Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, desde el inicio del programa Potenciar Trabajo en 2020 solo el 3% de los beneficiarios pudo acceder a un empleo formal. Se trata de otra demostración más de que el gobierno da de baja planes sociales para cumplir con el ajuste que reclama el FMI, mientras escasean las posibilidades de inserción en el mercado laboral, porque las patronales no invierten en crear empleo genuino.

De acuerdo a un estudio realizado por TN, en base a datos y fuentes oficiales, unas 28.259 personas (un 3% del total de inscriptos) pudieron migrar del plan social hacia un empleo registrado desde que se implementara el programa. A su vez, en noviembre de 2022, de los 1.265.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, tan solo 81.164 poseían trabajo formal. Es decir, 60 de cada 1.000. Lo que no se especifica, sin embargo, es qué características tiene ese trabajo formal (salarios, convenios, etc).

El resto de los que cobran el programa y no accedieron a un trabajo formal vive una realidad peor. Sus beneficiarios cobran $42.000, el equivalente a la mitad del miserable salario mínimo vital y móvil, y realizan una contraprestación laboral. Los trabajos que desenvuelven van desde organizar comedores populares en los barrios, pasando por realizar distintas labores en municipios, hasta laborar en el sector de la construcción.

Tanto los gobiernos comunales como las patronales se benefician de esta mano de obra barata, la cual utilizan para tensar hacia el monto de los salarios tomados de conjunto. Lo único que crece es el trabajo precario. De acuerdo a un informe del Indec, elaborado sobre la base de un análisis del cuarto trimestre de 2022, la variación interanual de los puestos de trabajo no registrados fue de un 12,9% (los registrados, por su parte, crecieron un 3,3%).

Mientras esto ocurre, el gobierno nacional recorta planes sociales, empujando a la inanición a familias trabajadoras enteras. Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, fueron suspendidos casi 105.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo (TN, 7/5). Este ajuste es lo que motivó que la Unidad Piquetera organizara protestas y jornadas de lucha.

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Las estadísticas dan cuenta de que las patronales que operan en el país, el gobierno del Frente de Todos y los gobernadores provinciales son responsables de la falta de trabajo genuino. Lo que prima es una huelga capitalista de inversiones y un ajuste al servicio del FMI.

Todo esto desmiente que el problema de la generación de empleo sea un supuesto elevado costo laboral, como dicen los capitalistas. El problema reside en el costo empresario, o sea, en la especulación, los superbeneficios y la anarquía capitalista.

El crecimiento del trabajo precario, además, muestra que los empresarios están aplicando una reforma laboral reaccionaria en los hechos. La clase capitalista pretende generalizar y legalizar estas formas de trabajo. Juntos por el Cambio y los “libertarios” de Milei dicen abiertamente que hay que avanzar en ese sentido. Por su lado, el gobierno de los Fernández y Massa ya viene aplicando reformas antiobreras, con la colaboración de la burocracia sindical, como ocurrió en Toyota.

Debemos organizarnos contra la ofensiva de los capitalistas y sus políticos. El camino lo marcan los trabajadores del Sutna, que están enfrentando despidos y el despotismo patronal.

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