Es muy elocuente que, luego de que el gobierno diera el visto bueno a la compra de Edenor, uno de sus flamantes dueños haya salido a declarar públicamente en un medio radial que espera otro aumento de tarifas en los servicios antes de fin de año. Es de hecho lo que había formulado el propio Martín Guzmán, con su esquema de incrementos semestrales, en medio del tironeo que la cuestión tarifaria suscitó entre distintas áreas del gobierno y que culminó en subas del 9%.

La apreciación de Daniel Vila -quien asociado a José Luis Manzano y Mauricio Filiberti compró Edenor a Pampa Energía del grupo Mindlin-, de que habrá nuevos aumentos, es para tener en cuenta. Se trata de empresarios con largo historial de negocios en base a concesiones públicas, y con allegados en el gobierno nacional -especialmente en el massismo. Filiberti es conocido como el “rey del cloro ” por ser el proveedor principal de Aysa. Pero incluso dentro del rubro que nos ocupa, vale recordar que Vila-Manzano operan el servicio de luz en Mendoza y gozaron en enero de un tarifazo del 30%, habilitado por el gobernador cambiemita Rodolfo Suárez.

Era presumible que la compra de Edenor estuviera motivada por la expectativa en que el negocio será rentable gracias a aumentos tarifarios, máxime por parte de hombres de negocios con vasos comunicantes con el poder. En el reportaje radial referido, Vila fue explícito al considerar que “habrá que ver qué (incrementos) acepta el FMI, considerando que pretende que Argentina baje el nivel de subsidios”. Este es por supuesto el meollo de la cuestión. En medio de un hermético ajuste fiscal, las transferencias a las empresas es de las poquísimas partidas que subieron por encima de la inflación este año -contrastando con el derrumbe de salarios, jubilaciones, transferencias a las provincias, etc.

Pero la disyuntiva tarifazos-subsidios es una encerrona que la población debe rechazar, porque lleva a nuevas confiscaciones para rescatar a las privatizadas sin revertir el vaciamiento energético del país.

De hecho, según Vila un nuevo incremento en las boletas es necesario “para mantener operativa la prestación del servicio”. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2020, es decir mientras regía el congelamiento tarifario, el holding Pampa Energía que administraba Edenor (además de empresas de generación y transporte de electricidad) registró ganancias por 7.150 millones de pesos; mientras la distribuidora seguía abultando su deuda por impagos a Cammesa (la empresa estatal mayorista de energía) hasta la cifra de 225 millones de dólares. Antes de seguir girando subsidios millonarios o cargar las facturas de los usuarios, habría que abrir los libros de las empresas para determinar los costos reales de producción.

Lo dicho muestra que es una verdadera farsa la idea que fabrican las patronales del sector acerca de que estén operando a pérdida. Vila y Manzano saben bien por su experiencia en la distribuidora eléctrica mendocina que las deudas con Cammesa terminan siempre siendo condonadas bajo distintos conceptos; su firma Edemsa acumula pagos pendientes por 120 millones de dólares. La deficiencia generalizada en los servicios brindados, particularmente los cortes durante los momentos del año de mayor consumo, testimonian además que la inversión está por debajo de lo requerido siquiera para satisfacer la demanda actual.

No hay que creer, de todas maneras, que los tarifazos obedecen únicamente al lobby de un puñado de concesionarias de distribuidoras de electricidad. La raíz de todo el esquema energético del país es un régimen de beneficios extraordinarios a las petroleras, hoy condensados en el Plan Gas. Resulta que el Estado subió un 50% el precio en dólares que pagaba por la compra del gas en boca de pozo, y como ese es el insumo principal de la gran mayoría de la generación eléctrica se encarece toda la cadena. Como ello no alcanza a cubrir la demanda también se importa gas del exterior, cuyos precios han llegado a duplicar los previstos por el gobierno, lo cual redobla la presión.

Este sistema de precios subsidiados del gas que se paga a las petroleras refuta de plano toda la pose del kirchnerismo como ala de la coalición oficial que resiste los aumentos tarifarios. El protagonismo que gozaron semanas atrás Germán Basualdo y Federico Bernal -interventores del ENRE y el Enargas respectivamente y que reportan a la vicepresidenta- tras confrontar públicamente las pretensiones de Guzmán de aplicar subas del 29%, nunca apuntó a cuestionar esta base del esquema ni deslizó crítica alguna al Plan Gas. Más aún, los funcionarios K que están al frente de YPF vienen gatillando naftazos que superan el 60% en diez meses.

Lo dicho permite anticipar que tras las elecciones la cuestión de las tarifas de los servicios públicos volverá a escena, pero esta vez con las miras puestas no en las encuestas de intención de voto sino en las negociaciones con el Fondo Monetario. En efecto, toda la preocupación del gobierno está puesta en reducir el déficit fiscal -en el cual inciden fuertemente los subsidios- pero manteniendo los índices de rentabilidad de las patronales. Vale aclarar de todas maneras que son los usurarios los que costean las transferencias de fondos públicos a las privatizadas, ya que una cuarta parte de la factura de los servicios constituyen impuestos a los consumidores.

Lo dicho vale incluso para la flamante ley de descuentos al gas en las llamadas zonas frías, tan patrocinada por Máximo Kirchner y los suyos como un hecho de justicia luego de los años de sucesivos incrementos bajo el macrismo. El hecho es que las rebajas (que aún resta ver cómo se aplicarán) serán fondeadas… por una suba en uno de los ítems impositivos de la boleta. Finalmente, toda la pretensión está puesta en dar un vehículo para hacer pasar los próximos tarifazos sin desatar una bronca popular entre la propia base social del gobierno. Que el consorcio Vila-Manzano-Filiberti haya designado en la alta gerencia de Edenor a Edgardo Volosin, quien fuera secretario de Energía de Vidal en su paso por la Gobernación bonaerense, signada también por aumentos descomunales, es un retrato de que por encima de la grieta lo que asoma es una misma correspondencia con los reclamos capitalistas.

A la falsa dicotomía entre mayores subsidios o nuevos tarifazos que las privatizadas, el gobierno y la derecha intentan imponer a la población, es necesario oponer la exigencia de la apertura de los libros al control de trabajadores y usurarios para determinar los costos reales de generación, transporte y distribución de la energía, identificar a dónde han ido a parar los subsidios estatales en estos años de bajísima inversión, y esclarecer las deudas (actuales y condonadas) que tienen con Cammesa.

Para dar una salida de fondo, a su vez, es imperioso abrir también los libros de las petroleras para establecer el costo de la extracción de hidrocarburos, lo cual revelará la necesidad de nacionalizar bajo control obrero toda la industria energética para orientarla a la satisfacción de las necesidades populares y productivas del país. Por supuesto, ello solo pueden llevarlo adelante los trabajadores, como parte de un plan integral de desarrollo nacional sobre nuevas bases sociales, partiendo de la ruptura con el FMI y todo el régimen de saqueo anclado en el pago de la deuda externa y la fuga de capitales.

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