Nuevos documentos alrededor del Lava Jato consolidan las denuncias contra allegados del presidente Mauricio Macri, funcionarios del gobierno kirchnerista y referentes de primera línea del capitalismo local por su implicación en las corruptelas de Odebrecht.

El equipo de Hugo Alconada Mon publicó el lunes en La Nación una primera parte de la nueva tanda de material a la que tuvo acceso. Allí, “los exejecutivos de Odebrecht identificaron tres grandes negociados de la constructora en la Argentina: el proyecto para extender las redes troncales de gasoductos, para construir una planta potabilizadora para AySA en Paraná de las Palmas y para soterrar el tren Sarmiento”.

De particular interés en las nuevas confesiones aparecidas es la clarificación de “las reglas de juego imperantes para operar en la Argentina” (La Nación, ídem), en un mecanismo bien fijado de cartelización: el gobierno nacional dictaminaba que para ganar contratos oficiales, Odebrecht debía asociarse a determinadas empresas locales ya establecidas (entre ellas, los confesores identifican a la constructora BTU). “Los delatores también expusieron (…) una práctica que hasta ahora los jueces y fiscales habían omitido”, según la cual el monto de los sobornos se dividía entre la empresa brasilera y su socia local en igual porcentaje que su participación en el consorcio constructivo. Las reglas incluían también “la necesidad de contratar lobistas que, además de abrirles puertas en Buenos Aires y en el interior, actuaron de puente con el equipo del ex ministro Julio De Vido”. Junto a ello, uno de los jerarcas de Odebrecht arrepentido, Marcio Faria, recuerda que mientras Néstor Kirchner estaba vivo “andaba todo bien”.

En el caso del Sarmiento, negocio por el que Odebrecht pagó (y reconoció haber pagado) millonadas para entrar, los delatores premiados identificaron como articulador del consorcio al primo del presidente, Ángelo Calcaterra. La cosa queda en el barrio: el familiar del mandatario le vendió el año pasado su manchada empresa Iecsa a Marcelo Mindlin, no por nada sindicado como uno de los empresarios preferidos de Mauricio Macri: su corporación Pampa Energía -productora del 10% de la electricidad y el 8% del gas del país, dueña de Edenor, de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y de una de las dos de gas, TGS- es la que más creció durante 2016 (cuando se hizo de Petrobras) y continúa haciéndose sus mieles con los tarifazos. Ahora Sacde (el nuevo nombre de Iecsa) puja por entrar en otra “fiesta patronal” de la mano del macrismo: la de las PPP de la obra pública.

Los delatores confirman la denunciada participación del entonces presidente de la archi-negrera Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como intermediario de los sobornos tanto antes como después de la muerte de Néstor. Wagner es dueño de Esuco SA, que continúa beneficiándose de los negociados alrededor de la obra pública en todo el país.

Así las cosas, queda claro que sobre las extensiones locales del Lava Jato hay todavía mucha tela para cortar –“ustedes tienen que descubrir el 95% que no fue de Odebrecht” había dicho Marcelo Odebrecht en su interrogatorio de noviembre (La Nación, 17/2), con bastante cinismo y una buena dosis de verdad.

Mientras que el escándalo Odebrecht ha sido impulsado por el imperialismo en América Latina para recuperar posiciones frente a las contratistas locales, el propio desarrollo de las investigaciones va dando cuenta de las potentes líneas de continuidad entre nac&pop venidos en desgracia y sus sucesores derechistas. 

La clase obrera debe ligar la denuncia de esta podredumbre capitalista a su lucha contra el plan de guerra de Macri y los gobernadores, en la perspectiva de una salida política independiente del imperialismo y los partidos patronales de todo cuño.