El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es lisa y llanamente un saqueo de Argentina por el capital financiero. El FMI seguirá cobrando cada tres meses intereses usurarios, con sobretasa, en los (por lo menos) doce años de programa; y la suba de las tasas de interés del Banco Central y el Tesoro traerá un gigantesco negociado para la banca y los fondos de inversión. Es un sendero que, en oposición al crecimiento que promete el discurso oficial, solo puede terminar en una nueva crisis de deuda y un nuevo default.

La noticia llegada desde Washington acerca de que el gobierno estadounidense rechaza una reducción de la sobretasa de interés que paga Argentina al FMI terminó de desairar la última “condición” formulada por el gobierno criollo en la negociación por el repago del fraudulento crédito de 45.000 millones de dólares. Como el voto de Estados Unidos en el directorio del Fondo es determinante, se descuenta que seguiremos pagando una tasa del 4% en cada vencimiento trimestral, es decir cerca de 1.000 millones extra al año.

Así las cosas, después de haber embolsado ya más de 6.000 millones de dólares en intereses desde que Macri tomó el préstamo, el FMI se asegura facturar aproximadamente otros 15.000 millones de acá a la finalización del acuerdo que se firmaría -siempre y cuando no derive en nuevas renegociaciones, que es lo más probable-, además de reembolsar la totalidad del capital (los 45.000 millones). Un negocio fabuloso en un mundo con tasas cero o negativas.

El costo se multiplica, porque fija un antecedente negativo para otras negociaciones atadas a esta como la del Club de París, por la que está en suspenso una tasa megausuraria del 9% anual -pactada por Kicillof en 2014. Es este saqueo de las divisas del país por el capital financiero internacional lo tiene como contrapartida un ajuste hecho y derecho y el remate de los activos nacionales (agro, minería, hidrocarburos).

A eso se suma que la letra del acuerdo incluye una suba de las tasas de interés local, para que se garantice que le ganarán a la inflación. El Banco Central anunciaría una nueva alza luego de conocerse el IPC de enero, lo cual incrementa el negocio de los bancos con las Leliq, ya que cada aumento de 2 puntos en la tasa (como se estima) significa casi 100.000 millones de pesos más al año en intereses. Y aún restarían más incrementos para superar la tendencia de los precios.

Como a la par el gobierno aceptó los límites impuestos a la emisión monetaria y eso requiere que se financie el déficit fiscal con endeudamiento, el Tesoro debió subir aún más los rendimientos de sus títulos en la última ronda de licitaciones, donde nuevamente primaron los que son a corto plazo e indexados a la inflación. Los analistas calculan que para cumplir sus metas el gobierno debería consagrar un fondeo extra de casi dos billones de pesos este año.

De esta forma, como debe ir colocando nueva deuda por sobre la que va venciendo, tenemos dos hipotecas que crecen paralelamente y que incrementan el déficit fiscal y cuasifical por el pago de intereses. En enero, por ejemplo, se gatilló por ese concepto más de 1.100 millones de dólares, de los cuales la tercera parte correspondió a bonos en moneda local. Mientras se ajusta a salarios, jubilaciones y programas sociales y se anuncian tarifazos en serie, se blindan las ganancias de los especuladores. La carga insoportable que representa para la caja del Estado hace que se sume como factor que presiona por una devaluación más brusca, para licuar las obligaciones en pesos.

Además de un costo usurario, esta orientación pone a toda la política económica a merced de la banca y los grandes fondos de inversión -entre los que se encuentran los Pimco y Templeton-, de cuya voluntad depende el éxito de todo el esquema de renovación de los vencimientos y la adhesión a nuevas colocaciones de deuda. Son precisamente los que Guzmán señaló como responsables de la brecha cambiaria, y cuya corrida fue financiada con la dilapidación de las reservas internacionales del BCRA, que quedaron en rojo.

Los efectos de este encarecimiento del crédito son recesivos porque prolongará la huelga de inversiones que impera en el país, lo cual pone un techo muy bajo a la recuperación pospandémica de la actividad económica. Como la contracara de esto es una enorme exposición de la banca a los bonos públicos -algunos analistas estiman que el 90% de los activos bancarios está colocado en títulos del Estado-, una eventual amenaza de default y una corrida cambiaria promete desatar una crisis bancaria. Más aún cuando el Banco Central viene metiendo la mano en los dólares de los ahorristas, porque carece de reservas líquidas propias.

Toda la senda de ajuste tiene como trasfondo este saqueo de la Argentina por el capital financiero. Al final del camino tendremos de un lado una gigantesca pérdida de divisas y monumental endeudamiento en pesos y ne dólares. Por eso el mercado descuenta que cuando comiencen los vencimientos de capital con los bonistas y el Fondo habrá que reestructurar nuevamente la deuda. La tutela sobre la economía nacional se anuncia así como una cadena perpetua.

Contra ello es necesario profundizar el camino de la movilización popular trazado por la masiva jornada del martes 8, hasta derrotar el acuerdo del gobierno –y la oposición de derecha– con el FMI. Además del repudio de una deuda que revela su carácter usurario (y fraudulento, ya que estuvo al servicio de la fuga de capitales), un rumbo opuesto incluiría la nacionalización de la banca bajo control obrero, concentrando el ahorro nacional en una banca pública única al servicio del desarrollo nacional y las necesidades populares. Solo los trabajadores pueden recapitalizar al país, poniendo un punto final al parasitismo capitalista.

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