Dos días después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, emprendiera su gira por Washington, donde mantuvo reuniones con el Tesoro norteamericano y los voceros del FMI para afinar la política de ajuste, el gobierno avanzaba con otro recorte presupuestario que, entre recortes y asignaciones, rondan los $140 mil millones. El actual ministro de Transporte, Alexis Guerrera, le puso el gancho junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, a dos DNU en tal sentido y profundiza el camino para cumplir con las metas impuestas por el organismo.

Entre los recortes que ahora estipuló el gobierno se incluyen $7.000 millones para la atención de obras de agua potable y saneamiento, lo que redundará en un mayor tarifazo puesto que ese recorte se incluirá en el precio que paga el consumidor, sumándose al ya anunciado. También se agudizará la desinversión en obras, que ya prima por parte de las empresas, incluso cuando en el ítem agua potable cayó la inversión real directa un 26,9%. Esto sucede cuando, según el último informe del Indec sobre condiciones de vida de los hogares, hay un 12% de la población que no tiene acceso al agua potable y casi un 30% que no tiene acceso a las cloacas.

A esto se le agrega un recorte de $29.996 millones de subsidios al gas, que se lo ahorran a costa de tarifazos contra la población, $78.863 millones en Obligaciones a Cargo del Tesoro (asociado al efecto de la baja de subsidios), $39.720 millones en integración sociourbana para el Ministerio de Desarrollo Social, cuando la crisis de vivienda es acuciante y la población más vulnerable se ve privada de los servicios esenciales.

También debemos tener en cuenta que la inflación es un gran negocio para el ajuste fiscal que busca profundizar el gobierno, puesto que encarece los impuestos, por lo que incrementa la recaudación, al tiempo que desvaloriza los presupuestos asignados que no se actualizan, como es el caso de la obra pública, que además presenta una caída del 26,2% en inversión real directa. Para este sector Massa definió mantener la pauta presupuestaria en torno al 60% en lugar de empatar la inflación que se ubica por encima del 90%, lo que constituye un ajuste en sí mismo que agrava la tendencia a la recesión y al desempleo.

Además, también debemos incluir la subejecución presupuestaria. Al momento de emitirse el decreto, el gobierno llevaba ejecutado un 62% de las erogaciones, que ya de por sí se hundían frente a todas las proyecciones inflacionarias, incluso con respecto a las más optimistas al comenzar el año. Siguiendo con el ejemplo, en muchos proyectos de obra pública durante este año solo se ejecutará un 1% del presupuesto, por decisión del gobierno, dejando el 99% para el año que viene (La Nación, 13/9). Para ese momento, regirá un Presupuesto 2023 aún más ajustado, que es lo que Massa fue a reafirmar en Washington.

Los resultados de este programa digitado por el FMI, que en el día de ayer le dio su respaldo a Massa por ser el mejor ejecutor del ajuste, los venimos viendo en las últimas semanas con varios episodios que movieron el amperímetro de la situación política y social en el país. Es el caso de la lucha de discapacidad, donde el sofocamiento presupuestario (que ya venía en marcha desde mucho antes) fue denunciado por los prestadores que no cobran hace medio año y las personas con discapacidad y sus familias. Es el caso de la lucha de las juventudes piqueteras, que con su acampe en el Obelisco tumbaron el intento del gobierno de declarar incompatibles el cobro de la Beca Progresar para estudiar y el plan Potenciar Trabajo para no pasar hambre.

Mientras el gobierno le da un dólar soja a las empresas mas rentables de este país, carga el ajuste sobre los trabajadores. Necesitamos un paro nacional seguido de un plan de lucha para que los trabajadores intervengamos en las crisis con nuestras reivindicaciones y quebremos el ajuste del gobierno y el FMI.

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