La situación habitacional de los trabajadores argentinos es cada vez más crítica. Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), más de 1 millón de personas están ocupando hogares en condiciones de hacinamiento crítico en 31 aglomerados urbanos del país. Y de acuerdo a los datos del Censo nacional publicados en marzo, en el país habría tres millones de viviendas vacías. Los resultados de la política de ajuste y en favor de la especulación inmobiliaria por parte de los gobiernos están a la vista.

El trabajo de la EPH también indica que el 4,1% de los hogares se aloja en una vivienda que se encuentra cercana a basurales, y que otro 6,5% lo hace en una casa situada en una zona inundable. A su vez, señala que la calidad de los materiales de vivienda es “parcialmente insuficiente” en el 12% de los hogares –en los hogares pobres este porcentaje asciende a un 20,6%-, e “insuficientes” en el 6,5% de los mismos –en los hogares pobres este porcentaje se ubica en un 13,1%. El carácter insuficiente de los materiales de vivienda se eleva al 21,9% en los hogares indigentes.

A su vez, el informe marca que el 9,9% de los hogares no tiene acceso a la red de agua corriente, que el 31,5% no cuenta con gas de red, y que el 26,7% no dispone de conexión a las redes cloacales. En términos más amplios, el 44,3% de los hogares no accede a algún servicio.

En estos índices se ve claramente cómo impacta en la clase obrera el ajuste fondomonetarista del gasto público que están aplicando Massa y los Fernández. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en los dos primeros meses del año, el gasto de capital se redujo un 37,4% y las transferencias a las provincias disminuyeron un 38,3%. Estos recortes afectan directamente el presupuesto destinado a la construcción de viviendas.

A la par de esta degradación de las condiciones de vivienda, crece la cantidad de personas que no pueden acceder a un hogar, y el déficit habitacional se acrecienta. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el número de habitantes aumentó un 8,7% en más de tres décadas, mientras que las viviendas crecieron un 68%. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la población creció un 40,8%, y las viviendas un 374,2%.

Según Inquilinos Agrupados, habría tres millones de viviendas inhabitadas. Lo calculan en base a los datos del Censo 2022, que arrojó que en el país hay construidas 17.780.210 viviendas para 46.440.703 habitantes, cuando en promedio un hogar está integrado por tres personas. En muchos casos, las construcciones solo tienen como objetivo ser meros refugios de valor, como lo son por ejemplo las unidades de lujo, lo que además empuja hacia arriba el precio de los alquileres.

Esto último tiene lugar en un cuadro de crecimiento de aquellas familias que alquilan casas o departamentos. Un informe realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) señaló que “entre los años 2001 y 2019 aumentaron los hogares inquilinos en los grandes conglomerados del país: en CABA pasó de un 22% a un 35%; en Córdoba de un 20% a un 30%; y en Rosario, de un 12% al 19%” (ElDiarioAr, 20/4).

Las sucesivas devaluaciones impulsadas por el Frente de Todos y los gobiernos que lo precedieron han llevado a que un sector cada vez mayor de la población trabajadora no pueda comprar una vivienda. Esto, debido a la enorme distancia que existe entre los salarios y los precios dolarizados de las propiedades. En los hechos hay una expulsión de los trabajadores hacia la periferia de las concentraciones urbanas, un proceso que se desarrolla al compás de una creciente especulación inmobiliaria en las zonas céntricas y una gentrificación con barrios privados en los alrededores. Además, a las familias que ocupan un terreno para vivir tanto el gobierno nacional como los provinciales les responden con desalojos y represión.

Para colmo, el gobierno ahora se apresta a suspender la Ley de Alquileres. Lo confesó Santiago Maggioti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien declaró a Télam que la política inmobiliaria debería descentralizarse en leyes provinciales, alegando la obviedad de que “los alquileres no son lo mismo en todo el país”. La oposición de Juntos por el Cambio y Milei intervienen directamente a favor de las inmobiliarias, reclamando una liberalización de los precios y los plazos de contrato. En la Ciudad, Larreta anunció una línea de créditos a los que nadie puede acceder, orientada más a los especuladores que a las familias sin techo.

Para solucionar el problema habitacional hay que recomponer los salarios y las jubilaciones, avanzar en un plan de construcción de viviendas a nivel nacional y otorgar créditos hipotecarios de acceso universal a tasa cero, cuyas cuotas no superen el 25% de los ingresos de las familias trabajadoras. Ello, financiado con impuestos extraordinarios al gran capital, especialmente a la vivienda ociosa, para desalentar la especulación y ensanchar la oferta de alquileres. Solo la izquierda levanta este programa, antagónico al de los políticos capitalistas.

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