Las cifras que arroja el mapa de casos de Covid-19 publicado por el Ministerio de Salud bonaerense son realmente alarmantes en el distrito de Avellaneda. Permaneciendo entre los municipios más afectados de la Provincia de Buenos Aires, los casos confirmados superan los 2.700, mientras que los tests realizados al momento son 7.600. Según el último censo del Indec, la población avellanedense ronda las 342 mil personas, por lo que solo el 2,2% de los habitantes fueron testeados. Una cantidad realmente irrisoria para una pandemia que tiene entre sus puntos fuertes de propagación que puede no presentar síntomas en el 50% de los casos.

Sin embargo, el hecho más preocupante es que el 68% de los positivos son de circulación comunitaria. Esto tiene un trasfondo que es imperioso desmenuzar.

 

Ya de por sí, en los últimos días trascendió el caso de la panadería La Segunda San Martín, perteneciente a la cadena de restaurantes Pertutti. La misma, radicada en Crucecita, se convirtió en un foco de contagios por el incumplimiento de un protocolo mínimo de prevención e higiene. Hoy por hoy al menos la mitad de su planta laboral, lo que equivale a 26 trabajadores, son casos confirmados. Una trabajadora denuncia que fue obligada por la patronal desde un primer momento a seguir desempeñando tareas de producción de panificados y atención al cliente, pese a haber presentado síntomas como dolor de garganta y de cabeza. Cuando el caso fue confirmado, fue despedida sin mayores explicaciones y el establecimiento continuó abierto sin control alguno por parte del gobierno municipal de Jorge Ferraresi.

Para muestra un botón, este caso pone de relieve una realidad que empieza a acrecentarse fundamentalmente en el Amba, y es que los distintos gobiernos ceden cada vez más ante la presión patronal para reabrir comercios y fábricas y continuar la actividad productiva y económica. En la mayoría de los casos, sin ningún tipo de control a las condiciones en la que numerosas actividades para nada esenciales retoman tareas. Esto lógicamente explica la enorme composición de casos de circulación comunitaria.

Dentro del sistema de salud pública en el Municipio, la situación se ha vuelto absolutamente crítica. Así lo prueba, por ejemplo, la crisis terminal del hospital Fiorito, que es de cualquier forma un fiel reflejo del sistema sanitario bonaerense. EPP en mal estado, o no aptos para uso médico, licencias negadas a trabajadores en condición de riesgo, ausencia de productos sanitizantes y una saturación precoz de las instalaciones son algunos de sus ingredientes. Esto explica que más del 70% de los pacientes se atiende por prestación de las obras sociales, dificultando incluso una recolección certera de datos, dado el hermetismo con que se rigen las clínicas privadas. Sin embargo, algunos elementos se replican –no necesariamente por vaciamiento, sino por desidia patronal, como es el caso de la clínica Nuestra Señora de la Dulce Espera en Sarandí.

Otro de los puntos clave es el rango etario de contagios. Comprendido fundamentalmente entre la población en edad laboral, tiene dos aristas que es necesario visibilizar. En primer lugar, implica a los trabajadores convocados a volver a sus puestos, en la mayor parte de las veces, de tareas prescindibles, sin que se les garanticen elementos de protección. En segundo lugar, las enormes capas de trabajadores informales, changarines y desocupados, que deben salir a rebuscarse el día a día ante la insuficiencia del IFE y la multiplicación de los despidos y las suspensiones. En este mismo sentido se inscribe la militarización de Villa Azul ante el crecimiento de los contagios, una de las barriadas más precarias desde las condiciones sociales hasta las habitacionales del municipio. A la par se destaca el abandono de todos los asentamientos precarios y villas de Avellaneda, donde el hacinamiento, la falta de acceso al agua y/o elementos de higiene también conforman un cuadro explosivo para el avance del Covid-19.

Inclusive es en muchas ocasiones el propio municipio liderado por Ferraresi el que siembra las bases para la gran explosión de contagios que empezará a acrecentarse en las próximas semanas. Apenas iniciada la pandemia, el intendente quedó en el ojo del huracán por mantener en funcionamiento tareas para nada esenciales como pintura de escuelas y calles, incluso en ausencia de elementos básicos de protección como pusieron de relieve entonces los trabajadores del corralón municipal. En la misma línea se ubican los despidos y los ataques a los docentes municipales.

Para detener la escalada de contagios en un municipio sumamente comprometido, es menester más que nunca desenvolver a fondo un programa propio de los trabajadores. El detenimiento de las actividades no esenciales sin afectar el salario y garantizando todos los puestos de trabajo, así como de un seguro al desocupado de no menos de $30.000 son las condiciones indispensables para detener la circulación del virus ante estas alarmantes cifras. Por su parte, la inmediata centralización de todo el sistema de salud y su dotación de recursos a través de un planteo integral de no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, tal cual plantea el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, son la única vía de evitar la catástrofe social y sanitaria que se avecina.