El pasado jueves 10 de julio, en el Senado, se votó y aprobó por unanimidad la ley de emergencia para la discapacidad. La emergencia duraría en todo el país hasta diciembre 2026, con posibilidad de extenderse hasta fines de 2027, tratando algunos de los reclamos realizados por les usuaries, familiares y prestadores en discapacidad. 

Los artículos del proyecto establecen una serie de actualizaciones y medidas, con las cuales se pretenden “solucionar” las problemáticas que vienen atravesando al sector; sin embargo, y como desde Prensa Obrera venimos anticipando, lejos está de resolverse la situación de este colectivo. Lo primero a tratar en materia económica es la actualización de la pensión no contributiva por discapacidad; esta se establece como un monto económico equivalente al 70% de la jubilación mínima, cuando es bien sabido por la lucha de los jubilados que no es posible vivir con ella -y mucho menos con una fracción de la misma

Por otra parte, establece que a aquellas personas con discapacidad que perciban un equivalente a dos salarios mínimos se les suspenda automáticamente la pensión teniendo que realizar un petitorio para volver a obtener la misma en el caso de que dicha situación económica cambie. En cuanto a prestadores se refiere, se establece una compensación de emergencia la cual abarcaría la diferencia entre los aranceles aprobados en 2024 y los valores inflacionarios del índice de precios al consumidor, utilizando este último para la actualización mensual del arancel. Sin embargo, esta “compensación” no llega a abarcar la totalidad del reclamo realizado por el sector.

Este proyecto tampoco resuelve reclamos centrales como la demora de las obras sociales, las cuales se sirven de la resolución 887/17 que flexibiliza el pago a prestadores para demorar hasta un plazo de 60 días o más el mismo.

El cumplimiento de esta ley traería a modo de costo fiscal entre un 0,2% y un 0,4% del PBI; no obstante, Milei ya adelantó el veto al proyecto y al del aumento a jubilaciones. ¿A qué teme el gobierno con la aprobación de estas leyes? Con el llamado de la JP Morgan a abandonar el carry trade, el plan económico del gobierno mostró como nunca sus contradicciones; los especuladores financieros se encuentran esperando el momento de retirar las ganancias de la bicicleta financiera, golpeando las metas de superávit fiscal del gobierno y avivando las tendencias devaluatorias.

La lucha de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área tuvo una primer victoria con la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, esta lucha todavía está lejos de terminarse. Actualmente está en comisiones la ley marco por los derechos de las personas con discapacidad (Expediente 6265-D-2024.). Dicho proyecto de ley pretende realizar una reparación histórica hacia las personas con discapacidad, ampliando el cupo laboral en discapacidad teniendo en cuenta también el cupo laboral femenino, entre otras cosas.

Sin embargo, es necesario saber que en estos momentos la Agencia Nacional de Discapacidad (que sería la principal garante del cumplimiento de dicha ley) hoy se encuentra en manos de Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente y conocido por la cantidad de recortes que realizó en la agencia, despidiendo a más de 500 trabajadores, entre ellos personas con discapacidad.

Entonces nos preguntamos: ¿Cómo es que se intentará implementar realmente este proyecto de ley? Como se mencionó en esta nota, el presidente tomó la decisión de vetar esta ley y aquellas que se opongan a su agenda, mientras que la aprobación de dicho veto se encuentra en manos de un Congreso que no titubea al momento de aprobar leyes antiobreras y facultades delegadas a un gobierno nefasto.

De esta manera es importante continuar la lucha en articulación con otros sectores con el fin de, no solo impedir el veto de la ley de emergencia, sino también de continuar generando las condiciones para que la misma pueda ser aplicada en todo el país. Participemos en las discusiones y los debates sobre la ley marco mencionada anteriormente con el fin de construir las condiciones necesarias para que la misma contemple la participación política de personas con discapacidad y prestadores independientes, defendiendo el modelo social de la discapacidad.

Este 17 vamos con toda a la plaza de mayo, por el Garrahan y llevando la lucha contra el ajuste en discapacidad. La lucha por la defensa de la salud pública y por derrotar a este gobierno es una sola.

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