En la noche de este domingo 25 el cantante “Chano” Carpentier, quien lideró la banda Tan Biónica y construyó su propia carrera como solista, protagonizó un trágico suceso en su casa quinta de Exaltación de la Cruz, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El músico, que ha reconocido su problema de adicción a las drogas, habría desarrollado un episodio “de brote psicótico” y en ese estado “intentó agredir a un policía” que se apersonó en el domicilio con un cuchillo, por lo que el mismo le propinó un disparo en el estómago. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia madre, que negó que la haya amenazado o la haya violentado a ella, que aunque sí estaba evidentemente exaltado por causas ligadas al consumo, no estaba desarrollando un brote psicótico, y negó también que hubiera amenazado con un cuchillo a los efectivos de la bonaerense, sobre los que denunció que “le dispararon sin más”. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, replicó por los medios la versión de la policía bonaerense y aprovechó eso para volver a insistir con la utilización de las pistolas Taser.

Es fundamental debatir el accionar de la policía con relación a ello. Berni abona la teoría de la “legítima defensa”, aunque se abren varios interrogantes, comenzando en el porqué el disparo al estómago y no a una de las extremidades, como, se supone, debiera hacerse para inmovilizar al agresor. Aunque no se trata de la única normativa que no se cumplió en el operativo. En una entrevista que concedió esta mañana a TN, el ministro colocó el eje del debate sobre el armamento policial, aduciendo que los efectivos “están en situación de vulnerabilidad” con el equipamiento vigente, y sobre este caso particular, postuló que “un disparo de la pistola reglamentaria de 9 milímetros en una extremidad no hubiera alcanzado para inmovilizarlo en el estado que estaba”. Lo cual coloca otro interrogante: ¿se hizo presente junto a la bonaerense un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud mental, tanto para intentar la estabilización del paciente como para asesorar a los efectivos sobre las características propias de un cuadro de brote psicótico -si es que de ello se trataba- y cómo proceder? Todo indica que no. No obstante, así se dictaminó en un protocolo para abordar estos casos elaborado por el Ministerio de Seguridad nacional en 2013. Un protocolo que todos los gobiernos volvieron papel mojado e incumplieron sistemáticamente, como se puede ver en este caso.

Por lo pronto, por lo delicado del tema y lo q quizás todavía se desconoce con la situación de Chano, desde junio del 2013 hay un protocolo de intervención de fuerzas de seguridad en coordinación con equipos de SM que creería que nunca se aplicó y es papel mojado.
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— Sigi Karl (@scorohernan) July 26, 2021

La intención de Berni es, nuevamente, avanzar hacia la utilización de las pistolas Taser y avanzar de igual forma en un reforzamiento represivo, porque sus declaraciones dejan el portón abierto a una sustitución del arma reglamentaria de 9 mm por calibres más pesados. Las Taser en cuestión disparan dos dardos con electrodos que se interconectan generando un electrochoque sobre la víctima, causándole la parálisis de su musculatura. Tienen como única finalidad “inmovilizar” al receptor, aunque, como ya se comprobó en numerosas ocasiones en los países donde han sido aprobadas para su utilización, puede desencadenar de cualquier forma la muerte de la víctima. Peor aún, como se supone que el empleo de estas pistolas puede darse en situaciones “menos extremas” que aquellas que funcionan por la eyección de proyectiles de goma o de plomo, su legalización le allana el camino a un incremento de la brutalidad policial. En Estados Unidos, uno de los baluartes de la utilización de estos instrumentos, se han registrado cuanto menos miles de casos de electrocutamientos de Taser por delitos ínfimos o directamente inexistentes. En muchos de ellos, incluso con consecuencias letales.

El centro de esta polémica pasa entonces también por la naturaleza misma de las fuerzas represivas del Estado. Berni le disparó -y no con Taser, sino con artillería pesada- a la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien derogó un comienzo de reglamentación para la implementación de las Taser comenzado por Patricia Bullrich. En la mencionada entrevista a TN tomó distancia de la misma, con quien ya mantuvo choques por este y por otros temas, declarando lisa y llanamente que “a diferencia del gobierno nacional, él no quiere que sus efectivos terminen mal”, y que “hay que generar un cambio de doctrina”. Se trata nada más ni nada menos que de otro reconocimiento abierto del ministro predilecto del gobernador estrella del kirchnerismo, Axel Kicillof, de estar parado en la misma vereda que Patricia Bullrich y la doctrina Chocobar.

¿A quién quiere darle Berni la potestad de desenfundar las pistolas Taser y electrocutar personas? ¿A la bonaerense que desapareció y mató a Facundo Castro, a Brandon Romero, a Lucas Verón? ¿A esa misma fuerza que protagonizó más de cien casos de gatillo fácil durante la cuarentena de 2020? ¿Que allanó “por error” la casa de Ignacio Seijas, que tenía entonces 17 años, y “por error” le disparó perdigones de goma en la cara provocándole la pérdida de un ojo? ¿Cuáles serían los costos de los “nuevos errores” de la maldita bonaerense con las pistolas Taser? Para el pichón de fascista que conduce la cartera de Seguridad en suelo bonaerense, las víctimas son los “pobres policías” que desaparecen, torturan y matan, por lo que habría que “protegerlos” dándoles un arma adicional que pueda utilizarse con mayor facilidad protocolar y mayor frecuencia.

Las consecuencias atroces de las Taser no terminan ahí. Algunos ejemplos, como el asesinato de Daunte Wright en manos de la racista policía yanqui, sugieren que el simple hecho de que un efectivo las porte junto a un arma de balas de plomo pueden conducir a una ambivalencia jurídica a la hora de matar una persona. La defensa por parte de la policía de Minnesota a la agente asesina, Kimberly Potter, fue que “se confundió la Taser con el arma reglamentaria”. Así sin más se cobró la vida de otro afroamericano, y luego se excusó en que “se confundió”. En todos los planos las Taser constituyen un peligro mayúsculo para la población en manos de las fuerzas represivas del Estado.

Es por ello que rechazar la tentativa a la implementación de las pistolas Taser es una tarea de primer orden en la defensa de los derechos y las libertades democráticas, y debe ser repudiada por los organismos de Derechos Humanos como tal. En lugar de pujar por este cometido, Berni tendría que haber renunciado hace largo rato a su cargo por haber envalentonado a una fuerza policial a sus órdenes, que verduguea y mata como si nada a los pibes de los barrios, una fuerza que regentea el narcotráfico y las redes de trata y maneja cajas negras compuestas por el cobro de coimas y redes delictivas que ellos mismos administran, como lo probó el caso de Luciano Arruga.

Nada de pistolas Taser, ningún reforzamiento a las fuerzas represivas. Fuera Berni ya, abajo la doctrina Chocobar. Desmantelamiento de la policía bonaerense y sustitución por una fuerza ciudadana dirigida por organizaciones de Derechos Humanos.