El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, dijo este domingo que “no cree” en la obligatoriedad de la educación, utilizando como argumento que “muchas veces puede pasar que no te podes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller junto al padre trabajando”. Este planteo político patronal, cuya puesta en práctica implicaría entre otras cosas un retroceso con respecto a la Ley 1.420 de 1884, recibió críticas por parte de distintos sectores de la oposición capitalista y también de la CGT; incluso se han desmarcado de Lynch algunos funcionarios relevantes del gobierno, como el vocero Adorni o la ministra Pettovello. Las imposturas emergieron por todos los poros de la famosa grieta.

Detrás del planteo de eliminar la obligatoriedad subyace la tentativa de ir hacia el desmantelamiento completo de la educación pública y de hacer primar los intereses de las patronales de la educación privada, entre ellas la Iglesia. Esto, naturalmente, intensificaría las desigualdades sociales existentes. La propuesta de Lynch es reaccionaria porque, si se implementara, Argentina retrocedería más de un siglo en materia educativa y social. Es que la obligatoriedad, la gratuidad, la existencia de escuelas públicas y la laicidad (aunque la ley solo estipuló que la enseñanza religiosa se desarrollase por fuera del horario escolar), que vinieron de la mano de la 1.420 impulsada por el gobierno de Roca, contribuyeron por ejemplo a que los hijos de las familias trabajadoras puedan tener acceso a la educación y a reducir considerablemente los índices de analfabetismo en el país.

Lynch promueve extender la explotación del trabajo infantil, el cual está prohibido. La utilización de niños como mano de obra cuasi esclava es una práctica muy extendida en el mundo contemporáneo (sobre todo en África y Asia), incluso es desenvuelta en Argentina. Es una rémora barbárica de los tiempos de la Edad Media y de la era de la revolución industrial que no fue erradicada por el capital sino que es utilizada por este para tensar los salarios de la clase obrera hacia abajo. Lo de Lynch, asimismo, es una variante extrema de la contrarreforma laboral que impulsa el gobierno de Milei.

El hecho de que personajes como Adorni y Pettovello hayan salido a desmarcarse de Lynch no puede ocultar que su gobierno está desarrollando una ofensiva brutal contra la educación pública. Los libertarios han eliminado el Fonid (parte del salario docente) y están recortando el presupuesto educativo al mismo tiempo que benefician a los empresarios que lucran con la educación privada con el otorgamiento de los famosos vouchers. Por esto es que los docentes fueron al paro la semana pasada. La ministra que dijo que “la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por los adultos” es la misma que le roba los alimentos a los comedores populares, condenando al hambre a miles y miles de niños. Y los niños, así como también los adultos, necesitan comer antes de sentarse a estudiar.

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Lynch impulsa estos planteos valiéndose del derrumbe en el que se encuentra la educación pública, el cual es una consecuencia de la política educativa y ajustadora que los gobiernos de las últimas décadas han venido impulsando. Daniel Filmus, exministro de Educación del gobierno de Néstor Kirchner, fue uno de los “opositores” que reaccionó contra los dichos del diputado libertario. Pero el kirchnerismo mantuvo las reformas educativas privatistas implementadas por Menem, la provincialización de la educación y solo cumplió en 2013 con la Ley de Financiamiento Educativo que estipula que el presupuesto destinado a Educación debe representar un 6% del PBI. Además, sin ir más lejos, el gobierno de Fernández-Massa-CFK le asestó un golpazo a la educación pública (recortes presupuestarios, rebaja del salario docente, etc), que muchos docentes se encargaron de poner de manifiesto y de combatir mediante movilizaciones y paros, pasando por encima de las conducciones burocráticas de la CGT y CTA (cuyas direcciones están en manos del peronismo), que se opusieron a la lucha docente contra el gobierno anterior y ahora rechazan organizar un plan de lucha nacional para terminar con la motosierra antieducativa de Milei.

Incluso Pablo Avelluto, secretario de Cultura bajo el gobierno de Mauricio Macri, criticó a Lynch diciendo que “en el futuro vamos a recortar esta época con vergüenza por no haber hecho más para impedir que sucediera”. Avelluto es un lobista de los negocios privados de la educación y ha formado parte de un gobierno que redujo el presupuesto educativo un 35%. El radical Martín Lousteau también se ha quejado. Pero el PRO y la UCR cogobiernan con Milei. La indignación de peronistas, radicales y macristas es demagogia pura, todos ellos son responsables de la situación crítica en la que se halla la educación. Las consecuencias de gobernar para la burguesía y los acreedores internacionales están a la vista.

Por otro lado, el hecho de que los “opositores” hayan puesto el grito en el cielo por la promoción de la explotación infantil hecha por Lynch no puede ocultar que las fuerzas políticas que integran defienden hasta el hartazgo el impulso de pasantías truchas con las que distintas empresas utilizan estudiantes como mano de obra precarizada o gratuita. Es una política de superexplotación y embrutecimiento de la juventud promovida por la clase capitalista en decadencia para la cual tributan.

Los trabajadores y la juventud tienen el desafío de movilizar masivamente en defensa de la educación pública. Este 10 y 11 de abril, los docentes universitarios irán al paro y el 25 habrá una marcha federal educativa. Impulsemos con todo estas iniciativas con la mira puesta en derrotar la política antiobrera, antieducativa y reaccionaria del gobierno de Milei.

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