Una investigación periodística reveló un entramado de sociedades en Miami que terminaba con unos 5 departamentos de la esposa del diputado y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, valuados por un total cercano a 2,6 millones de dólares. Esto ya posee una denuncia judicial en curso donde se lo acusa a Ritondo por enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Cristian Ritondo es el presidente del bloque del PRO, principal colaborador del oficialismo en Diputados y el partido que hace demagogia con la Ficha Limpia en esa misma cámara, una ley que impediría que las personas con condenas confirmadas por la Cámara de Casación se presenten a competir en las elecciones, y que no salió gracias al pacto de Milei con Cristina Fernández de Kirchner.

Ritondo también fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, responsable de reprimir movilizaciones populares, huelgas de trabajadores que reclamaban salario, condiciones laborales y contra los despidos, como el desalojo de la toma de Pepsico encabezado por la bonaerense o la represión a los trabajadores del Astillero Río Santiago.

Por el momento, Macri buscó blindar su partido y silenciar el episodio en los medios, pero no pueden tapar el sol con la mano. Todos políticos capitalistas se enriquecen por gobernar para un puñado de empresarios y en contra de los trabajadores, por eso la corruptela es inherente a todos estos gobiernos.

Sin ir más lejos, este escándalo sale a la luz días después de que se lo encontrara al senador Edgardo Kueider, ex Unión por la Patria devenido en “libertario”, con 200.000 dólares y $640.000 sin declarar en Paraguay, sospechado de contrabando y/o lavado de dinero, en una práctica que al parecer sería recurrente. Por ese motivo fue expulsado recientemente del senado. A esto hay que sumar la catarata de escándalos por corrupción que tuvo el gobierno este año, partiendo de la base que un tercio de sus funcionarios (29%) ocupa cargos de dirección en empresas privadas. De un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia), 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales, que operan en 17 sectores de actividad.

A esto se suman los escándalos de la ministra Pettovello con los sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano; los viajes del presidente de la Nación sin agenda de Estado; las coimas a senadores y diputados, como fue el otorgamiento de una embajada a la senadora Carmen Lucila Crexel, para garantizar la aprobación de las leyes presentadas por el Ejecutivo como la Ley Bases; la poca obra pública que hay, producto del brutal ajuste fiscal, es adjudicada casi en tu totalidad a Paolo Rocca y a Mindlin, como el gasoducto y el oleoducto de Vaca Muerta; El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Thierry Decoud, fue destituido tras ser acusado de pedir sobornos en una fallida venta de 30.000 toneladas de carbón a una empresa israelí; y la presencia de Caputo y Sturzzenegger en el gobierno, dos grandes defraudadores del fisco, muestra el vínculo inherente que tienen los políticos capitalistas con las corruptela. Esto solo por citar algunos ejemplos.

El propio Mauricio Macri protagonizó escándalos de corrupción que abarcan la condonación de deuda en el Correo, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos; la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos; las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, un negociado del que se llevaron 2.300 millones de pesos; la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos; los Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia y podemos seguir.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por beneficiar a empresas ligadas a Lázaro Báez otorgándoles la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz a cambio de sobornos a funcionarios públicos de su gobierno. Esta corruptela en la obra pública se extendió a otras ramas de la economía como el transporte público, tanto de colectivos como de la red ferroviaria, o la energía, con los negociados armados en torno a YPF con los Eskenazi que regenteaban el Banco de Santa Cruz. En este caso el alcance de la corrupción entre el Estado y los capitalistas fue también expuesto en la masacre de Once, ocasión en la que 51 personas perdieron la vida fruto de la falta de obras y mantenimiento por parte del grupo Cirigliano, que desviaba subsidios millonarios con complicidad de los funcionarios.

Las denuncias de corrupción alcanzaron, además de a los kirchneristas, también a la constructora de la familia Macri o a la brasilera Odebrecht, por licitaciones obtenidas mediante sobornos a funcionarios públicos por aproximadamente 35 millones de dólares. en el entramado de la corrupción también están insertos los grupos empresariales Comsa, Ghella y también Iecsa (ahora Sacde), que era propiedad al momento de los hechos de la familia Macri. En la causa de los cuadernos incluso se reveló el pago de coimas de los principales grupos empresariales del país, como Techint o Roggio, en este último caso usando los subsidios que le entregaba el gobierno a su empresa Metrovías.

Sin embargo, estos empresarios no han sido juzgados. La Justicia los consideró “víctimas”, ya que supuestamente pagaban obligados para mantener sus negocios. Un criterio de clase curioso, sobre todo porque hoy el gobierno persigue a las organizaciones sociales y piqueteras que luchan contra el hambre, acusando falsamente a sus dirigentes de administración fraudulenta, cuando los únicos ladrones son quienes gobiernan en pos de los intereses de un puñado de empresarios.

En paralelo, los que sufren las consecuencias son los laburantes, con el vaciamiento y la degradación de los servicios públicos y privados, tarifazos y boletazos permanentes, y un ajuste brutal en todas las esferas públicas fundamentales para la subsistencia.

La corrupción no es un problema ideológico, es un modus operandi que atraviesa a todos los gobiernos capitalistas, y desnuda los intereses reales para los cuales gobiernan.

Las falsas noticias de Milei en cadena nacional

–

prensaobrera.com