Políticas
9/6/2025
Sobre el fallo de la Corte Suprema en torno a CFK
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Rechazamos la proscripción, sin absolver su responsabilidad en la corrupción.
La candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a diputada provincial por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires ha quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia. Si antes del 19 de julio la Corte decide no habilitar el recurso de queja con el que CFK apeló la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, o si ratifica la misma, la expresidenta quedaría fuera de las listas del PJ el 7 de setiembre, además de tener que cumplir la condena.
No se trata de un acto puramente judicial, sino de una decisión política. Claramente un sector de la clase capitalista y sobre todo del capital internacional pretende que CFK no se presente a elecciones. Temen que, a pesar de todo el descrédito que arrastra, no alcance para derrotarla en la elección y que aparezca como una alternativa en un cuadro de precariedad política y económica del gobierno de Milei. A pesar que ella se ha esforzado en derechizar sus planteos defendiendo la reforma laboral, atacando a docentes y trabajadores de la salud, cambiando el “Estado presente” por el “Estado eficaz”, o incluso proponiendo una reforma constitucional reaccionaria; la preocupación es que a través de ella aparezcan reclamos de mayores regulaciones o de concesiones.
Milei estaría interesado en que la candidatura de Cristina avance, porque apuesta a una derrota de la misma en la provincia de Buenos Aires que lo termine entronizando como el enterrador del kirchnerismo; uno de los mandatos que Macri no cumplió. Las coincidencias y favores recíprocos entre LLA y el kirchnerismo así lo dan a entender: Milei bajó “ficha limpia” y el PJ lo puso a la cabeza de la comisión (no)investigadora del Libragate.
La condena a CFK en la “causa Vialidad” suena convincente porque el régimen de corrupción es innegable. La relación de un empleado bancario como Lázaro Báez con el matrimonio Kirchner es la única explicación a que haya podido montar una de las constructoras más importantes del país de la noche a la mañana, todo gracias a la obra pública de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial. Incluso, este no es el único caso que explica el enriquecimiento de la propia familia Kirchner. Pero aun así el proceso judicial que llevó a la condena estuvo plagado de irregularidades.
La primera de esas irregularidades es que si bien bajo todos los gobiernos capitalistas hay corruptela -muy especialmente en la obra pública- no todos son investigados y menos condenados. Las denuncias de corrupción contra Macri no avanzaron, tampoco las que apuntaban contra la “rama” argentina del escándalo Odebretch, y mucho menos cuando son denunciados directamente los capitalistas, como sucedió con la “causa de los cuadernos” donde se los terminó tratando como víctimas. Por lo tanto, a pesar de la evidente corrupción importa denunciar las arbitrariedades y la manipulación judicial, en momentos en que la Justicia actúa persiguiendo luchadores y opositores a cuenta del gobierno.
Es decir que la decisión de juzgar requiere de una decisión política de una Justicia que está dominada por los distintos bloques políticos patronales y cuya orientación depende de una lucha por el control del aparato judicial. En este caso, según algunos analistas, el macrismo estaría haciendo valer su peso dentro del mismo como parte de su pelea con el mileísmo.
Lo que está claro es que la decisión que tome la Corte Suprema no es parte del “debido proceso” sino el resultado de una puja de intereses ajenos a los del electorado. Con un fallo de la Corte que inhabilite a CFK y su injerencia en el proceso electoral se daría un golpe a los derechos políticos del electorado ya que introduce la proscripción de dirigentes de la oposición como otra herramienta de condicionamiento de las elecciones.
Desde ese lugar rechazamos la proscripción resultante de una decisión de la Corte, sin que esto implique una absolución de las responsabilidades personales de Cristina Fernández en la corrupción bajo su gobierno.
