Según trascendidos periodísticos, la “letra chica” del acuerdo con el FMI que enviará Alberto Fernández al Congreso contempla reducir los subsidios energéticos en un 0,6% del PBI. Se trata de una meta ambiciosa -considerando que en el 2021 estas erogaciones escalaron al 2,4% del Producto Bruto- que para alcanzarla el gobierno abrirá un curso repleto de tarifazos.

En primera instancia, el oficialismo aseguró que la suba de tarifas de luz y gas será del 20% para el 90% de la población, más un esquema de segmentación que abarca al 10% de los usuarios. Sin embargo, de ese incremento no se desprende ninguna reducción de subsidios energéticos, por el contrario, distintas consultoras privadas estiman que los mismos ascenderán, debido al encarecimiento del gas (insumo base de la cadena energética), a USD 14.000 millones durante el 2022 si no se ejecutan mayores aumentos en la boleta de ambos servicios. A su vez, afirman que para cumplir con las pautas del FMI, el tarifazo debería llegar al 80%. Así las cosas, la ruta de aumentos recién empieza.

Como vemos, los trabajadores nos veremos obligados a costear con nuestro salario un precio exorbitante de la energía, todo para cumplir con los lineamientos del Fondo pero sin perjudicar a las petroleras ni a las empresas prestadoras de electricidad y gas natural.

El nudo de la cuestión es el déficit energético acuciante en Argentina, como producto de la huelga de inversiones. Entre tanto, se triplicó el precio del GNL (Gas Natural Licuado) que importamos, alcanzando los USD 20 por millón de BTU, y, a su vez, en el 2022 el país importará más que el año pasado. Mientras que en el invierno del 2021 arribaron 56 buques con GNL a las plantas regasificadoras de Bahía Blanca y Escobar por un costo de USD 1.096 millones, en los próximos meses se espera que lleguen 69 buques representando un gasto de USD 3.860 millones. Por otra parte, el precio del gas en boca de pozo que se produce en el país también aumentará pero en menor medida, pasando de USD 2,72 por millón de BTU a USD 3,53 por MMBTU.

Las razones por las cuales debemos importar más GNL que antes son varias. Por un lado, para compensar la caída en la generación de energía hidráulica como consecuencia de la sequía, del orden del 16,6% en el 2021. Por otra parte, el gas proveniente de Bolivia -USD 12 más barato que el GNL- está llegando a cuenta gotas debido a que decayó la producción en el país vecino. Además, se encuentra saturado el sistema de transporte que permite evacuar gas de los yacimientos locales.

El gobierno promete que el déficit energético se atenuará en 2023 cuando se termine de construir el gasoducto “Néstor Kirchner”, que conectará en un primer momento a Vaca Muerta con la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, para luego llegar hasta Santa Fe y así vincularse con el gasoducto del Noreste. Si bien la concreción de ese proyecto hará que disminuya el volumen del gas que importamos, lejos está de asegurar la soberanía energética del país.

Sucede que el aumento en la producción de gas en el país -del 12,9% interanual en diciembre 2021- se debió únicamente a lo ocurrido con el no convencional -concentrado en Vaca Muerta- cuya producción se incrementó un 43,6% entre diciembre 2020 y diciembre 2021. En cambio, cayó la producción del gas convencional en el resto del las cuencas gasíferas -que representa el 52,4% de la producción total- en un 8,5% interanual, debido a la madurez de los yacimientos sumado a la falta de inversión. Los datos se desprenden del último informe publicado por el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.

Ahora bien, el pico productivo circunscripto a la explotación de gas no convencional no tuvo que ver con la perforación de nuevos pozos sino con la optimización de los pozos ya existentes a partir de realizar mayor cantidad de fracturas en cada uno. Bajo esta modalidad, los volúmenes de producción obtenidos no se podrán mantener en el tiempo dado la rápida declinación productiva que caracteriza a los pozos de los cuales se extrae el no convencional, con lo que se requiere un constante flujo de capitales destinado a realizar nuevas perforaciones. Son pozos donde la presión y producción inicial son muy altas, pero “esos picos caen hasta el 50% en el primer año” (Infobae, 25/12/2021).

Todo indica que las petroleras no realizarán ese nivel de inversión. La consultora Ecolatina proyecta que las inversiones en Vaca Muerta en 2022 sumarán USD 4.700 millones, apenas por encima de los USD 4.469 millones de 2019. No obstante, estamos hablando de un monto absolutamente insuficiente para incrementar las áreas en actividad. Está claro que no se pretende pegar un salto en la producción sino que lo que prima es una “inercia de inversiones (…) porque los planes son a largo a largo plazo” (Diario de Río Negro, 29/1).

Lo cierto es que los pulpos petroleros condicionan las inversiones a que el gobierno les conceda nuevos beneficios. Por un lado, exigen equiparar los precios locales del gas a los internacionales en alza, lo cual pondría al rojo vivo la cuestión de las tarifas. A su vez, no los seduce las prebendas contempladas en el proyecto de ley de Hidrocarburos y exigen aumentar aún más el porcentaje destinado a la exportación y una completa liberación del cepo cambiario en función de girar sus ganancias al exterior con mayor facilidad a costa de desplumar el Banco Central.

Finalmente, la producción energética del país no está vinculada a una planificación económica que responda al interés mayoritario, sino que está orientada a incrementar las ganancias de las corporaciones que intervienen en el sector. Consiste en un régimen de saqueo donde impera la huelga de inversiones que lleva a que se dilapiden divisas para la importación de energía. Incluso, el esquema de subsidios sostenido por todos los gobiernos tras la salida de la convertibilidad cumplió el objetivo de rescatar al capital, habilitando que la desinversión empresaria llegara de punta a punta de la cadena: desde los pozos hidrocarburíferos hasta los deficitarios tendidos eléctricos y escasa extensión de la red de gas en el territorio nacional. Ahora, el gobierno se apresta a premiar a esos monopolios autorizando que aumenten las tarifas. A fin de cuentas, los platos rotos de este parasitismo capitalista los pagamos los trabajadores con nuestro bolsillo.

A su turno, una potencial devaluación de la moneda encarecerá abruptamente tanto el gas que importamos como el gas en boca de pozo, cuyo precio se encuentra dolarizado, impactando de lleno en toda la cadena energética y dando lugar a nuevos tarifazos. Lo anterior encierra consecuencias verdaderamente explosivas.

Estamos frente a un esquema inviable por donde se lo mire. Debemos frenar este ataque al pueblo trabajador exigiendo la apertura de los libros de toda la cadena -producción, distribución y trasporte de energía- al control de trabajadores y usuarios a fin de evaluar a dónde fueron a parar los subsidios millonarios que embolsaron todos estos años, conocer los costos reales de producción y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales, en el camino a nacionalizar bajo control obrero la industria energética, en pos de orientarla a un plan de desarrollo del país al servicio de las mayorías.