Políticas
2/12/2024
BUENOS AIRES
El presupuesto de Kicillof es una variante de la motosierra y el endeudamiento para la provincia
El gobernador presenta como un “escudo” sus proyectos de presupuesto y de ley fiscal-impositiva para el 2025, pero son más ajuste y endeudamiento.
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Kicillof.
El 11 de noviembre pasado, Kicillof envió a la Legislatura provincial los proyectos de ley de presupuesto y de ley fiscal-impositiva para el 2025. Unos días después, ambos proyectos tomaron estado parlamentario en la sesión que trató la Ley Audiovisual bonaerense.
La presentación del gobierno habla de una provincia atravesada muy fuertemente por la crisis nacional. Allí se admite, aunque siempre responsabilizando a Milei por ello, que en el territorio bonaerense cayó la actividad industrial por encima del promedio, que la provincia es el principal lugar de concentración de los cientos de miles de trabajos formales e informales que se perdieron desde noviembre, y que los índices de pobreza e indigencia se dispararon por encima del promedio (58% de pobreza en la provincia contra 52% a nivel nacional en el mismo período, y 21,7% de indigencia contra 18,1%).
Frente a ese cuadro de “escenario social muy preocupante”, el gobierno presenta que su presupuesto y su ley impositiva como un “escudo capaz de amortiguar el golpe” por el “retiro del Estado nacional”. Sin embargo, del estudio del proyecto se deduce que el oficialismo profundiza una política de ajuste contra los salarios, la educación y la salud, refuerza un esquema de endeudamiento e hipoteca de la provincia a niveles pocas veces vistos, y sostiene un esquema impositivo fuertemente regresivo.
En la presentación inicial de ambos proyectos, el ministro de Economía Pablo López hizo mucho hincapié en un “retiro del Estado nacional”, fundamentalmente en términos de impuestos coparticipables y de transferencias directas, señalando que la provincia recibió $2,9 billones de pesos menos de lo que debería durante 2024. Sin embargo, ninguno de los proyectos establece una política para combatir este desfinanciamiento, sino que adaptan a la provincia a la política de ajuste y endeudamiento del propio gobierno nacional. A duras penas, el Ejecutivo impulsa un “fondo de recupero de deudas del estado nacional”, que se limitaría a recaudar y ejecutar fondos que la provincia pueda recuperar con acciones administrativas y judiciales de dudoso resultado.
Un nuevo dibujo antipopular y de endeudamiento
Es sabido que los presupuestos que presentan los distintos gobiernos en los Estados nacionales, provinciales y municipales tienen mucho de dibujo, aunque lógicamente dejan entrever la orientación social y las definiciones de dichos gobiernos. El proyecto de Presupuesto 2025 de la provincia es un dibujo aún mayor que en otras ocasiones, más aún si tenemos en cuenta que Kicillof gobernó 2024 con la prórroga del Presupuesto 2023, y que el ministerio de Economía ha publicado muy pocos datos de la ejecución presupuestaria de este año, lo que dificulta un estudio comparativo en regla.
El mensaje (fundamentación) del presupuesto anuncia un crecimiento del 31,7% en los gastos de personal (salarios). Esto, por supuesto, está atado a las paritarias, pero funciona como la pauta que tomará el gobierno para negociar con los trabajadores docentes, estatales y de la salud. El ministro López, en una presentación cerrada para legisladores, presentó esto de forma positiva en relación a la inflación que calcula el presupuesto nacional de Milei (18,3%), pero hasta sectores aliados al gobierno nacional la consideran totalmente subestimada y proyectan que puede estar por encima del 38%.
A esto se suma que venimos de fuertes caídas del poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado bonaerense, que se fueron concretando con la complicidad de la burocracia sindical peronista que entregó cada una de las paritarias. En la docencia, Baradel firmó un acuerdo para que solo los directores de escuela superen la canasta de pobreza hasta fin de año. Los trabajadores estatales cobran un salario promedio de $600.000, también por debajo de la línea de pobreza. Los salarios de los trabajadores de la salud, por su parte, aumentaron un 99% de diciembre a octubre, período en el que la inflación fue de 159%.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), en un documento con algunas críticas al presupuesto provincial 2025, denuncia que “el salario real de los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia de Buenos Aires se encuentra en los niveles más bajos de las últimas décadas”, al tiempo que señala que si se sostiene la pauta de aumento salarial del 10% que fija el presupuesto, la pérdida real de salario solo del año 2023 se recuperará recién en 2028. Si el presupuesto fuera un “escudo”, debiera comenzar por discutir cómo recomponer los salarios inmediatamente, pero el gobierno provincial ha festejado “superávits económicos” durante este año, solo conseguidos a través de mantener los salarios en niveles de caída histórica.
