En el tercer trimestre del 2021 se observa un aumento del PBI del 11,9% en relación a igual período del 2020 y del 4,1% respecto al trimestre anterior. A su vez, el acumulado de los tres primeros trimestres del 2021 arroja un crecimiento del 10,8% en términos interanuales. Sin embargo, la inversión cayó un 1,2% de un trimestre a otro, es decir, se repone cada vez menos el desgaste del capital fijo. 

Los datos surgen del informe que publica el Indec cada tres meses sobre el avance del nivel de actividad, donde se analiza la evolución del PBI, es decir, el valor agregado que genera el país. Vale señalar que el rebote económico descripto parte de una base de comparación muy baja como es el 2020, donde el PBI se contrajo 9,9 puntos. Aún así, los niveles mencionados son inferiores a los obtenidos en 2017. En el tercer trimestre de este año el PBI argentino sumó $695.524 millones, superando los $653.942 millones del cuarto trimestre de 2019 pero quedando por detrás de los $738.018 millones del cuarto trimestre de 2017.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo, que indica el nivel de inversión, retrocedió un 1,2% en relación al segundo trimestre del 2021, completando seis meses de estancamiento (BAE, 17/11). A su vez, la tasa de inversión en el tercer trimestre del 2021 se ubicó en el 17,2% del PBI, un dato poco alentador ya que “todo porcentaje menor al 22% o 23% implica que las empresas se están “comiendo el capital” o desinvirtiendo” (Iprofesional, 15/10).

Las cifras mencionadas revelan un cuadro de huelga de inversiones por parte de los capitalistas. La misma clase social que, a su turno, es protagonista de la fuga de capitales en el país, acumulando más de USD 400 mil millones entre activos en el exterior y dólares por fuera del sistema bancario. Los empresarios saquean las reservas locales a través de múltiples mecanismos: sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, autopréstamos, operaciones con el dólar financiero y siendo ellos mismos acreedores de parte de la deuda pública. Lejos de impulsar el desarrollo productivo del país, son los autores de su vaciamiento y la quiebra estatal a la que asistimos. A tal punto, que la burguesía argentina integra el podio de los Pandora Papers por la cantidad de sociedades off-shore que posee.

Sin embargo, las patronales no se privan de exigir una reforma laboral como condición para revertir la huelga de inversiones. Reclamo que encuentra en la oposición derechista una adhesión más directa, pero que termina vehiculizando el gobierno, bajo la forma de acuerdos sectoriales donde se flexibilizan los convenios colectivos de trabajo rama por rama, como ocurrió recientemente en Toyota.

Cabe destacar que la liquidación de las conquistas históricas de los trabajadores solamente asegura mayores ganancias para los capitalistas, pero no necesariamente tiene como correlato un aumento en los niveles de inversión. Lo muestra el hecho de que hoy en día el “costo laboral” está por el piso en Argentina (en la actualidad el salario medido en dólares representa un tercio de lo que se ganaba hace cuatro años atrás), sin embargo, la tasa de inversión no repunta. Por lo tanto, lo que habría que revisar es el “costo empresario” y sus prácticas parasitarias.

Por otro lado, que la condición para invertir sea degradar las condiciones de vida de las masas habla de un capitalismo decadente que se ha convertido en un obstáculo para desarrollar las fuerzas productivas. Lo que sí podemos afirmar es que una reforma laboral redundará en más pobreza y desocupación para las mayorías populares.

A su vez, las patronales también condicionan las inversiones al levantamiento del cepo cambiario. Ahora bien, la libre disponibilidad de divisas no garantiza que las empresas reinviertan sus ganancias en el país, por el contrario, se abriría la posibilidad fugarlas al exterior con mayor facilidad. El FMI, por su parte, brega por mantener el cepo en función de que Argentina cuente con los dólares suficientes para afrontar los pagos de la deuda; no obstante, le da el visto bueno a los regímenes especiales mediante los cuales se flexibilizan las restricciones cambiarias para las ramas de exportación.

El oficialismo, la oposición patronal y el conjunto de la clase capitalista se encargan de presentar el acuerdo con el FMI como la “bala de plata” para inaugurar un ciclo de inversiones en el Argentina. En primer lugar, lo anterior choca de frente con el escenario internacional, atravesado por la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que dará lugar a un flujo de capitales desde los países emergentes hacia sus casas matrices.

A su vez, el pacto con el Fondo implica destinar los dólares que ingresen en el pago de vencimientos de deuda y no en el desarrollo productivo del país. Para empezar, el organismo es partidario de mantener las restricciones a las importaciones que rigen en la actualidad y de subir la tasa de interés del Banco Central, acicateando las tendencias recesivas. Lo único que avanzará será la primarización de la economía nacional -y, por consiguiente, la depredación ambiental- al calor de la urgencia gubernamental por recolectar divisas para afrontar los compromisos de deuda.

Es preciso poner de relieve que el empresariado brega por un acuerdo con el FMI, no porque esté pensando en el interés general y en el progreso de la economía, sino porque necesita acceder al mercado de crédito internacional para financiar sus propias deudas, cuyos montos son verdaderamente explosivos. No olvidemos que en 2022 los vencimientos de deuda privada alcanzan los USD 51.664 millones, entre comercial y financiera. En cambio, para los trabajadores solo habrá más y más privaciones puesto que la agenda del FMI encierra tarifazos, devaluación, ajuste en las partidas sociales y reforma laboral.

Finalmente, la tarea de desarrollar al país y resolver las necesidades populares queda reservada para la clase obrera. La única clase social dispuesta repudiar la deuda usuraria, y, sobre la base de nacionalizar bajo control obrero la banca, el comercio exterior y la industria energética, volcar el ahorro nacional en inversiones productivas, planes de vivienda y obra pública, salud y educación. También recae en sus manos la lucha para defender los convenios colectivos, los puestos de trabajo y el salario frente a la ofensiva que traerá consigo el acuerdo con el FMI.