A fines del año pasado, el gobierno nacional autorizó la realización de tareas de exploración petrolera en aguas ultraprofundas, a apenas trescientos kilómetros de las costas de Mar del Plata. Los bloques licitados (CAN 100, 108 y 114) cuentan en todos los casos con la participación de la compañía noruega Equinor (ex Statoil). En el caso de dos de ellos, en sociedad con YPF, y en otro con la petrolera estatal y la anglo-holandesa Shell.

El proyecto se encuentra severamente cuestionado por su potencial daño ambiental. El 4 de enero, 5 mil personas se movilizaron en la ciudad balnearia y están previstas nuevas acciones de lucha para los próximos días. La Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata hizo lugar a dos recursos de amparo presentados por un particular y una organización ambientalista, dictaminando que se suspendan las tareas debido a la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial.

La exploración petrolera en el Mar Argentino combina una trama de entrega a las multinacionales y de contaminación ambiental, de la que otro ejemplo reciente es el intento de habilitar la megaminería en la provincia de Chubut.

Las tres firmas involucradas en el proyecto de exploración petrolera off-shore ya poseen un negocio común. En enero de 2020, Equinor y Shell compraron en forma conjunta en 350 millones de dólares a la firma Schlumberger Production Management (petrolera que tuvo entre sus directores al extitular de YPF del kirchnerismo, Miguel Galluccio) el 49% de la participación en Bandurria Sur, bloque de Vaca Muerta. De este modo, quedaron asociadas a YPF, propietaria del resto. La transacción fue asesorada nada menos que por el estudio Martínez de Hoz y Rueda (Apertura, 31/1/20), del hijo del ministro de economía de la dictadura militar, que también tiene entre sus clientes a bancos, fondos de inversión y organismos de crédito.

¿Pero qué más se sabe de Equinor? La firma pertenece al Estado noruego, un jugador de peso en el mercado petrolero. En 2001, inició un proceso de privatización parcial que abrió las puertas a diversos accionistas privados.
A día de hoy, según su página institucional, el Estado es propietario del 67% de las acciones. Entre los privados, sobresalen tres nombres familiares para los argentinos: Blackrock, que bajo distintas denominaciones controla un 2,1% de las acciones; Templeton, con un 0,5%; y Marathon-London, con el 0,4%.

Blackrock es uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina; varios medios estiman que tiene títulos por alrededor de 2 mil millones de dólares. Templeton, que ingresó en 2018 al país en ocasión de una megalicitación de bonos en pesos, negocia actualmente su salida de la Argentina con el gobierno, a efectos de lo cual empezó en diciembre de 2020 a canjear sus posiciones en la moneda local por bonos en dólares. Marathon fue el principal involucrado en el negociado del bono a 100 años emitido por Luis Caputo, secretario de Finanzas de Macri, en el cual invirtió 275 millones de dólares (El Cronista, 21/11/17).

Lo que surge de esto es que los mismos sectores que hacen grandes negocios especulativos, con la anuencia de los distintos gobiernos, sean derechistas o “nacionales y populares”, a costa del país, aparecen también involucrados en la expoliación de las riquezas naturales y la depredación ambiental, con el Estado argentino recogiendo las migajas.

El “Atlanticazo” marca el camino para frenarlos.

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