Al menos 985 trabajadores murieron “luego de contraer el virus trabajando”, a lo largo de 2020, de acuerdo a un relevamiento del espacio Basta de Asesinatos Laborales publicado este sábado. La pormenorizada descripción desmiente a Alberto Fernández y el resto de los funcionarios que afirman que los lugares de trabajo no son territorio de contagios. A la cifra mencionada hay que agregar que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), que ni siquiera cuenta al sector informal (que representa alrededor del 35% de la fuerza laboral), reconoce que hubo casi 210 mil trabajadores atendidos por el virus (Tiempo Argentino, 25/4) durante al año pasado, número que surge de la cobertura de casos por ART.

El colectivo Basta de Asesinatos Laborales reúne a familiares de víctimas de la desidia patronal y publicó su primer informe en el año 2018, contabilizando 375 trabajadores y trabajadoras fallecidas en sus puestos de trabajo. En 2019, el informe puso la lupa también sobre el sector informal, cuyas muertes no registra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con lo que la cifra aumentó a 534 casos (un fallecido cada 14 horas). “Si las muertes pudieron evitarse no son accidentes: son asesinatos laborales”, dice el informe 2020, marcado por los estragos de la pandemia, que suponen el 76% de las muertes laborales contabilizadas. El espacio denuncia la anteposición de las ganancias a la salud por parte de las patronales, la falta de control del Estado y la complicidad de la burocracia sindical.

El 2020

El informe se basó en la recolección de datos a través de los medios, por lo que los números reales pueden ser aún mayores. Durante el año pasado, hubo al menos 985 decesos debido a la pandemia. Tras un breve período en fase 1, “con la autorización del gobierno y el silencio de las centrales sindicales, los empresarios retomaron la producción sin haber garantizado, en la mayoría de los casos, condiciones ni protocolos que permitiesen evitar la propagación del virus”, según el texto. Si se añaden otro tipo de muertes, la cifra se extiende a 1295 fallecidos en sus puestos de trabajo (un caso cada siete horas -electrocución, derrumbes, choques y caídas desde altura son los más frecuentes si se exime al Covid-19).

Los trabajadores y trabajadoras de la salud comprenden el 31% de las muertes (399 casos, un número que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud -Fesprosa- eleva a 500), seguido por el transporte, con el 15%, ambos rubros esenciales. La industria explica el 14% de los casos, los servicios financieros y a empresas el 9%, la construcción y el comercio el 7% cada uno. El sector salud, la primera línea de lucha contra la pandemia, estuvo y está marcado por un extenuamiento en las tareas, teniendo que batallar además para obtener insumos y equipos de protección personal.

El texto señala que pocas veces se cumplió la obligatoriedad de proporcionar transporte privado a los trabajadores, con lo que muchos se vieron expuestos al transporte público, un foco de contagio por excelencia. Es lo que denunciaron, por ejemplo, trabajadores de la fábrica de ropa deportiva Intertrading SA, de la Capital Federal. Elizabeth Barrionuevo, trabajadora de esa planta, falleció por Covid-19 a comienzos de julio de 2020.

Otro de los casos citados es el del ingenio Ledesma, en Jujuy, con 20 víctimas. La empresa reconoció además casi 500 contagios, pero la cifra real sería el triple, según los sindicatos. La empresa siguió todo el tiempo convocando a trabajadores de riesgo. Su desidia condujo al colapso del sistema de salud del departamento.

Para fines de julio, en la empresa Coto se contabilizaban más de 500 contagios. En Coto Balvanera, en noviembre los trabajadores de grupos de riesgo fueron convocados a retomar tareas bajo la amenaza de despido con causa. También hay denuncias contra Carrefour por ocultamiento de casos y a WalMart por resistir el aislamiento de los trabajadores.

En la empresa de seguridad privada Murata hubo seis fallecidos. La empresa despidió a siete trabajadores por el reclamo de elementos de protección (guantes, alcohol en gel).

El informe señala también otros problemas derivados del Covid-19. El teletrabajo, que permitió prevenir los contagios, se aplicó de tal modo que agravó las condiciones laborales, obligando al personal a proveerse las herramientas de trabajo y alargando de hecho la jornada, lo que lleva a los autores a reclamar el “derecho a la desconexión” y que las patronales garanticen el acceso a internet.

Entre las conclusiones, se afirma que “en el marco de un ajuste feroz a instancias del FMI y los gobiernos nacional y provinciales, las condiciones de seguridad e higiene en nuestros puestos de trabajo se flexibilizan aún más”.

El 2021

Además de todos estos datos, debemos tener en cuenta que el ausentismo viene creciendo fuertemente al calor de la segunda ola. De acuerdo a La Nación (14/4), en la industria es del 12,5% con picos de 20%, incluyendo al personal de riesgo que está eximido de concurrir. La automotriz Toyota debió suspender este mes uno de sus dos turnos. En Prensa Obrera relevamos también los casos de contagios en la gráfica Morvillo, el Ferrocarril Roca, Mondelez (ex Kraft), el frigorífico Campos del Tesoro (Pilar), Volkswagen Pacheco, la autopartista SKF de Tortuguitas, y la siderúrgica Siderca. Además, los 10 fallecidos del subte. En los últimos días, además, se sumó el fallecimiento del docente santafesino Hernán Riquelme y un obrero (mayor de 60 años) de la fábrica de productos de vidrio Cattorini de Quilmes. Esta patronal viene presionando a los trabajadores de grupos de riesgo para que se reincorporen a sus labores. En el caso de la docencia, enfrenta la cruzada de los gobiernos por una presencialidad que disparó los casos, según todas las evidencias científicas.

Las empresas y el gobierno aducen, frente a los contagios y fallecimientos, que los mismos no se producen en los lugares de trabajo sino fuera de ellos. Pero no ofrecen ninguna evidencia para sustentarlo, siendo que se trata de grandes espacios de aglomeración. Además, ignora tramposamente el trayecto hacia el trabajo, que en muchos casos debe hacerse en un transporte público congestionado. Por otra parte, como vimos, la SRT habla de 200 mil personas que accedieron a una ART por contagios, lo que implica el reconocimiento de que hay una vinculación entre la enfermedad y la tarea.

El informe plantea “tomar en nuestras manos el control de las condiciones de trabajo y de producción”. En este sentido, destaca algunos lugares de trabajo organizados donde se impusieron medidas de seguridad e higiene que minimizaron los contagios, como la Línea 60 o La Salteña (donde los obreros paralizaron la planta una semana). Vale añadir que los trabajadores de la fábrica de neumáticos Bridgestone fueron recientemente al paro para lograr el aislamiento de seis trabajadores que eran contactos estrechos de un compañero infectado. El Sutna elaboró un protocolo de seguridad e higiene y lo mismo han hecho otros sectores del movimiento obrero (como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el subte).

Frente a los contagios y el negacionismo de las patronales y el gobierno, necesitamos poner en pie comités de trabajadores que garanticen la aplicación de protocolos, con potestad de parar en caso de incumplimientos. Además, reclamar que el Estado garantice la vacunación (empezando por las áreas esenciales). Y la prohibición de despidos y garantía del 100% del salario.