El Presupuesto 2023 continúa su camino por la Cámara de Diputados. La semana pasada comenzó con la exposición de Massa, quien ratificó las metas del acuerdo con el FMI justificando el ajuste y el dibujo en materia de proyecciones macroeconómicas. Fue el día del emblemático cruce con Romina Del Plá en torno a la huelga del neumático, ya que el ministro venía de extorsionar a los trabajadores y fue increpado por los diputados del FIT-U.

Esta semana fue el turno de ministros y funcionarios nacionales, quienes pasaron por la Cámara de acuerdo al calendario acordado con la oposición. Un dato llamativo es la escasa cantidad de legisladores que participaron de estas instancias, algo que es una consecuencia directa del acuerdo para aprobar este Presupuesto de ajuste, lo que limita las críticas al proyecto. Como siempre, el que calla otorga.

La participación de Romina Del Plá marcó en este contexto un contraste absoluto con los partidos del régimen, cortando con las críticas superficiales y desnudando el verdadero carácter del Presupuesto, que no es otra cosa que la hoja de ruta en materia económica para el año que viene. A pesar de no formar parte de la comisión, la diputada del Partido Obrero en el FIT-U intervino en reiteradas oportunidades cuestionando la orientación ajustadora que los funcionarios trataban de ocultar, junto a los otros diputados de la izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Alejandro Vilca.

El primero de los expositores fue el ministro de Educación, Jaime Perczyk. Frente a él, Del Plá planteó el estado calamitoso en que se encuentran miles de escuelas en el país, la precariedad laboral y los bajísimos salarios de los docentes, así como la carencia que existe en materia de conectividad que en muchos casos es cubierta con recursos aportados entre docentes y estudiantes. Este último punto es particularmente clarificador, frente a un gobierno que se jacta de llegar a fin de año con el 90% de las escuelas con wifi.

Al mismo tiempo, el Presupuesto reconoce un ajuste brutal en esta área, ya que actualiza apenas 26% la partida para la construcción de jardines y un 36% el ítem Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que tiene un impacto directo sobre el salario docente. Para las universidades nacionales se destina un 54% más que en 2022, cuando el presupuesto proyecta una inflación del 60% en 2023 y las estimaciones privadas calculan que será del 84%.

La continuidad de la jornada estuvo dada por la presencia de Filmus, ministro de Ciencia y Técnica. Aquí la intervención de la banca estuvo en función del reclamo de los investigadores y de los científicos, también precarizados. El “gobierno de científicos” vino a reivindicar en Diputados que los investigadores le ganaban a la inflación todos los años de su gestión, cuando en realidad reciben uno de los salarios más bajos de todo el Estado.

Cuando fue el turno de Juan Cabandié, el titular de Ambiente, Del Plá hizo una distinción: antes de advertir por los recortes, sostuvo que hay que preguntarse “¿a dónde fue a parar todo el presupuesto? porque el problema es que se le incendió el país ministro”, e insistió “¿por qué estamos en una situación cada vez más aguda de catástrofe ambiental en el país?”. Reclamó también la sanción de la Ley de Humedales, cajoneada por acuerdo entre oficialismo y oposición, y cuestionó al proyecto del Ejecutivo “que no protegería ningún humedal”.

Otro de los platos fuertes de la jornada estuvo en la presencia del presidente del BCRA, Miguel Pesce. Si bien el Banco Central no forma parte del Presupuesto de la Administración Central, sí cumple un papel fundamental en el cumplimiento de las previsiones respecto al dólar, el (des)manejo de la inflación y la política de comercio exterior, entre muchas otras cosas.

El silencio cómplice o las preguntas que realizaban desde JxC (los liberfachos no participaron de estas instancias) prometían un pasaje pacífico para Pesce, hasta que se encontró en la intervención de Romina con un planteo que cuestionó su política en cada aspecto. Desde la denuncia al déficit cuasifiscal hasta un mensaje a Alberto Fernández que “hacía campaña con que iba a pagar las jubilaciones con las Leliqs, pero hoy los pasivos remunerados del BCRA son ocho billones de pesos y las jubilaciones son cada vez más miserables”. Al mismo tiempo, advirtió acerca del impacto de la suba de la tasa de interés internacional en el precio de las exportaciones argentinas, una previsión por completo omitida en el Presupuesto.

Estas denuncias tuvieron un impacto. Llevaron al reconocimiento por parte de Laspina y de Pesce de que se habían expuesto problemas de fondo. El intento del presidente de la autoridad monetaria de bajarle el precio a la bomba de tiempo que significan los vencimientos mensuales y la escasez de reservas -en vísperas de un 2023, en que habrá que comenzar a pagar los intereses de la deuda reestructurada-, fueron desmontados. La intervención denunció además el carácter confiscatorio de la inflación y de los desequilibrios económicos, por lo que tuvo el mérito de llevar una comprensión clasista de estas cuestiones.

El miércoles arrancó con la visita de Jorge Taiana. El ministro de Defensa es uno de los más favorecidos en el Presupuesto 2023, ya que su cartera es una de las pocas que aumenta más que la inflación. Frente a este reforzamiento represivo la denuncia abarcó los “bautismos” violentos que han vuelto a la agenda política y planteó la apertura de los archivos de las fuerzas, que se han mantenido en secreto luego de casi 40 años de democracia. Al mismo tiempo, Del Plá expuso que los ejercicios militares recientemente votados en el Congreso ratifican el alineamiento del Estado argentino con el imperialismo.

Otra de las visitas destacadas de la jornada fue la del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Como era de esperar, se jactó de una asistencia social que es verdaderamente calamitosa si tenemos en cuenta que los comedores suelen recibir 6 alimentos en promedio de los 21 que están estipulados. El ministro respondió con problemas burocráticos y se escudó en la concentración económica de las empresas alimenticias, demostrando que el Frente de Todos que se muestra inflexible ante los reclamos piqueteros se confiesa incapaz de defender a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Lejos del “plan platita” que titulara la tapa de Clarín, la realidad es que el proyecto oficial reconoce un aumento de apenas 59%, dejando ver que las organizaciones sociales tendrán que enfrentar en las calles el ajuste previsto por el gobierno.

Caben destacar también las intervenciones frente al ministro de Trabajo y a la titular de Anses. El agrupamiento no es arbitrario, sino que se corresponde con denuncias que afectan a ambos, ya que la raíz del problema jubilatorio se basa en la disminución de los aportes patronales y la informalidad, algo con lo que han convivido todos los gobiernos sin ninguna política progresiva.

Moroni, además, fue cuestionado por homologar desde su ministerio todas las paritarias a la baja que llevan a que estemos frente al récord histórico de trabajadores ocupados por debajo de la línea de la pobreza, y a su política frente al salario mínimo en niveles de indigencia.

Como se ve, la política del Partido Obrero frente a este desfile de funcionarios fue la de exponer una orientación de conjunto del Presupuesto 2023 y del gobierno: la del ataque sistemático a las masas y sus condiciones de vida, mientras se organiza toda la política económica en función del acuerdo con el Fondo y los subsidios al capital.

En medio de una crisis política que se intensifica a varias bandas, el gobierno y la oposición pactan el Presupuesto en función de sus intereses comunes y de cumplir con el FMI. Una vez más nuestra intervención sirvió para exponer ese pacto, denunciarlo y llevar la agenda de los trabajadores a un Congreso que vive una realidad paralela, completamente ajeno a los problemas y desafíos que enfrentamos los trabajadores.