La Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares estableció un aumento para el sector del 42% en 4 cuotas, la última a cobrar en marzo de 2022. El aumento por encima del salario mínimo (pautado en 35%) se explica en que más de 1 millón y medio de trabajadoras hoy en día se encuentran por debajo de la línea de la indigencia, obteniendo un salario bruto de 22.765 pesos. Con esta actualización salarial por detrás de la inflación estimada, estas mujeres recién llegarán a cobrar poco más de 30 mil pesos en marzo de 2022 y para entonces la inflación nuevamente habrá pulverizado el disminuido salario.

Algunos medios destacaron que es el aumento salarial más alto del año, lo cual no es cierto (SUTNA 54%), pero lo importante es que las trabajadoras están pidiendo aumento del 100% porque sus salarios están por debajo de la canasta básica de indigencia que al último semestre de 2021 era de $21.572. Con esta pauta salarial acordada, el gremio nunca saldrá de la línea de indigencia.

Por primera vez en 8 años desde que se aprobó el régimen especial para el sector, la Comisión además reconoce la antigüedad y el plus por zona desfavorable de este grupo de trabajadoras, algo largamente reclamado. Es difícil no asociar las movilizaciones de trabajadoras que están creciendo desde el año pasado y la creciente organización como factores fundamentales para que el gobierno finalmente entregara este derecho negado.

Sucede que en esta actividad rige un “régimen especial” que deja al sector por fuera de la ley de contrato de trabajo y hasta ahora no tenían acceso a un beneficio básico como el resto de los trabajadores.

El reconocimiento de estas bonificaciones representa un aspecto a subsanar en lo relativo a la discriminación que sufren en el campo laboral. Estas trabajadoras no tienen el mismo derecho que otrxs a litigar, ni al acceso a la salud, ni a la jubilación.

Por otra parte, una vez el gobierno cerró la boca sobre la cantidad de desocupadas que hay en el sector, que fueron despedidas estando sin registrar y registradas, y a las que le corresponde un seguro de desocupación. Ni los sindicatos presentes en la Comisión ni el Estado tomaron nota de esto.

Finalmente es importante registrar que no se estableció ningún tipo de medidas tales como reclamar inmediatamente una moratoria especial para el sector, que debe ser costeada por empleadores e impuestos a las grandes fortunas, para que miles de trabajadoras puedan
acceder a su jubilación.

Lo más grave es que, según versiones de la vocera del principal gremio del sector, UPACP, el gobierno habría justificado no aumentar más planteando que había una retracción en el registro de trabajadoras. El gobierno, en vez de establecer mecanismos para reducir las arbitrariedades, en vez de registrar a las trabajadoras que ya tiene inscriptas en el IFE, en vez de poner fin al fraude laboral en el sector, propone que se mueran de hambre las trabajadoras, y, los sindicatos del sector, o sea la CGT, lo acepta.

Quienes dicen gobernar con perspectiva de género sistemáticamente dan la espalda a estas mujeres, en su mayoría jefas de hogar, que vieron un empeoramiento en sus condiciones laborales y de vida como consecuencia de la pandemia. Se calcula que el 60% perdió su trabajo (datos UTDA y Ecofeminita), recibieron cobros por debajo de sus ingresos regulares y han sido objeto de todo tipo de atropellos por parte de los empleadores. La respuesta ante esto fue la eliminación del IFE a fine del año pasado, el único ingreso extraordinario que apenas funcionaba como un paliativo frente a la crisis, y su reemplazo por aumentos miserables en la tarjeta alimentar.

El gobierno sigue sosteniendo el sistema discriminatorio laboral y además no resuelve el problema de la informalidad, que tiene al 75% en esa condición, pese a contar con el listado de todas las trabajadoras que se anotaron para recibir el IFE. Afip eligió el mismo camino que el macrismo, emitir una intimación a grandes contribuyentes que claramente tienen personal doméstico no registrado. Más que esto no han hecho nada.

 

Ante este cuadro la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, avanza en la construcción de un sindicato propio que ponga en primer plano los reclamos y reivindicaciones del sector. Esta es una de las principales conclusiones del masivo II Congreso del Plenario de Trabajadoras donde participaron miles de trabajadoras de todo el país relatando sus experiencias, elaborando un plan de lucha para esta etapa y un programa común.

En esta línea, las TCP acompañarán la movilización del viernes 18/6 del movimiento piquetero contra la desocupación y el hambre, uniendo fuerzas en la lucha contra el ajuste del gobierno nacional y levantando el reclamo del aumento del 100% del salario, los protocolos para prevenir el contagio y el trabajo bajo registración para todas, la vacunación masiva, un seguro al desempleo de $40.000 y la reincorporación de todas las despedidas. Asimismo, la jubilación adelantada y el derecho a una moratoria a cargo de los patrones y el Estado para que quienes trabajaron toda la vida puedan percibir un haber.
¡Trabajadoras, no esclavas!