Este jueves 19 de diciembre estaba convocada una sesión simultánea de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, con la tentativa oficialista de avanzar en la aprobación del Presupuesto y la Ley Fiscal-Impositiva para el 2025. Las negociaciones “a contrarreloj” entre Unión x la Patria y los bloques de la oposición patronal, e incluso según versiones al interior del bloque oficialista, finalmente fracasaron, y ambos temas pasaron a una eventual sesión a realizarse el 27 de diciembre. De todas formas, la Cámara de Diputados sesionó pasada la medianoche, con la ausencia de distintos bloques como La Libertad Avanza, el PRO y un sector del radicalismo, para tratar un par de puntos del orden del día.

Como punto destacado, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de jubilaciones para los trabajadores del Banco de la Provincia. La norma sancionada deroga la nefasta ley 15.008 de Vidal, aquella reforma anti-jubilatoria votada en una escandalosa sesión en diciembre de 2017, con una brutal represión a la movilización de trabajadores bancarios y de otros sectores fuera del recinto, y con 4 diputados del peronismo que garantizaron el quórum para que la sesión se sustanciara. Uno de esos diputados fue Federico Otermín, hombre del PJ de Lomas y de Martín Insaurralde, elegido más tarde por el gobierno peronista como presidente de la Cámara de Diputados entre 2019 y 2023.

Fueron largos años de “promesas” del gobierno de Kicillof acerca de una restitución, incluyendo un proyecto similar presentado en 2022 que perdió estado parlamentario sin tratamiento. De todas maneras, como llegaron a señalar diversos funcionarios en el debate de estos años, la urgencia del gobierno provincial no pasaba por los derechos perdidos por los trabajadores del Bapro, sino por la catarata de juicios individuales (hasta el año pasado se dictaron más de 5.000 cautelares dando la razón a los trabajadores) que se sucedieron desde la sanción de la 15.008, que llevaron incluso a la Corte Suprema de la provincia a “exhortar al Poder Legislativo” a arribar a una solución. 

El gobierno provincial encaró el debate de una nueva legislación entre la presión de los trabajadores que habían perdido sus derechos jubilatorios y la necesidad de hacer frente a un costo altísimo que presentaba el “problema jurídico” de la inconstitucionalidad de la Ley 15.008. No sorprende, entonces, que nos encontremos con una norma pactada con la burocracia sindical de La Bancaria, que efectivamente se trata de una restitución en algunos puntos, pero que en otros sea una confiscación respecto del régimen anterior al gobierno de Vidal. Finalmente el proyecto reunió los votos de casi todos los presentes, y solo el diputado Ricardo Lissalde, hombre de Sergio Massa y del bloque de Unión x la Patria, manifestó su voto en contra, echando mano a argumentos similares a los del gobierno de Vidal para impulsar la 15.008 y de los de la oposición patronal en los últimos años para oponerse a su derogación.

Una “restitución” con trampas

Como señalaron algunas organizaciones de jubilados del Banco Provincia, la restitución es tramposa en varios aspectos. El Ejecutivo provincial hace énfasis en que la nueva ley deroga la 15.008, pero ese es solo el primer aspecto, ya que luego se establecen nuevas condiciones que modifican sensiblemente el régimen anterior.

Para una restitución del conjunto de los derechos jubilatorios para trabajadores del Bapro, alcanzaba con acompañar el proyecto presentado por Guillermo Kane, del PO-FITU, que planteaba la derogación de la Ley 15.008 y la puesta en vigencia de la legislación anterior, con solo tres modificaciones importantes: que fueran contemplados los trabajadores contratados del grupo Bapro, que el directorio esté íntegramente en manos de los trabajadores afiliados y que, frente a un posible déficit, el Estado garantice los fondos a través del Tesoro.

