El reporte diario de contagios del partido platense tuvo este jueves 23 la cifra récord de 153, en el marco de un ascenso exponencial de la curva, que en solo 15 días sumó 1.111 contagios. A la fecha, alcanzan en total los 2.325 infectados. A la par, ha crecido la ocupación hospitalaria, quedando algunos de los principales nosocomios del Gran La Plata, tanto públicos como privados, casi al 100% de su capacidad.

El intendente Julio Garro, a su vez, ha habilitado en la última semana la apertura de más de 4.500 comercios de actividades no esenciales, lo que ha derivado en otro aumento de la circulación como se puede observar en el centro platense, en las principales vías de comunicación y en el transporte público, repleto en horas pico.

Esta política municipal de levantamiento de la cuarentena, reforzada con el aval del gobernador Axel Kicillof para que las intendencias no necesiten de su autorización para habilitar actividades, es caldo de cultivo de nuevos miles de contagios de Covid-19. Se da en medio de las bajas temperaturas de invierno, época donde ya es común el aumento de contagios de enfermedades respiratorias y la consecuente ocupación total de las camas de terapia intensiva en los hospitales de la región.

Según los informes de los hospitales y clínicas privadas, Ipensa esta “a sala completa”, el Hospital Italiano tiene 40 internados, el Instituto Médico Platense 20 y el Instituto del Diagnóstico 29, quedando supuestamente casi al límite (El Día, 23/7). Aunque podemos sospechar que informan una mayor cantidad de pacientes, para no ser forzados a atender otros sin cobertura social ante un colapso del sector público, es un llamado de atención para el gobierno provincial, dado que el 79,1% de los casos acude a la atención del sector privado, tanto por obra social como por prepaga.

La ocupación de los hospitales públicos, según el Ministerio de Salud de la provincia, aumentó en las últimas dos semanas un 35%. En la ciudad, a principio de junio las camas estaban al 48,77% cuando los contagios eran el 10% de lo que son hoy. Si bien no hay informes oficiales sobre la situación actual de la ocupación de las mismas, los números previos dan cuenta de que el sistema público está al límite, sumado a que en varios distritos del conurbano la ocupación ha llegado al 100% y que la ciudad es un sector de derivación. También se han comenzado a ocupar los centros de aislamiento para pacientes de Covid-19 “leves”.

La amenaza del colapso sanitario se va materializando con las medidas que vienen tomando el intendente de Juntos por el Cambio y el gobernador bonaerense, contrarias a defender una estricta cuarentena, que ya poco queda de ella y que era una de las pocas medidas aplicadas para enfrentar efectivamente la pandemia.

Las decisiones de ambos gobiernos responden a la quiebra del municipio y la provincia y no a cuidar la salud de lxs trabajadores. Se deberían destinar recursos a un seguro al parado de 30 mil pesos, a reforzar los salarios y jubilaciones y el sistema de salud, como también atender las problemáticas habitacionales y la crisis por desabastecimiento de los servicios básicos para que la gente pueda quedarse en casa. Por el contrario, la prioridad para el gobernador y el intendente es, por un lado, disponer de los recursos para el pago de la deuda pública, contando con ello con el apoyo de Juntos por el Cambio; y por el otro habilitar industrias no esenciales -respondiendo a la presión de los grandes capitalistas- y el rubro de comercio no esencial, ya que no ofrecen ninguna respuesta para la olla a presión de los pequeños comerciantes -de los que ya se han fundido unos 500, aumentando la desocupación en la región.

Es urgente la vuelta a una cuarentena estricta, que debe ser garantizada además con la cancelación de los pagos de alquiler, impuestos y servicios a toda la población sin ingresos o ingresos de subsistencia. También la centralización del sistema de salud para ponerlo al servicio de la salud de las familias trabajadoras, bajo una planificación que responda a esta necesidad. Es evidente que el financiamiento debe partir del no pago de la deuda y de un impuesto extraordinario a las riquezas de las grandes fortunas de la región, principalmente a las grandes inmobiliarias como Dacal, Moragues y Building, e industrias. Por otra parte, debe avanzarse en una salida a los cortes sistemáticos de los servicios básicos, que tienen de rehenes a más de 200 mil personas, con la expropiación bajo control obrero de las empresas proveedoras.

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