22/04/2021 | 1620
Editorial

Pandemia y ajuste, una combinación mortal

Las declaraciones del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirman los peores pronósticos hechos sobre la evolución de la pandemia. El funcionario del gobierno de Axel Kicillof aseguró que “vamos a tener por lo menos 50 mil casos en el país. Pero ese es el escenario más optimista. La menos optimista es de 50 mil casos diarios en la provincia” (Ambito, 20/4).

Kreplak le puso números a lo que vienen diciendo (además de los profesionales de la salud) los funcionarios de todos los colores políticos (los que nos gobiernan desde hace décadas).

El fracaso anunciado

Lo que debiera llamar la atención de los pronósticos es que estos se sostienen y se agravan a pesar de las medidas anunciadas el pasado 14 por Alberto Fernández -o sea, dan por ineficaz lo dispuesto por el Presidente.

Los anuncios revelaron un alto grado de improvisación y contradicciones con lo que los funcionarios del mismo gobierno sostenían apenas unas horas antes, sobre todo los ministros de Educación y Salud.

No solo eso, también quedó claro que el acompañamiento a las medidas es harto limitado ya que no fueron sostenidas por los gobernadores del PJ, a los cuales el gobierno nacional dejó la decisión de adherir o no a pesar de que la casi totalidad de las provincias está en zona roja, o como mínimo amarilla -o sea, que el semáforo advierte peligro. Fernández quiso evitar una rebelión de los propios. Así, el DNU se limitó al Amba con el acompañamiento del gobernador bonaerense Axel Kicillof y la oposición del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Disponer una prohibición de circulación de 20 a 6 no resuelve que el grueso de la circulación se produce precisamente de 6 a 20, cuando millones de trabajadores circulan para ir a sus lugares de trabajo. El transporte se realiza en condiciones de hacinamiento y los controles que pretenden impedir que viajen aquellos que no son esenciales no resuelve sino que agrava la situación de quienes deben seguir circulando como única condición para poder sostenerse y sostener a su familia.

Para que la necesaria limitación de la circulación surta efecto habría que partir de asegurar los ingresos de todas las familias para que puedan sustentarse mientras duren las restricciones. Pero el gobierno no dispuso fondos para atender esa situación, nada de ello estaba previsto a pesar de la inminencia de la segunda ola. Para el improvisado bono de 15.000 pesos a monotributistas A y B, y a beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo) y AUE (Asignación Universal por Embarazo) en el Amba se proponen 21 veces menos en términos absolutos (no contemplando la pérdida del valor adquisitivo por la inflación) que lo que se destinó el año pasado para el escaso e insuficiente IFE (Ingreso Federal de Emergencia).

La circulación está fortalecida por el agravamiento de la situación social como resultado del aumento constante de los precios, sobre todo en los alimentos. Vía la inflación se procesa un ajuste enorme sobre los ingresos de la población trabajadora, toda vez que con la complicidad de la burocracia sindical se pretende que no haya una recomposición salarial acorde con la inflación. Se firman acuerdos salariales tomando como cierto el 30% que se pronosticó en el Presupuesto, cuando mes a mes se corrobora que la inflación estará más cerca del 60% al cerrar el año, ya el primer trimestre cerró arriba del 13%. Por otro lado, el Salario Mínimo y Vital se mantiene por debajo de la línea de indigencia.

El agravamiento de las condiciones de vida actúa en favor de la propagación de la pandemia.

Tampoco el gobierno dispone en el DNU de ninguna medida que obligue a las patronales “esenciales” a establecer protocolos de bioseguridad. Esto implicaría empoderar a los trabajadores para que actúen como control de los mismos y avanzar, si hiciera falta, en la suspensión de la actividad productiva, lo cual no está dispuesto a establecer.

¿Presencialidad vs. virtualidad?

La pelea entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires en relación con la suspensión por 15 días de las clases presenciales esconde las coincidencias en el resto del manejo de la pandemia.

La derecha vio en las idas y vueltas de AF y la coalición gobernante la posibilidad de aparecer con iniciativa e incluso abroquelarse en el marco de sus propias divisiones y crisis. Es así que los defensores a ultranza de la virtualidad hace un año ahora son partidarios de la presencialidad como un principio irrenunciable.

En este terreno no hay diferencias de principios, solo maniobras. AF actuó ante la evidencia de que si no se ponía un parate a la presencialidad iba a ser la docencia quien lo hiciese, como ya estaba sucediendo en distritos del Gran Buenos Aires y en la propia Ciudad. Los paros impulsados por Ademys (al que se sumaron UTE y otros gremios) en Capital y los Suteba multicolores son la respuesta al crecimiento de los contagios en las escuelas, que puso en crisis la programada vuelta a la presencialidad. Larreta aprovechó la oportunidad, montado sobre el cansancio de padres y madres, de postularse como un sostenedor del reclamo de las patronales de “normalizar” la vida de los trabajadores y liberarlos para estar disponibles para ocupar sus lugares de trabajo.

La judicialización del tema educativo es la expresión de una crisis política y de la precariedad de los liderazgos armados, pero no entraña divergencias de principios en torno del manejo de la pandemia y menos de la educación. Ambos gobiernos aplicaron recortes a los respectivos presupuestos educativos en términos relativos y absolutos (Larreta eliminó el plan Sarmiento). Ninguno garantizó las condiciones de la virtualidad. El reclamo de conectividad, compus y becas, por un lado, el de mejoras salariales para los docentes y mayor presupuesto, por el otro, son un verdadero programa de defensa de la educación. En la medida que las garantías para una presencialidad segura no existen y las condiciones para una virtualidad exitosa tampoco, cobra relevancia la lucha de docentes y estudiantes en defensa de la educación, que apoyamos e impulsamos.