El proyecto del oficialismo, sin embargo, restituye a medias los derechos y deja afuera estos planteos. No se integran a los trabajadores contratados del grupo Bapro (Provincia Medios de Pago S.A., Provincia Microempresas S.A., Provincia Leasing S.A., Provincia Net, Provincia Microcréditos, Provincia Seguros), que significarían una ampliación de la base de aportes para el financiamiento de la caja frente a los déficits actuales. Vuelve a establecer un directorio excluyente con los trabajadores y jubilados, que solo tendrán dos representantes de 5, mientras la presidencia es designada por el Ejecutivo y la mayoría automática está en manos de representantes del Ejecutivo y del directorio. 

Dentro de las restituciones se encuentra el 82% para el cálculo del haber, contra el 70% establecido por la ley Vidal, que además anexaba la actualización al índice de ANSES en lugar de ligarla a los salarios de los activos. El cálculo sobre el que se tomará el 82% es sobre el “promedio actualizado” (aunque no se especifica claramente el método de actualización) de las últimas 120 remuneraciones, cuando antes era sobre el mejor salario percibido por al menos 5 años. 

De todas maneras, si bien se aumenta el cálculo del haber, se aumentan las cargas de los trabajadores activos y pasivos a la caja. El trabajador jubilado o pensionado pasa a aportar el 12% de su haber, cuando hasta ahora el aporte era del 10%. Desde ya está situación de “aporte del pasivo” ha sido denunciada en múltiples oportunidades por los trabajadores, ya que redunda en una reducción concreta del haber previsional. Esto intenta ser matizado por el proyecto oficial con una cláusula que fija que el directorio puede reducirla al 2% si la caja fuera superavitaria. Los activos aumentan su carga de aporte del 14% al 16% y, para los nuevos ingresantes al Banco, desde la vigencia de la ley la carga será del 19% además de su primer sueldo. Por su parte, el aporte patronal del Banco se fija en un 21%, cuando antes era del 16%.

Otro de los puntos polémicos tiene que ver con la edad jubilatoria. Con la 15.008 la edad jubilatoria se fijó en 65 años, cuando antes estaba fijada en 60 años para todos los trabajadores. En la ley sancionada ahora por la Legislatura se establece un mínimo de 60 años solo para mujeres y se sostienen los 65 años para los hombres. En su artículo 27 se establece la posibilidad de seguir trabajando hasta los 70 años “a opción del trabajador y conformidad del banco”. Pero si las jubilaciones no alcanzan para vivir, esa “libre elección” no existe y será un aumento de la edad jubilatoria en los hechos.

Por una restitución completa, deben intervenir los trabajadores

El proyecto sancionado, como dijimos, restituye solo en parte los derechos jubilatorios de los trabajadores del Banco de la Provincia. Esa fue, desde un comienzo, la estrategia de la dirección de La Bancaria, que en lugar de salir a pelear por el régimen jubilatorio organizando a los trabajadores centró todos sus esfuerzos en llegar a acuerdos con el gobernador Kicillof.

A tal punto llegaron estos acuerdos que una diputada del oficialismo, Susana González, se encargó de remarcar varias veces frente a “defectos” que ella encontraba en el proyecto y que eran negativos para los trabajadores, que lo acompañaba porque es “el proyecto de los trabajadores”, refiriendo al sindicato. Mientras tanto, La Bancaria una y otra vez señaló en asambleas, videos y comunicados que este era “el proyecto posible” ¿En qué quedamos?.

La bancada del Frente de Izquierda correctamente apoyó de forma crítica el proyecto y acompañó con el voto favorable. Es importante que los trabajadores del Bapro saquen las conclusiones de este proceso. Apoyados en este paso adelante de la derogación de la 15.008 y restitución de ciertos derechos, es necesario reorganizar la lucha por una restitución definitiva de todos los derechos previsionales arrebatados por la ley Vidal, por incluir a los miles de contratados en el régimen jubilatorio y por un control de los trabajadores activos y pasivos de la caja. La organización y la lucha es más necesaria que nunca, más aún en momentos que los gobiernos y las patronales plantean nuevos ataques a las jubilaciones y a las conquistas laborales.

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