En materia de infraestructura, el gobierno embellece con adjetivaciones rimbombantes una realidad muy crítica. En una provincia con un déficit habitacional de más de 2 millones de personas, en 5 años solo construyeron poco más de 3.000 viviendas, y se hicieron solo 300 obras de urbanización en 152 “barrios populares” (como les gusta denominarlos), cuando el Renabap calcula que en la provincia están radicados casi 2.000. En materia educativa, se jactan de haber construido 230 “establecimientos educativos” en 5 años y realizado algo más de 7.000 obras de arreglos (donde se cuentan hasta las obras más chicas…), en una provincia de más de 14.000 escuelas con una crisis edilicia que es muy evidente. Si en 5 años la inversión en infraestructura fue bajísima, eso no cambiará en 2025 con un presupuesto que estima entre 27% y 32% el aumento de esas partidas, por debajo del 38% de inflación que ya mencionamos.
El peso que cada área ocupa en el presupuesto es indicativo de la política que seguirá el gobierno de Kicillof. En ese sentido, podemos ver una caída de más de 1,3% del presupuesto asignado a educación en relación al total del presupuesto respecto al último presupuesto (2023), mientras las “obligaciones del tesoro”, entre las que se encuentra el pago de los vencimientos de deuda, crece 1,78%. Como hemos dicho anteriormente, la reestructuración de la deuda provincial negociada en 2021 por el gobernador implicaba restar peso a los vencimientos tan solo por un par de años, a condición de aumentar el peso del endeudamiento los años siguientes y extender su injerencia en el tiempo. En momentos de una crisis acentuada, con una economía prácticamente en recesión, pagar la deuda es un ataque aún mayor al del pasado a los derechos más elementales del pueblo, como la educación y la salud.
El gobierno provincial, en su proyecto, suma una nueva autorización de endeudamiento de niveles históricos. El artículo 33 del proyecto plantea autorizar deuda por 1.045 millones de dólares, mientras que el artículo 34 habilita al tesoro a emitir letras por 250 millones de dólares. A esto se suma la autorización a ejecutar autorizaciones de deuda de ejercicios anteriores que no se realizaron, lo que llevaría a superar los 2.000 millones de dólares en esta materia para el 2025. El gobernador que hizo campaña una y otra vez denunciando el endeudamiento de Vidal ya está batiendo los “récords” que denunciaba de la gestión anterior.
Se profundiza una estructura fiscal regresiva
El proyecto de ley que complementa el de presupuesto es el que establece la estructura tributaria de la provincia. El análisis de este proyecto tiene su importancia porque muestra más claramente los intereses de clase que representa el gobierno de Kicillof y que hay detrás del palabrerío “progre” de la fundamentación del presupuesto. El preludio de la ley fiscal-impositiva, recordemos, fue la aprobación del “Rigi bonaerense”, que recibió sanción definitiva hace algunas semanas, y también de la Ley Audiovisual que establece un régimen de exenciones especial para las grandes empresas del sector, incluso multinacionales.
Alrededor del 78% de la recaudación provincial depende del impuesto a los Ingresos Brutos, el más regresivo de todos ya que se traslada a los precios de la enorme mayoría de los productos elaborados en la provincia. Siendo que tiene esta característica, la proyección del gobierno establece un aumento promedio del 36% en este impuesto, el más cercano de todos a la inflación.
El impuesto inmobiliario y el automotor, que tuvieron aumentos de hasta el 200% en la ley fiscal para 2024, tendrían en principio aumentos del orden del 28% para 2025. Pero el gobierno ha decidido colocar en su proyecto un artículo que ya estuvo en la ley 2024, que otorga a la agencia de recaudación Arba la potestad de establecer nuevos aumentos en cada una de las cuotas de estos impuestos. Esos aumentos, que este año generaron crisis y choques con distintos sectores, pueden alcanzar hasta un 100% extra de la tasa que establece el banco provincia en operaciones de descuento a 30 días, a día de hoy fijada en 42%. Como puede verse, el Ejecutivo se reserva el derecho, a través de los organismos que controla (Arba, Bapro), de establecer impuestazos a su gusto, que afectarían al conjunto de la población.
