El viernes 17 el gobernador electo Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, introdujo a través de sus legisladores cuatro proyectos de ley que buscan modificar la Ley de Tierras, que data inmodificable de 1961, y el Código Minero. Respecto de la reforma de la Ley de Tierras, que sostiene hasta el momento que la tierra fiscal/pública tiene que tener siempre un fin social, comunitario y sostenible se busca agregar entre sus usos el empresarial, es decir, su explotación, apuntando principalmente a la megaminería, pero sumando además hidrocarburos, turismo y emprendimientos inmobiliarios. Esta modificación, además de fraudulenta, puede considerarse inconstitucional, debido a que se pisotea el artículo 75 de la Constitución provincial, algo que al nuevo gobierno no parece importarle, a 40 años de democracia. Dice dicho artículo:

La provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad. Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para todos los habitantes acceder a ella. Propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y técnico, y de fomento. La ley establece las condiciones de su manejo como recurso renovable, desalienta la explotación irracional, así como la especulación en su tenencia libre de mejoras, a través de impuestos generales. En materia agraria la Provincia expropia los latifundios inexplotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse. (Artículo 75 de la cprn, Régimen de Tierras)

Mientras que los cambios para el Código minero incluyen primero su Código de Procedimiento. En este sentido, portales pro minería sostienen que “las reformas mineras se plantean como una simplificación y agilización de trámites, reduciendo plazos, y “mejorar la fiscalización con el fin de fortalecer el control de la actividad minera” (mineríaydesarrollo.com). Otro de los cambios que se busca es la modificación de la distribución de las regalías, que suben de 2% a 3%, pero a repartir entre los municipios y comisiones de fomento afectados por el área en explotación, y no como ahora entre los 39 municipios.

Por último se propone la conformación del Consejo Ambiental, argumentando la consulta previa a las comunidades y la sociedad, cuando aún hoy existen dichos mecanismos que no se ejecutan y que son sistemáticamente denunciados por los pueblos originarios y las organizaciones ambientales.

Se espera que la Legislatura se vuelva a reunir antes de fin de año para tratar en segunda vuelta los proyectos. En la primera vuelta obtuvo 33 votos favorables, reunidos entre el oficialismo, el Frente Renovador y el Frente Grande, y obtuvo 11 votos en su contra, llegados de las bancas de Unidad Ciudadana, el Frente de Todos y Kolina. Sin embargo, de introducirse los cambios que solicitaron quienes votaron en su contra en la primera, votarían a favor en la segunda. Este mecanismo, exprés, sin consultas, de puertas cerradas es antidemocrático y se utiliza sistemáticamente. Se ha visto en la creación de la Zona Franca en Sierra Colorada, impulsada por la gobernadora Arabela Carreras y el presidente Alberto Fernández, convalidada por toda la legislatura rionegrina; la entrega de 625.000 hectáreas a Fortescue para el “hidrógeno verde”; la modificación de la Ley N° 3308 que entregó a las petroleras el Golfo San Matías, para colocar allí un puerto exportador de petróleo, y la instalación de un Oleoducto desde la mismísima Vaca Muerta hasta el puerto en el Golfo San Matías.

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Darle plafón legal, no social es lo que intentan proyectar los bloques en la Legislatura de Río Negro, y como se ve, sin grieta. Todos los partidos, de cara al gobierno electo de Javier Milei parecen haberse alineado para allanarle la aplicación de su programa, que entre sus pilares tiene la privatización de todos los bienes comunes, incluso la tierra. El contraste entre estos planes, y las luchas por tierra para vivir de parte de miles de familias trabajadoras y las comunidades originarias es tremendo, e incluye represión, desalojos, criminalización y asesinatos.

El próximo 5 de diciembre convocamos a organizaciones, activistas, y a toda la clase trabajadora a movilizar, ante tamaña entrega del ambiente y los bienes comunes.