Según informes oficiales, el Sector Público Nacional registró en agosto un déficit primario de $224.708 millones, lo que indica que las erogaciones se contrajeron 5,6% interanual. Esto se logró a costa de la reducción de subsidios y del ajuste en prestaciones sociales y jubilaciones, al tiempo que se aumentó la recaudación un 4,8% vía impuestos, producto de la inflación, sobre todo del IVA y Ganancias. Quiere decir que la reducción del déficit fiscal la están pagando los trabajadores de su bolsillo. Estos números se mantienen dentro de los parámetros del acuerdo con el Fondo, pero aún así no alcanza para cumplimentar la meta que impone el organismo, por lo que el gobierno reforzará el torniquete para lo que resta del año, golpeando aún más la condiciones de vida de quienes viven de su salario.

Este ajuste proviene de las Decisiones Administrativas dictadas en el mes de agosto por la gestión de Sergio Massa, las cuales además incluyeron la poda en esferas públicas fundamentales como salud, educación y vivienda. Entre los gastos que sufrieron mayores recortes figuran las erogaciones correspondientes a las prestaciones sociales, que bajaron en términos reales 16,2% con respecto al mismo período del año pasado. Dentro de ese rubro, la Asignación Universal para la Prestación Social cayó 53,7% (Ámbito, 21/9/22). Esto desnuda que el ataque que desenvolvió todo el arco político contra el movimiento piquetero que lucha por la apertura y el aumento de los planes sociales esconde un ajuste brutal en asistencia social, en pos de cumplir con el acuerdo con el FMI y en un contexto de acuciante hambre y miseria del país. Por ese motivo hoy el Plenario Piquetero se ha reunido en el Obelisco para deliberar las próximas medidas que llevarán adelante.

Por otro lado, las jubilaciones bajaron un 11,1% según el informe oficial, lo que da cuenta que el gobierno ha utilizado la inflación para licuarlas, manteniendo el salario mínimo por debajo de la indigencia (lo que se toma para actualizar las jubilaciones) y manteniendo una fórmula de movilidad que conserva los haberes previsionales en el mismo sentido, y lo mismo ha hecho con los salarios mediante las paritarias a la baja. A su vez, promueve el trabajo precarizado, lo que hace que millones de trabajadores no puedan acceder a una jubilación mediante sus aportes y deban hacerlo mediante una moratoria o una miserable Puam, transformando las jubilaciones en un subsidio. El martes, los trabajadores jubilados se movilizaron exigiendo un aumento de emergencia ajustado a la canasta familiar y a la inflación y la aplicación generalizada del 82% móvil, entre otros reclamos.

Por otro lado, los subsidios a la energía eléctrica cayeron un 31,5%, un recorte que el gobierno ha llevado adelante el gobierno mediante la segmentación tarifaria se ha traducido en un aumento de tarifas que promete incorporar cada vez a mas usuarios. Esto no irá a parar a inversiones por parte de las empresas, como tampoco lo han hecho los subsidios, los trabajadores deberán pagar, en muchos casos, un 45% más por servicios como la luz, cuyos cortes son casi constantes. Es decir, aquellos que viven de su salario y que, en su mayoría, han percibido aumentos paritarios entre el 60% y el 70%, cuando la inflación anual proyectada es de más del 95%, deberán pagar el ajuste fiscal, no las empresas que se enriquecieron con subsidios millonarios.

Por otro lado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dejó en las arcas del fisco $233.380 millones netos de reintegros, lo que marcó una mejora de 7,3 puntos reales. Ganancias aportó $150.656 millones con un incremento real de 14,6 puntos (Ídem). Estos impuestos regresivos poseen un alto carácter confiscatorio de los ingresos de los trabajadores y son, a su vez, la principal fuente de ingresos del Estado. Los niveles de recaudación por parte de los mismos ha aumentado producto de los altos niveles inflacionarios. Ahora el gobierno planea reducir los beneficios fiscales que le otorga a las patronales, lo que será trasladado a los precios, y la eliminación o disminución de la alícuota del IVA sobre ciertos bienes y servicios, cuya reposición o aumento implicaría otro enorme golpe al consumo popular. Contrariamente, los derechos de exportación se derrumbaron producto de que los sojeros acopiaron la cosecha y los premiaron con el dólar soja.

“Para cumplir con la meta anual del 2,5% del PIB de déficit primario que exige el Fondo, entre septiembre y diciembre debería ser de 1,1% del PIB, es decir que la magnitud del esfuerzo fiscal a realizar en los últimos 4 meses del año es del orden del 1% del PIB, lo que significa aproximadamente $800.000 millones” (Clarín, 21/9). Esto significa que aún con todo este ajuste brutal en las erogaciones fiscales, al gobierno no le alcanza para cumplir con el acuerdo, por lo que buscará seguir avanzando sobre las condiciones de vida de la población.

Es prioridad defender un el salario mínimo igual a la canasta básica, lo que se tomará de referencia para actualizar las jubilaciones en la misma sintonía, aumentos indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Necesitamos un paro nacional que unifique todas las luchas en curso y un plan de acción común para que los trabajadores intervengamos de lleno en las crisis con nuestras reivindicaciones y quebremos el ajuste del gobierno, la oposición de derecha y el FMI.