Las organizaciones que nuclean a los empresarios del campo (Mesa de Enlace, Sociedad Rural, Coninagro, Carbap, etc.), apoyados por la oposición patronal y derechista, salieron en los últimos días a atacar al gobierno especialmente por este último artículo. Como todo sector capitalista, no quiere ver afectado ni un peso de su ganancia; pero en verdad siguen ganando con el gobierno de Kicillof en materia tributaria. Sucede que la valuación fiscal sobre la que se calcula el impuesto inmobiliario rural está muy por debajo de lo que debiera ser, y las iniciativas de “revalúo” que surgieron en diversos momentos no se llevaron nunca adelante. Por otra parte, el gobierno ha sumado al actual proyecto un artículo (19) que permite otorgar “bonificaciones especiales al impuesto inmobiliario” para pago de cuotas anticipadas, que le permitirían reducir hasta 35% del total del impuesto, además de una bonificación de hasta un 30% adicional, compatible con la reducción anterior, para inmuebles destinados a actividades comprendidas en Ingresos Brutos.
Desde ya, el proyecto perpetúa el esquema de exenciones impositivas que establece el código fiscal; por ejemplo, las propiedades de las Iglesias, aunque sean destinadas a actividades empresariales, no pagan impuestos. Y profundiza esa política de exenciones con artículos específicos, mientras se sigue sobrecargando a los trabajadores, que tienen ingresos cada vez más bajos y para los que no hay ninguna exención, con el mayor peso de toda la estructura impositiva.
El “pataleo” de la oposición
En los últimos días distintos sectores de la oposición patronal, que se encuentra más atomizada que nunca, dijeron que podrían no acompañar el presupuesto y la ley fiscal si quedan “así como están”. Desde el vamos, por cómo se plantea el asunto, está claro que la cuestión pasa por una negociación de “toma y daca”, que involucra fondos para los municipios y otras cuestiones como el artículo que deja a discreción de Arba los aumentos del inmobiliario.
A estas alturas, luego de 5 años de gestión de Kicillof, es ya una costumbre que a último momento aparezcan artículos destinados a los municipios; hemos tenido hasta artículos escandalosos que eximían de sanciones a funcionarios municipales que hubieran malversado fondos. Por el momento, el único fondo establecido para los municipios es el fondo educativo; y lo demás parece estar en debate con predisposición del peronismo a llegar a algún acuerdo, lo que parece necesario para ordenar a su propia tropa en plena guerra del sector del gobernador contra La Cámpora. Todo indica que será una larga y compleja negociación, en la que no se puede descartar ningún escenario.
Luchemos contra el presupuesto de Kicillof y por todos los reclamos
Es claro que los trabajadores de la provincia de Buenos Aires no podemos acompañar estos proyectos del gobernador Kicillof. El presupuesto de ajuste y endeudamiento es un capítulo más de una política que incluye grandes beneficios para las patronales en perjuicio de los trabajadores y el impulso a negociados con privados, como el de las empresas de emergencias y medicamentos en salud.
En el caso del Partido Obrero, nuestra campaña por el Fuera Milei está acompañada con el planteo de derrotar la colaboración y el ajuste que llevan adelante los gobernadores de todos los colores políticos. Finalmente, Milei no gobierna solo, sino que tiene cómplices en las provincias y en todos los bloques de la oposición patronal.
Convocamos a los trabajadores de la provincia a rechazar en las calles el presupuesto, apoyados en el reclamo por los salarios, la educación, la salud, la infraestructura, la vivienda y todas las reivindicaciones populares. Planteamos que la única posibilidad de establecer un “escudo” real en Buenos Aires es ir por las grandes riquezas de la provincia, con una estructura impositiva completamente opuesta a la actual. Mientras Kicillof discursea contra Milei pero le copia el libreto y adapta la provincia a la motosierra, los trabajadores tenemos que establecer una oposición estratégica a todos los gobiernos capitalistas.