Las últimas horas fueron desesperantes para el gobierno de Alberto Fernández. La información cruzada, las dudas y la incertidumbre con respecto a la vacuna contra el coronavirus mostró lo esperado: Argentina no tiene garantizada la llegada de las dosis a la población. Se está quedando sin el pan y sin la torta; sin la Pfizer y sin la Sputnik rusa.

Luego de conocerse que la vacuna Sputnik V no está aprobada para mayores de 60 años, la desconfianza se profundizó. Idas y vueltas constantes, postergaciones y reprogramaciones de vuelos hacia Moscú, el intercambio de llamadas con la delegación argentina en Rusia. En el medio, nuestro país tiene las tratativas paradas con la vacuna de Pfizer, mientras el resto de los Estados avanzan porque tienen mayor capacidad de negociación. Argentina está quedando fuera de la ecuación.

Es la competencia internacional por la vacuna. Es interesante ver que los países centrales, que tienen el 14% de la población mundial, compraron el 54% de las dosis para 2021. La desproporción entre la producción y la demanda creciente fue agravada por los errores que se cometieron con los primeros lotes –como sucedió con la vacuna Pfizer-, que derivaron en un retraso en los compromisos ya pactados. Es el resultado de los tiempos apresurados en el desarrollo y aprobación de las vacunas, impuestos por la expectativa de los centros del capital financiero internacional en el repunte económico que pueda seguir al final de la pandemia.

 

 

 

Esa es la razón por la cual los grandes laboratorios abocados a su producción exigen un blindaje jurídico que los deje indemnes ante los posibles resultados adversos que puedan tener la aplicación de las dosis. Buscan competir en el mercado mundial las cuotas de venta a los Estados sin riesgo alguno. Esta es una de las condiciones que ponen sobre la mesa ante el gobierno de Alberto Fernández.

Rusia, por su parte, no solo a comercializará su vacuna Sputnik V, sino también una versión “light” que requiera menos dosis y posea menor efectividad. Es una muestra clara de que la producción no responde a la necesidad de la población, sino al armado de un negocio multimillonario. Como fuera, suma nuevos interrogantes a la provisión comprometida para Argentina.

Sucede que Argentina ocupa un lugar subordinado en el mercado mundial, una posición que este gobierno no deja de profundizar cediendo ante los bonistas y agachando la cabeza ante el FMI, y acercándose a Bolsonaro a cuenta del imperialismo yanqui. Por eso los laboratorios ponen todas las condiciones.

En este cuadro, la política oficial es una improvisación. El gobierno no tiene claridad sobre lo que va a pasar con el virus, pero necesita dar por finalizada la pandemia para justificar el ajuste en salud, como si la experiencia europea con la segunda ola no fuera muestra suficiente de lo que puede suceder en el país. Por eso apuesta a la aparición de una vacuna a la que no parece que vaya a tener acceso, al menos no con la “prioridad” que se mencionaba hace unas semanas.

Además, con el FMI auditando las cuentas nacionales antes de firmar un acuerdo, que el gobierno ansía para principios del año que viene, la desesperación consiste en mostrar que el país puede mejorar en términos económicos y que podrá hacer pasar el ajuste del Presupuesto 2021, en particular sobre el sistema sanitario.

El descontento social creciente, la inflación galopante y la presión devaluatoria están detrás de esta constante improvisación. Es una combinación que deja incómodo a Alberto Fernández, cuando comienza la cuenta regresiva hacia las elecciones de 2021.

 

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