Según los informes presentados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), las muertes por Covid-19, reconocidas por las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) se habrían incrementado un 17% en la última quincena, con un total de 1.701 trabajadores fallecidos.

Esta conclusión parte de analizar los datos publicados el 28 de mayo con los correspondientes al informe previo del 14 del mismo mes, mostrando un salto en los casos mortales de 1.435 a 1.701 trabajadores.

Por otra parte, también alarma el crecimiento en los casos de contagios reconocidos, que habrían ascendido en un 8,3% en los últimos 16 días, pasando de 319.013 a 345.242 contagios (26.526 más) en lo que va de la pandemia (Tiempo, 30/5).

Estas cifras, aunque preocupantes, presentan un cuadro sesgado de la realidad, ya que implican solo los casos reconocidos y denunciados ante las ART, dejando por fuera miles de situaciones no contabilizadas.

Para acceder a esta cobertura, son los propios trabajadores quienes cargan con la obligación de demostrar que el contagio se produjo en el lugar de trabajo –o camino a el-, carga que solo se invierte en caso de presentarse condiciones excepcionales.

También cabe mencionar que muchas actividades no se encuentran contempladas en el marco de las ART. Tal es el caso del trabajo no registrado o de modalidades de contratación precarizadas donde los trabajadores no cuentan con cobertura. Desde distintos gremios denuncian que los casos de contagios y muertes son aún mayores, pero que muchos no son declarados como tales.

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El informe de la SRT arroja que el salto en los fallecimientos se acentúa con fuerza en la industria (25,2%), comercio (26%), construcción (20%) y transporte (18%), entre algunos de los más destacados (Ídem).

Esta situación cuestiona el relato del gobierno nacional, desde donde se niega la incidencia de la actividad laboral en la propagación del virus y en sus efectos mortales.

Las cifras son el respaldo del reclamo de distintos sectores obreros que, en el último periodo, vienen protagonizando acciones y medidas para exigir ser integrados entre las prioridades del cronograma de vacunación contra el Covid-19.

Que las vacunas impactan sobre la mortalidad del Covid lo demuestra el sector de salud, donde más se ha avanzado en esta materia. Los casos fatales solo acusan una diferencia de 9 casos, pasando de 163 a 172.

El compromiso del gobierno de vacunar a los trabajadores del transporte aún está en pañales, ganando tiempo en la presentación de los “listados” por gremio. Actividad infructuosa si se destaca que el Estado ya cuenta con la información necesaria –cruzando datos de distintas dependencias- para proceder a una vacunación inmediata. Lo que les falta son vacunas.

Además este método no está exento de ser manipulado por los propios burócratas sindicales, como ya se denuncia en la UTA donde se dejaría por fuera de los listados a quienes no tributen en la obra social del gremio.

Otro punto que a desnudado su fracaso es el de los protocolos sanitarios elaborados y controlados por las patronales, los cuales suelen ser la coartada para que los capitalistas pueda producir sin presiones adicionales por parte del Estado. Se ha demostrado que en lugares con aplicación de estos protocolos los contagios siguen siendo masivos, como el caso de Acindar Villa Constitución.

Esta situación vuelve a poner de relieve la necesidad de que solo se convoque a trabajar al personal estrictamente esencial, el cual debe ser vacunado inmediatamente para no colocar su vida en riesgo. Para esto es necesario garantizar la provisión de vacunas, comenzando con la intervención del laboratorio de Hugo Sigman, para cumplir con la inmunización de los trabajadores. Estos son reclamos que el movimiento obrero viene desarrollando y que se multiplicarán conforme se agrave la crisis.

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