El gobierno nacional se anotó como una victoria política el hecho de que el índice de precios del mes de noviembre se haya ubicado en un 4,9% frente al 6,3% de octubre. Y ha comenzado a divulgar, a través de sus voceros y sus medios de comunicación, que la inflación en Argentina habría ingresado en una senda descendente. Con esto, el gobierno pretende ocultar que es él mismo el principal impulsor de la inflación.

La suba de precios llegó, en los primeros once meses del año, a un 85,3%, y en relación a noviembre de 2021 acumuló un 94,4%. La inflación continúa en niveles que solo se pueden comparar con los que había hace tres décadas, algo que da cuenta del fracaso en todos los planos de la orientación política oficialista.

A su vez, hubo rubros en los que los aumentos estuvieron por encima del 4,9% mensual, como vivienda, agua, electricidad, gas, y combustibles (+8,7%) o comunicación (+6,4%), lo que tiene que ver con los tarifazos y aumentos autorizados por el gobierno. Los precios regulados por el Estado, de conjunto, subieron un 6,2%.

Esto último va a continuar, porque en diciembre comenzarán a regir nuevos aumentos en los precios regulados, como los de colectivos y trenes (40%), electricidad (14% aproximadamente), colegios privados (14,5%), gas (13% aproximadamente), telefonía (9,8%), prepagas (6,9) y combustibles (4%). Todo esto va a tensar hacia arriba el índice de precios.

La propaganda oficial no dice nada sobre los aumentos que hubo, a pesar de la desaceleración registrada en el rubro alimentos, en algunos productos de primera necesidad. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con las galletitas dulces, cuyo aumento alcanzó un 17,5%; con la sal, que subió un 9,8%; o con el yogur, que tuvo un incremento del 6,3%.

La desaceleración en cuestión, asimismo, estuvo apalancada por el relativo planchazo en el que ingresaron los precios de la carne, como producto de la sequía, y por las variaciones estacionales de los precios de la mayoría de las frutas y las verduras.

La inflación le sirve al gobierno para licuar el gasto público, los salarios y las jubilaciones. La idea de que la inflación continuaría un rumbo bajista entra en colisión con las contradicciones de la economía nacional (e internacional) y con la propia política económica del gobierno, cuyo objetivo es cumplir con las exigencias del FMI.

Las devaluaciones mensuales, la aplicación de tarifazos permanentes y la suba de las tasas de interés son parte del programa fondomonetarista. A esto se suman otros factores inflacionarios, como la fuga de divisas, que recalienta la presión sobre el tipo de cambio; la emisión monetaria para pagar vencimientos de deuda y subsidiar a las patronales; y la huelga de inversiones reinante.

No hay acuerdo de precios que pueda ir contra esta realidad. Estos, que han sido tejidos por el gobierno con ciertos sectores de la burguesía, son más bien parte de un mecanismo para ocultar el plan de ajuste más general que se está llevando adelante contra los trabajadores, que se encuentran sufriendo el aumento de la pobreza y la indigencia, de la precarización laboral, y la destrucción del salario.

A modo de ejemplo, “entre enero de 2018 y septiembre de 2022, los trabajadores privados formales perdieron el equivalente a 7,7 sueldos; los públicos, 9,6 salarios y los informales, 12,5 sueldos. Estos últimos perdieron un año completo” (La Nación, 15/12), según Iaraf.

Teniendo en cuenta algunos de estos aspectos, los especialistas privados prevén un alza de precios anual del 99,7%, y un porcentaje similar para 2023.

El reclamo de indexación de los salarios a la inflación y contra el ajuste está más vigente que nunca.

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