En el comienzo del debate del presupuesto 2017 en la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay confirmó la continuidad del impuesto al salario que afecta a más de un millón de trabajadores.

Según el ministro, sólo comenzarán a modificarse “gradualmente” las escalas del Impuesto a las Ganancias. Al mismo tiempo, el mínimo no imponible apenas subiría entre un 15 y un 17 por ciento, es decir en la misma línea de la inflación presupuestada por Hacienda. Como reconoce el oficialista La Nación (14/9), “serán pocos o muy pocos los trabajadores que dejen de pagar”.

Sólo habría, según trascendidos periodísticos, una rebaja en las alícuotas más bajas del 9 al 4% (en tanto que las alícuotas más altas podrían subir del 35 al 40%).

El macrismo no es el único responsable de la persistencia de esta confiscación (que el kirchnerismo sostuvo a lo largo de su gobierno). Se encuentran involucrados también los gobernadores, que se encuentran en negociaciones con el gobierno por este punto y argumentan que la eliminación o rebajas en el impuesto al salario afectarían la recaudación de sus distritos, dado que se trata de un tributo coparticipable.

En contraste con este robo del ingreso de los trabajadores, el presupuesto contempla el pago religioso de la deuda externa y la clase capitalista se ve beneficiada con todo tipo de exenciones impositivas, como el fin de las retenciones a las exportaciones de maíz y trigo y la rebaja significativa en las de la soja que favorecieron a los pulpos agrarios.

Néstor Pitrola, diputado nacional del PO-Frente de Izquierda, que integra la comisión de presupuesto, expresó que “el movimiento obrero debe ser informado de la verdad de este presupuesto de ajuste para fijar una línea de lucha por sus reivindicaciones” y se pronunció por “la abolición de Ganancias en los salarios, una de las reivindicaciones del movimiento obrero junto a reapertura de paritarias y el fin de los despidos.”

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