se hicieron eco de los reclamos de las mineras y de los grupos capitalistas que se enriquecen saqueando los recursos del país.

Morales dijo que “la minería es una inversión costosa y a largo plazo, que requiere que se generen las condiciones. Hay que dar seguridad jurídica, reglas claras, previsibilidad y, por sobre todo, garantizar la licencia social que hemos logrado con las comunidades originarias para que crezcan a la par de la industria”. El gobernador radical oculta el desastre de su política minera.

En Jujuy, en el Salar de Olaroz, por ejemplo, el litio es explotado por las empresas que integran el proyecto Sales de Jujuy: la australiana Allkem (65% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa del propio gobernador Morales, Jemse (8,5%). En la provincia, las regalías que pagan las empresas son del 3%. Mientras los capitalistas y el gobernador se benefician, los trabajadores se empobrecen; en el segundo semestre de 2022, la población jujeña bajo la línea de pobreza ascendió al 41,8% (Jujuy Dice, 31/3).

La “licencia social” de la que habla el gobernador no existe. Así lo demostraron las comunidades originarias que en marzo de este año realizaron un acampe en el paraje Tanques, para denunciar que la compañía Minerales Australes S.A instaló maquinaria en sus territorios (sin contar con ningún permiso) para extraer litio.

El gobernador peronista Jalil reivindicó la creación de un fideicomiso, que según él “permitió generar participación clave para el desarrollo”, y habló de la importancia de “generar empleo con mano de obra calificada”.

Al catamarqueño se le olvidó que la minera norteamericana Livent, que opera en el Salar del Hombre Muerto, le roba dinero al país y a la provincia a través de métodos como la subfacturación de exportaciones; Livent llegó a declarar valores de exportación a 6.000 dólares por tonelada, cuando la vendía a 33.000. La compañía paga solo un 3,5% sobre el valor de facturación en concepto de diferentes ítems (regalías, canon, etc). No hay ningún desarrollo en la empobrecida Catamarca. Lo que impera es la expoliación capitalista.

También se le pasó por alto que, en marzo de este año, los trabajadores de la minera Galaxy llevaron a cabo un corte de ruta por dos días contra la precarización laboral, que es un fenómeno presente en la industria del litio. La expansión de las plantas se realiza con trabajadores tercerizados que perciben salarios de miseria y que realizan sus labores bajo condiciones de trabajo precarias (falta de indumentaria adecuada, a veces realizan jornadas de 12 horas de trabajo, etc).

Sáenz dijo que la falta de infraestructura “crea problemas de inversión”, por lo que habría que “incorporar al sector privado”. O sea, les promete a los empresarios negociados con la obra pública. En Salta intervienen varias empresas; por ejemplo, la compañía china Ganfeng Lithium invirtió millonadas en la explotación de litio; también lo ha hecho la canadiense Lithium Americas Corp. El gobernador tiene su propio emprendimiento, la empresa Remsa. En Salta, las mineras también pagan un 3% en regalías.

Las mineras que desarrollan sus negocios en Salta están perjudicando las condiciones de vida de los trabajadores; por eso es que ha habido movilizaciones en defensa del agua, que es acaparada por las empresas que utilizan métodos como el fracking (consume muchísima agua) para extraer minerales del suelo.

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Los gobernadores son agentes de las mineras. Cuando hablan de “seguridad jurídica” o de “reglas claras” se refieren, por un lado, al reclamo de las mineras de tener libertad para acceder al dólar y girar divisas al exterior (lo que traería consigo una mayor devaluación del peso y por lo tanto una desvalorización del precio de la fuerza de trabajo), y, por el otro, a impulsar reformas laborales que degraden aun más las condiciones de trabajo. Para los trabajadores no hay “reglas claras”. Sus salarios vienen perdiendo contra la inflación y muchos pueden ser despedidos en cualquier momento (debido al carácter precario de los contratos de trabajo). Por otro lado, a los mandatarios provinciales solo les importa utilizar las divisas provenientes de la exportación de litio para pagar deuda externa y para beneficiarse ellos mismos.

Esto también envuelve al gobierno nacional, que a las mineras solo les cobra un mísero 4,5% en materia de retenciones, a la vez que las beneficia con regímenes cambiarios especiales, exenciones impositivas, y haciendo la vista gorda frente a la subfacturación de exportaciones. Además, Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, se sumará a la feria este martes. Su provincia tendrá su propio stand. El kirchnerismo gobierna Santa Cruz desde los ’90; y siempre lo hizo a favor de los pulpos mineros. Que los K defienden esta orientación lo dejó en claro Wado de Pedro, uno de los posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos, cuando viajó a Washington en septiembre pasado, junto a los gobernadores del norte, para tentar a los inversores interesados en el litio argentino.

Hay que nacionalizar el comercio exterior y los recursos estratégicos bajo control obrero. Esa medida, que servirá realmente para el desarrollo industrial del país, solo puede ser llevada adelante por un gobierno de la izquierda y los trabajadores.

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