Las medidas de compensación económica anunciadas por Alberto Fernández, junto a las nuevas restricciones a la circulación, no son más que un refrito de programas y políticas ya implementadas, que van por detrás de lo erogado durante el 2020 y que incluso son financiadas con el ajuste sobre trabajadores y jubilados.

Fernández habló de unos $480.000 millones destinados a combatir los efectos sociales y económicos de la pandemia. Lo cierto es que no se trata de un paquete de estímulos novedosos, sino de una cuenta arbitraria que suma la participación económica de distintas medidas inconexas. El gobierno liquidó cualquier expectativa de hacer frente a una segunda ola, anunciada, de contagios y a sus consecuencias, liquidando las partidas para tal fin del Presupuesto 2021, en sintonía con las aspiraciones del FMI y el capital financiero.

Según indica la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno destinó durante 2020 unos $917.793 millones en partidas asociadas al Covid-19: es decir, recursos específicos, por fuera de lo consagrado en el Presupuesto 2019 prorrogado. Pero para el 2021 la cifra descendió a $94.556 millones (poco más de un 10%), más tarde ampliados a $164.591 millones.

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Entre las medidas consideradas se encuentra la ampliación de la Tarjeta Alimentar, anunciada a principios de mes, hasta los niños de 14 años, alcanzando unas 400 mil familias más y dejando por fuera al menos 1 millón de hogares pobres. Algo similar a lo que ocurre con la Asignación Universal Por Hijo, cuya ampliación a 700.000 nuevos beneficiarios fue anunciada a fines de octubre del 2020.

Respecto a la beca Progresar, el gobierno actualizó los montos a escasos $3.600 para la mayoría de los casos, siendo una efímera excepción quienes alcanzan los $9.600 –carreras “estratégicas” de nivel avanzado. Vale considerar que hace unas semanas la juventud piquetera irrumpió en el Ministerio de Educación reclamando acceso universal a las becas y el aumento a $10.000

Estas medidas vienen a ser paliativos tardíos de una crisis que agrava las condiciones de vida y que se manifiesta en 3 millones de nuevos pobres, inflación creciente, desocupación, falta de conectividad y dispositivos, carencia de alimentos y un largo etcétera de deficiencias. Se trata de recursos que apenas alcanzan a seguir de lejos a la inflación y que en mayor medida son absorbidos nuevamente por las patronales, como pasa con la Tarjeta Alimentar que es anulada por los aumentos de los precios, además de que no garantiza un acceso igualitario para el conjunto de los niños.

No medidas

Sobre los trabajadores desocupados, independiente y cuentapropistas no hubo ningún anuncio. Nada que se asimile al insuficiente IFE, de efímera existencia. El gobierno contabiliza entre las políticas contra la pandemia el precario aumento del salario mínimo que impacta sobre los ingresos de los programas Potenciar Trabajo ($11.750). Ambos conceptos corren detrás de la inflación, desde muy atrás.

Lo mismo ocurre con la “devolución”, en cuotas, del Impuesto al Salario para aquellos trabajadores excluidos, eventualmente, por la suba del piso, que volverán a ser alcanzados cuando la inflación los empuje nuevamente a las garras del fisco.

Exenciones y beneficios patronales

El paquete también integra los pagos indiscriminados del Repro II, aumentando los montos de $18.000 a $22.000 por trabajador, junto a exenciones y reducciones en las contribuciones patronales que repercuten en un mayor desfinanciamiento de la Anses. Se calcula que las empresas recibirán fondos por $52.000 millones.

El gobierno continúa el pago del Salario Complementario (ATP), pero solo para el caso de la salud y particularmente de las clínicas privadas. Ahora aumentarán de 18 a $22 mil las partidas por trabajador, mientras se cuentan de a decenas las clínicas privadas que han cerrado durante la pandemia y donde el gobierno no interviene para rescatar… a los trabajadores.

También se destinarán fondos a empresas de turismo, en unos $4.700 millones.

La salud vaciada

En cuanto al sector sanitario, el gobierno vuelve sobre el miserable bono de tres meses de $6.500, cuando la paritaria del sector recién cerró el segundo aumento del 2020 en abril del 2021, para solo “empatarle”, tardíamente, a la inflación de diciembre pasado, quedando cinco meses atrás de los precios.

El bono del gobierno implica un gasto de $36.000 millones, el mismo monto que destinará a las empresas del sector en reducciones a las contribuciones patronales, impuestos y créditos blandos.

También se mencionan unos $72.000 millones en compras de vacunas sin que exista una rendición de cuentas de lo sucedido con las vacunas que se han adquirido y pagado pero que no han llegado al país.

Lo que no está especificado es cuáles serían las medidas de emergencia para reforzar el sistema sanitario y qué recursos específicos serían destinados a la adquisición de equipos, respirados e insumos para evitar el colapso de las instalaciones médicas. Con una contagiosidad en niveles alarmantes, esta debería ser una de las prioridades del gobierno. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se ha asistido al cierre de más de diez clínicas de salud, sin ninguna intervención estatal.

¿Quién financia la crisis?

Para cerrar su relato, Alberto Fernández señaló que este paquete de refritos y beneficios patronales sería financiado con el dinero ingresado por el aporte solidario. El monto actual de lo recaudado asciende a $223.000 millones, de lo cual casi la mitad volvería en beneficios directos a los capitalistas.

El gobierno financia sus medidas insuficientes con la caja de la Anses, valiéndose también del recorte contra las jubilaciones. Todas las exenciones y reducciones de las contribuciones patronales también suman su granito de arena en el desfinanciamiento de la caja previsional de los trabajadores, lo que más tarde “justifica” nuevos ajustes y ataques contra los sectores más vulnerables.

 

Se trata de una política que descarga sobre los trabajadores, ya golpeados por la crisis y el ajuste, el financiamiento de los recursos destinados a rescatar al capital privado, y no a la inversa.

Cuando la situación más lo requiere, se extiende la pobreza y el hambre, crece la desocupación, colapsa el sistema sanitario y el país rompe récords internacionales en materia de contagios y muertes, el gobierno presenta un dibujo de “recursos” que incluso se encuentran muy por debajo de lo gastado durante el 2020, lo cual en gran medida fue financiado con emisión monetaria y facturado más tarde a los trabajadores vía inflación.

Necesitamos un verdadero paquete de medidas, asegurando un ingreso al desocupado y todo trabajador afectado de $40.000, salarios igual a la canasta familiar, centralización del sistema de salud, prohibición de despidos y suspensiones, apertura de los libros de las empresas, intervención de la producción de vacunas y la continuada solo de la actividad estrictamente esencial para superar esta pandemia. Junto con un impuesto real a las grandes fortunas como el formulado por el Frente de izquierda.

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