 

El colapso del sistema de salud, vacunas y el FMI

Mientras se agitan aguas en torno del carácter de las clases en las escuelas, el sistema de salud llegó a su punto de colapso.

Horas tras horas se agranda la lista de aquellos hospitales públicos y privados que no tienen camas disponibles en terapia intensiva. Más aún, que no reciben pacientes Covid que debieran estar hospitalizados, como denuncian trabajadores del plan Detectar en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno de Kicillof decidió ordenar que las clínicas públicas y privadas de la provincia suspendan todas las cirugías que no revistan urgencia; a pesar que la medida se tomó porque se camufla información, hasta el momento no se fijó ningún mecanismo para garantizar que la información que otorgue el sector privado sea certera, lo cual da un indicio de lo limitado de la medida.

En el caso de la Ciudad, Larreta decidió ceder la sala 20 del Hospital Muñiz para pacientes con Covid de Osde y Swiss Medical, haciendo una escandalosa discriminación a los pacientes que no encuentran camas en el sistema público y a los de las otras prepagas y obras sociales.

A pesar de ellos, ambos gobiernos se han visto forzados a intervenir y procurar ordenar el sistema de salud, cuyo funcionamiento es cada vez más caótico y hace aguas, tanto en la órbita estatal como privada. Pero lo que se requiere es una real centralización del sistema que permita optimizar los recursos de acuerdo con las necesidades que impone la pandemia, que está fuera del radar del gobierno nacional como el de la Ciudad. La condición para que funcione es que se haga bajo el control de los trabajadores de la salud, no de los dueños de las privadas o de sus agentes.

Larreta, Kicillof y Fernández corren atrás, muy atrás, de la situación. ¿Es concebible que en el medio de este colapso se cierren clínicas dejando a miles de pacientes, y sobre todo del Pami, sin atención? Esta situación, que se repite en todo el país, ya produjo el cierre de diez clínicas privadas en el conurbano, allí está la esforzada lucha de los trabajadores de la Clínica San Andrés para exigir su reapertura. Kicillof le da respiradores a la medicina privada pero deja que se cierren otras, cuando lo que se impone es la reapertura y la puesta en funcionamiento a cargo del Estado de los centros de salud cerrados.

El desfinanciamiento del sistema de salud tiene su epicentro en los bajos salarios, que llevan a los trabajadores a extensas jornadas de trabajo en diversos lugares, provocando estrés y la falta de personal, que sucumbe frente a los ritmos infernales y las bajas remuneraciones. Improvisadamente, Alberto Fernández anunció un “relajado” bono de 6.500 pesos durante tres meses para los trabajadores de la salud, menor en términos reales a los 5.000 del año pasado, aunque la situación es más grave.

En plena pandemia, los fondos no van para salud. Mientras la segunda ola arrecia, el ministro de Economía, Martín Guzmán, andaba de tour por Europa buscando renegociar los pagos a los usureros del Club de París y al FMI. Guzmán se vino con las manos vacías, pero hasta ahora no dejó de pagar los intereses al FMI que fueron venciendo y el año pasado pagó 700.000 millones de pesos a los bancos de intereses por Leliq y Pases, un premio a la especulación (este año ya lleva cerca de 300 mil). El sostenimiento de la usura, los enjuagues con el capital financiero, provocan una sangría que cuesta vidas.

El desconocimiento de la deuda, la ruptura con el FMI y la nacionalización de la banca para impedir la fuga de capitales y hacer uso del ahorro interno son medidas necesarias para enfrentar la pandemia con el menor costo.

Con el mismo respeto a los intereses capitalistas, Fernández tolera el incumplimiento de los contratos por parte de AstraZeneca, a pesar que ya pagó el 60% de las dosis comprometidas y aunque el principio activo se fabrica en los laboratorios de Sigman en su planta del Gran Buenos Aires. Solo 6 millones y medio de habitantes recibieron una dosis de alguna de las vacunas, y solo el 2% recibió las dos dosis.

La necesidad de la vacunación cobra más fuerza ante tantas carencias. A la exigencia mundial de que se liberen las patentes agregamos el reclamo de la incautación de las vacunas producidas en el país para ser completado su procesamiento y distribuirlas en Argentina y los países de la región a los cuales está destinada originalmente la producción de la planta. La exigencia de vacunas para todes tiene una vía de salida rompiendo con la sumisión a los laboratorios y la incautación de la producción de mAbxience de Sigman.

La intervención de los trabajadores

Mientras oficialistas y opositores se pelean en los medios o en los tribunales, los trabajadores intervienen. Es lo que están haciendo de forma heroica los trabajadores de la salud de Neuquén desde hace más de 50 días, reclamando por sus salarios y condiciones de trabajo, una lucha que también se reproduce en distintos lugares del país.

Es la acción de los docentes parando en defensa de la educación y la salud. La de los estudiantes y jóvenes movilizándose en reclamo de las condiciones para sostener una educación en el marco de la virtualidad.

Es la lucha de las organizaciones piqueteras reclamando un seguro al desocupado de 40.000 pesos, alimento para los comedores, organizando barrio tras barrio a lo largo y ancho del país.

Esas mismas organizaciones marcharán junto a los gremios nucleados en el Plenario del Sindicalismo Combativo el próximo 27 reclamando un salario mínimo vital y móvil de 60 mil pesos.

Es la lucha del Sutna, de los trabajadores del Subte, del Inti y otros por imponer los protocolos obreros frente a la desidia patronal.

En apoyo a toda esta acción, el próximo 1° de Mayo el FIT tiene que postularse ofreciendo una salida de los trabajadores.

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Escribe Gabriel Solano
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