A través de Twitter, la revista Crisis difundió datos relevantes obtenidos por su Equipo de Investigación Política (EdIPo) acerca de los orígenes de la supuesta propiedad que ostentaría El Bellaco SA sobre el predio del que fueron violentamente desalojadas cientos de familias.

En el informe sale a la luz que la irregular posesión del predio proviene desde la última dictadura militar. Ricardo Calderwood, empresario ganadero, habría adquirido esas tierras el 20 de julio de 1983 en comisión para El Bellaco SA. La empresa fue creada en mayo de ese año, poco tiempo antes de hacerse con esos terrenos. El nexo entre el gobierno militar y esta firma apropiadora de tierras se ve con claridad con la revelación de que Copete Pérez Pesado, al frente de El Bellaco SA hasta su muerte en 2013 y padre de Gervasio Pérez Pesado, su actual director y representante legal, fue funcionario de la dictadura por lo menos entre 1980 y 1982 siendo asesor y subsecretario de la misma. A la vez, Copete Pérez Pesado fue socio de negocios de Abel Blas Román, intendente de facto de La Plata entre 1981 y 1983. Entre ambos, fundaron el estudio Pérez Pesado – Román.

Todas las sospechas acerca de la irregularidad sobre la propiedad de esos terrenos adquieren una nueva realidad con estas revelaciones habida cuenta que constituye una práctica habitual, más aún durante la última dictadura, el favorecimiento de los negocios de los funcionarios y la entrega ilegítima de propiedades. Se trata de la entrega de tierras por parte de un gobierno genocida. El Bellaco SA reclamó esos terrenos como propios presentando un mero boleto de compra venta, sin certificación y mucho menos con escritura. Sus supuestos dueños pasaron 37 años sin registrar legalmente su posesión. La propiedad fue avalada como tal en 2019, en un trámite exprés ordenado por la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.  El Frente de Todos, y en particular el massismo, han dejado las huellas digitales en el tramo final de esta verdadera apropiación ilegal de tierras. Calderwood, por su parte, es miembro honorario de la Sociedad Rural Argentina, verdadero cartel de ocupadores de tierras en Argentina.

El desfalco de estos usurpadores continua con enormes deudas hacia el fisco ya que, por un lado, Calderwood no realizó tributación alguna por esos terrenos desde 1983 a la fecha (El Extremo Sur, 30/10) y El Bellaco SA registra deudas por impuestos inmobiliarios cercanas al millón de pesos. Este fraude impositivo se torna más grosero en la medida en la cual la empresa cuenta con numerosas inversiones inmobiliarias y, en Guernica, buscan ampliar el barrio privado San Cirano, un emprendimiento destinado a viviendas de lujo y un club exclusivo. Kicillof se quejó recientemente de los barrios privados, de su evasión de impuestos y su apropiación de terrenos. Sin embargo, con ellos no pasa de palabras, y de hecho coloca a las fuerzas represivas para defender sus estafas mientras violenta a los necesitados.

Como ocurre reiteradamente, en Guernica se verifica la naturaleza de la propiedad capitalista y la especulación inmobiliaria, fundadas sobre la base de expropiaciones y fraudes. El brutal desalojo llevado adelante por Kicillof y Berni contra cientos de familias trabajadores en nombre de la defensa de la propiedad privada fue un mero acto de violencia contra quienes peleaban por un derecho elemental (tierra y vivienda) en favor de los verdaderos usurpadores de la tierra de este país. Estos elementos refuerzan el reclamo de la restitución de los terrenos para urbanización y construcción de viviendas a las familias censadas y muestra la profunda descomposición y los intereses espurios que defienden los represores en nombre de la defensa de la propiedad privada.