La reelección sin límites de los intendentes de la provincia de Buenos Aires va ocupando el centro de atención del “supermartes” 28 de diciembre en que se tratará el presupuesto de ajuste de Kicillof, la ley fiscal de impuestazos y la reforma a la ley de ministerios. Axel Kicillof quiere esta última ley como premio consuelo para intentar balancear con ministros propios la virtual intervención del gabinete dispuesta conjuntamente por los Kirchner, el PJ bonaerense y la tropa de choque donde revisten los alcaldes “reeleccionistas”.

La modificación de la ley 14.836, que limita a los jefes comunales bonaerenses a dos mandatos consecutivos, habilitaría a 97 intendentes a presentarse para ser reelectos en 2023, año en que empezaba a regir la norma en cuestión.

Fragmentación política a ambos lados de la grieta

El operativo para modificar la ley 14.836 partió a los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en una “transversalidad” que es producto de la fragmentación política y las disputas e internas no resueltas con la elección de noviembre. Según los números en danza, el bloque pro-reelección indefinida que integran una franja de los legisladores del oficialismo y de la oposición derechista tendría una ajustada mayoría simple, que vuelve incierto el resultado.

La ley en cuestión fue sancionada en su momento mediante un acuerdo entre la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el actual presidente frentetodista de la Cámara de Diputados en el Congreso, Sergio Massa. En ese momento blandieron la “renovación” como bandera para ganar espacios a expensas del PJ y los barones del conurbano. Entre las incertidumbres que rodean a este “supermartes” está si un voto negativo de los legisladores massistas tumba los límites a la reelección, y en consecuencia agrieta la alianza entre Máximo Kirchner y Massa en detrimento de Kicillof.

En Juntos la división es todavía más aguda por las fuerzas en pugna, y adelanta la interna dentro del PRO y de este con los radicales de cara a 2023. La disputa devolvió a Vidal al primer plano en la provincia de Buenos Aires, después de su “pase” a CABA, en parte porque la caída de una ley que lleva su sello directo representa un golpe político y desautorización de su figura; pero además porque el resultado de la votación final estará sujeto a la rosca del larretismo y Santilli con los alcaldes macristas y con la UCR.

De todas maneras la reglamentación de la ley permite la presentación para un nuevo período de mandato (2023) de aquellos intendentes que “corten” su segundo mandato antes de la mitad, para lo cual se toman licencia y asumen otras funciones de gobierno. La incorporación de jefes comunales al gabinete de Alberto Fernández fue una forma de sortear este escollo y asegurar su compromiso en las elecciones legislativas. Lo mismo sucedió en la provincia de Buenos Aires con el ingreso de Martín Insaurralde como jefe de Gabinete de Kicillof -en los hechos una intervención al gabinete bonaerense después de la derrota electoral en las Paso-, y con Jorge Macri que cruzó la General Paz para asumir un cargo en la Capital.

Una votación contra la reelección por parte de los legisladores del facho Espert sería una piedra en el zapato para los “libertarios” que están negociando con Macri y Bullrich alguna forma de ingreso o alianza con Juntos, y a la vez pretende cotizar sus acciones en la coalición derechista.

Kicillof barranca abajo

Después de surfear durante meses a la espera del resultado de las legislativas de noviembre, Axel Kicillof terminó plegándose sin convicción al bloque “reeleccionista” bajo la presión conjunta de los intendentes del PJ y de Máximo y Cristina Kirchner. El desplazamiento de la tropa kicillofista del gabinete fue impuesto por orden directa de la vicepresidenta para congraciar a Máximo, presidente del PJ provincial, con los pesos pesados del conurbano que se asignan el mérito de la “remontada” en las generales de noviembre.

Bien mirado, estamos frente a una desintegración y retroceso del kirchnerismo por partida doble: de Kicillof cada vez más aislado, y de La Cámpora que fracasó en su intento de copar el peronismo bonaerense. Lejos de una política autónoma, como pretendían los satélites izquierdistas del Frente de Todos, el camporismo está cada vez más subsumido y condicionado por el aparato del PJ, y bajo el cerco de los intendentes que aspiran a encarnar el poder real en el justicialismo bonaerense.

Rechazo

Sea que se modifique la ley con el voto de una mayoría del Frente de Todos y una franja de Juntos, o que continúen las trampas de la legislación actual para que los intendentes burlen la prohibición de ser reelectos, la crisis política abierta retrata a un régimen político que necesita violar todo el tiempo la “voluntad popular” y cuya prenda de unidad es el ajuste capitalista contra las masas.

El combo del Presupuesto 2022 de la provincia es un paquetazo contra los trabajadores y apunta a reforzar, ajuste mediante, las garantías de pago de la deuda externa a los bonistas buitres y el reforzamiento del aparato represivo contra los reclamos populares.

Para Kicillof una votación favorable a la reelección de los intendentes empalidece el “poroto” que quiere anotarse el gobernador con la aprobación del Presupuesto 2022 “por consenso” -en verdad, merced a tráfico de fondos y cargos para la oposición derechista-, diferenciándose del fracaso de Alberto Fernández y Martín Guzmán en el Congreso Nacional. Desde las cabezas del kirchnerismo le van bajando el pulgar al “exahijado político” de Cristina, cada vez más dependiente de Sergio Berni y de las burocracias sindicales que cogestionan los salarios de hambre y la precarización laboral. Está por verse también si estas mismas burocracias, en particular las del Suteba y ATE, mantienen su fidelidad al “gobernador amigo” en caso de agudizarse la ruptura entre Máximo-Cristina y Kicillof.

La bancada del Frente de Izquierda Unidad adelantó su voto negativo tanto a la ley de leyes y paquetazo del ajuste, como a la reelección indefinida de los intendentes, denunciando las maniobras antidemocráticas para perpetuar un régimen fondomonetarista y antiobrero. Al pacto reeleccionista en marcha le oponemos el derecho de revocatoria popular, la investigación y apertura de los libros de las municipalidades bajo control de los trabajadores, y la reorganización de las comunas y la provincia de Buenos Aires sobre nuevas bases sociales. La sujeción al FMI y al capital financiero va de la mano de la “seguridad jurídica” (operativo reelección) que exigen todos los ajustadores.