El alza de precios en el mercado de medicamentos es un fenómeno que golpea el bolsillo de trabajadores y jubilados en una esfera determinante como lo es la salud. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) reconoció que en 2021 los medicamentos aumentaron por encima de la inflación (51,9%). Los datos del Ceprofar remarcan que “en lo que va de 2022 (hasta abril), los medicamentos acumularon aumentos del 20,5%, y los más utilizados subieron por encima de la inflación”.

El farmacéutico es el tercer sector por el valor agregado industrial que genera, detrás del petróleo y del hierro y el acero. En Cilfa confirman que 20 laboratorios (sobre más de 250) nuclean el 70% del mercado farmacéutico. Esa concentración del mercado en pocos laboratorios ejerce un gran control, por parte de los grandes laboratorios, en la cadena de producción y comercialización, y son los que cuentan con el poder de liquidar a la competencia con lo que se llama “fuerza de marca” mediante los visitadores médicos, un recurso caro que implica regalos y beneficios a aquellos profesionales que receten sus medicamentos, y que deja por fuera del mercado a los laboratorios más chicos. A esto se suman los acuerdos con farmacias, prepagas y obras sociales, que vehiculizan estos sobreprecios y márgenes de ganancias por parte de los monopolios farmacéuticos con el afán de sacar una tajada.

Los medicamentos que internacionalmente se consideran genéricos son los que aparecen cuando ha caído la patente del innovador y el producto puede empezar a producirse en su versión genérica. Lo esperable en ese momento es que la salida al mercado de un fármaco “similar” (o “copia”) baje el precio del producto, postulándose como los más accesibles para la población. Pero sucede que poseen precios similares a los medicamentos originales lo que, sumado a un contexto de amplias magnitudes inflacionarias, pone en riesgo la preservación de la salud de miles de trabajadores y jubilados. Dado que el salario mínimo actual es 38.940 pesos (315 dólares) “una persona, con los descuentos por prepaga u obra social, adquiriría tan solo 53 unidades de medicamentos ‘tipo’ y, si esa persona no tuviera ningún descuento, estaría en una desventaja de compra de más del 70%”(Clarín, 25/5).

Además, la Anmat no exige la prueba de bioequivalencia que evalúa al medicamento “copia” con respecto al producto de referencia, lo que conlleva un enorme riesgo físico. De esta forma, los laboratorios ponen a circular medicamentos que no han sido probados en humanos, se ahorran el estudio y los fármacos genéricos se venden como medicamentos originales, lo que promueve el alza en sus precios. Por este motivo, una parte de la industria farmacológica presenta resistencia al crecimiento del mercado de genéricos.

Esto demuestra el fracaso de la Ley de Genéricos sancionada en 2002, cuya autoría corresponde al entonces ministro de Salud, Ginés González García. Dicha norma establecía que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique” con el supuesto fin de terminar con la especulación de precios. Lejos de esto, se ha monopolizado aún más la producción y distribución de los medicamentos y las remarcaciones de los precios son sistemáticas.

Esta dinámica también quedó avalada con el transcurso de la pandemia, donde el Estado les ha otorgado grandes beneficios a los pulpos farmacéuticos permitiendo este tipo de manejo con los precios, mientras la mayor carga impositiva recae sobre la masa laboriosa del país, y es la que continúa pagando la crisis.

Se debe reclamar la apertura de los libros de las empresas y laboratorios productores de medicamentos, de manera que se pueda evaluar cuáles deberían ser sus precios, y salarios y jubilaciones igual a la canasta básica. A su vez, centralizar el sistema de salud de manera que se pueda analizar con qué recursos se cuentan y cuáles son escasos, optimizando el uso de los mismos y garantizar el acceso de toda la población a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

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