El crecimiento de los contagios a números que recuerdan a la segunda ola de coronavirus despertó tensiones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia y las obras sociales y prepagas por el colapso en los testeos. Según el Ministerio de Salud porteño, la Ciudad realiza 1 de cada 3 tests del país y 1 de cada 3 personas que toman la prueba en el sistema vive en otras jurisdicciones. Ninguno quiere hacerse cargo de aumentar la capacidad de testeo, fundamentalmente porque están comprometidos con el ajuste sobre el sistema de salud.

Durante la jornada de ayer se dieron 20.263 contagios con una positividad de 28,72%. Siete días atrás era 10%. El crecimiento del virus es exponencial, y la incapacidad del sistema de testeos actual para encontrar a todos los positivos pone en riesgo a toda la población. Para sumar, los epidemiólogos calculan que “los peores meses de contagio” serán febrero y marzo, por lo que es probable que los números durante ellos rompan los récords de casos históricos del país.

El aumento de la demanda no solo llevó a las largas filas que se vieron esta última semana sino también a una sobrecarga laboral de los profesionales en las postas. Esto ocasionó episodios de violencia cuando un paciente que no conseguía turno para testearse golpeó a un médico del Hospital Santojanni. La escasez de personal es uno de los problemas centrales, especialmente después de que el gobierno de la Ciudad despidiera a miles de ellos durante los meses de descenso de casos y desmantelara las unidades de testeo móviles en los barrios -las cuales tuvo que volver a poner en pie por la avalancha de casos, pero en menor cantidad.

En sintonía con el gobierno porteño, el gobierno nacional anunció que no será necesario testear a quienes tengan un contacto estrecho y se encuentren con síntomas, sino que directamente se darán como positivos. La estrategia supuestamente es para “distender” el sistema de testeos, pero en realidad esconde la flexibilización de los protocolos de aislamiento de los contagiados, lo que abre la puerta a que las empresas obliguen a los trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo por ser casos estrechos asintomáticos sin confirmación con una prueba positiva. Lo cierto es que si el gobierno busca distender los testeos tiene que anunciar el aumento en la cantidad de postas y en el personal, no sin antes aumentar el salario de sus trabajadores.

Desde que comenzó la pandemia se sabe que Argentina testea poco. Casi dos años después, cuando comienza la tercera ola, en vez de solucionar el problema quieren considerar como positivos a personas sin testear. Así, además, dejaremos de tener estadísticas creíbles.

— Gabriel Solano (@Solanopo) December 27, 2021

En la provincia de Buenos Aires el panorama no dista mucho. La falta de información sobre dónde testearse y la escasez en la cantidad de postas empuja a los bonaerenses a testearse en la Ciudad. Además, muchos de ellos trabajan y se atienden en CABA, por lo que tiene sentido que puedan testearse donde mantienen su vida cotidiana.

La denuncia también es hacia las obras sociales y prepagas. Desde el 2020 están obligados a cubrir la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de coronavirus, lo que incluye tests de diagnóstico, traslados, medidas de aislamiento e internaciones. Sin embargo, utilizaron todo tipo de maniobras para escurrirse de brindar dichos servicios mientras el gobierno miraba para otro lado y permitía el aumento de las cuotas en cuatro oportunidades durante este año. No solo eso, sino que las patronales de la medicina privada aprovecharon para recortar servicios y cerrar hospitales sin que haya ni un mínimo de inversión que permita mejorar la calidad de atención.

Ninguno tiene como prioridad la salud de la población; el compromiso es con el ajuste. Caso contrario se dispondría de presupuesto para aumentar los testeos y disipar las largas filas, además de la contratación de más personal para evitar la sobrecarga de los trabajadores.

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