Este martes, los diputados nacionales se reunieron en una sesión especial con representantes de los laboratorios con los que Argentina tiene contratos o está llevando adelante negociaciones para clarificar el estado de los mismos. Sin embargo, lejos de esclarecer alguno de los puntos contractuales, la sesión confirmó la acérrima defensa por parte del gobierno y el Estado argentino del secretismo en los acuerdos.

La semana pasada, en medio de la polémica por los contratos no firmados con Pfizer, que podrían haber significado 8 millones de dosis más para la población, el gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio convocaron a los laboratorios para que expongan acerca de los retrasos en la provisión de las vacunas. Se llamó a directivos de Pfizer, AstraZeneca (con quien nuestro país tiene un contrato por más de 22 millones), al Instituto Gamaleya (Sputnik V) y al laboratorio Sinopharm. Pero se trata de una puesta en escena de corto vuelo.

Las farmacéuticas vienen incumpliendo los contratos con nuestro país desde principio de año, es decir desde el comienzo mismo de los plazos de entrega. Si fuera cierta la preocupación que manifiestan ahora los bloques mayoritarios acerca de la urgencia del problema, deberían haber procedido a pedir explicaciones hace meses, antes de que colapsaran los sistemas de salud de varias provincias y se registraran récords de muertes. En la medida en que la vacunación se ha convertido en uno de los ejes que cruzarán la campaña electoral, los tironeos entre el gobierno y la oposición podrán hacer ruido, pero ni unos ni otros plantean medida alguna para tocar la inmunidad de los laboratorios que defraudaron sus contratos con el país.

El Congreso esperaba de manera virtual al titular de la empresa Pfizer; al presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Filgueiras, encargado de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina; y a representantes del fondo Covax de la OMS. La invitación había sido “a todos los laboratorios con quien se está negociando”, pero esto fracasó una vez que AstraZeneca comunicó que solo iba a responder preguntas por escrito, igual que los representantes de las vacunas rusa y china, que anunciaron que solo responderían preguntas que sean presentadas a través de sus respectivas embajadas. Otros, como Johnson & Johnson, no participaron de la reunión, si bien en las últimas semanas entablaron conversaciones.

Un verdadero fraude, ya que no fueron la mayoría de los representantes de los grandes pulpos farmacéuticos que hoy manipulan el negocio de la vacunación en Argentina, y el supuesto documento que AstraZeneca iba a mandar nunca llegó. Incluso Pfizer, una de las empresas más esperadas luego de las idas y vueltas de las semanas previas, llevó a su titular en Argentina que no hizo otra cosa más que ampararse en que las cuestiones legales debían discutirse con la Secretaría de Legal y Técnica y con el Ministerio de Salud para respetar la confidencialidad.

Las cláusulas, los precios y los plazos de entrega que cada empresa fija como condición nunca fueron compartidas con la población, información sin la cual toda la puesta en escena en aras de la “transparencia” es una farsa. Oficialismo y oposición continúan sin tocar la confidencialidad de los contratos, cuyo telón de fondo es mantener el monopolio de los laboratorios, precisamente, la raíz de la pretendida escasez mundial de vacunas. Bien lo sabemos en una Argentina que exportó el principio activo de más de 50 millones de dosis AstraZeneca fabricada por la planta de mAbxience de Sigman, pero apenas recibió menos de una quinta parte de lo fijado en los contratos.

Las propias declaraciones de Marcelo Filgueiras en la conferencia dan cuenta de que quieren hacer pasar la producción local de vacunas como un logro de soberanía nacional que permitiría tener acceso a más dosis, cuando en realidad los acuerdos de fabricación en nuestro país se dan entre privados y no garantizan prioridad para Argentina a la hora de comercializar dichas vacunas. De hecho, las contradicciones en la producción de las vacunas y el acaparamiento de los países centrales llegaron al punto de que los principales países productores se encuentren relegados en la vacunación, como es el caso de India, que sucumbió en la crisis sanitaria con menos del 10% de su población inmunizada.

Este problema se encuentra íntimamente relacionado con el hecho de que unas pocas empresas tomaron control de las patentes desarrolladas, las mismas que hoy en día no pueden suplir la enorme demanda mundial. Es decir que pusieron en pie un gran monopolio que perjudica al conjunto de la población, reforzado mediante contratos secretos y confidenciales que permiten a los laboratorios especular con los precios y los plazos de entrega según cada Estado sin que haya una auditoria popular de lo que está sucediendo con las vacunas. La firma de esos contratos no solamente fomenta la especulación y el monopolio capitalista, sino que también les garantiza un blindaje jurídico ante posibles efectos adversos. El caso de Argentina es aún peor, ya que además de firmar acuerdos secretos se les entregó una ley nacional que les promete inmunidad legal, e incluso eso no bastó para cumplir con las exigencias de Pfizer.

Una vez más, tanto el oficialismo como la oposición se ubicaron del lado de los laboratorios y dándole la espalda a los reclamos cada vez más incipientes de sectores de trabajadores acerca de su derecho a acceder a la vacuna contra el coronavirus. El hecho de que el titular de Pfizer no haya querido hablar del contrato bajo la excusa de que hay negociaciones en simultaneo con otros países y “podría ser perjudicial para estos” es una muestra más de como el secreto comercial capitalista y los monopolios farmacéuticos son incompatibles con la salud de la población. No es la firma de estos contratos leoninos lo que responderá a la necesidad de vacunación, sino la lucha por la liberación de las patentes, la intervención de los laboratorios y el uso de su maquinaria y tecnología para la amplificación de la producción y el desarrollo estatal bajo control de especialistas, investigadores y trabajadores de una vacuna nacional, para garantizar la inmunidad de toda la clase obrera latinoamericana.

 

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