Las conducciones de los gremios estatales de la provincia, entre ellas las de docentes (Uepc) y empleados públicos (SEP), se reunieron en la CGT para acordar los términos con los que encarar la discusión salarial en la inminente paritaria. El gobierno aún no ha convocado oficialmente a los gremios, pero con una inflación que superó en más de 10 puntos el incremento salarial promedio de 25% que tuvieron los estatales repartido a lo largo de todo el año pasado, no es difícil vaticinar un escenario conflictivo para las negociaciones.

El retraso no es menor considerando que docentes y estatales se hunden cada vez más por debajo de la pobreza y el salario se destina en buena medida a alimentos y bienes de primera necesidad, rubro en el que el aumento de los precios es aún mayor. La burocracia intenta salir al cruce de esta posible conflictividad y argumenta que irá por lo perdido, entre un 8% y un 10%. Buscan establecer una negociación en el terreno del gobierno y desplazan el reclamo salarial del norte preciso que establece la necesidad de sacar a los trabajadores de la pobreza.

El eje que establecen las conducciones sindicales de recuperar lo perdido adelanta la entrega del salario. Incluso el monto planteado entre el 8 y el 10% queda minúsculo si uno lo contrasta con el aumento de los alimentos que sólo en el mes de diciembre pasado fue del 7,12% en la provincia. Si a eso se suma el índice de Precios al Consumidor de enero que fue del 5,82% en Córdoba, el monto que establece la burocracia no cubre siquiera la inflación de esos dos meses. La estrategia de la conducción celeste apunta a evitar la intervención de las y los trabajadores para sostener la negociación dentro del horizonte de expectativas del gobierno y lejos de las necesidades y el programa de docentes y estatales.

Resulta que con un inicial de $39.700, que incluye además los fondos del Incentivo Docente (Fonid) que paga nación, y una canasta de pobreza que se ubica, según el Indec, por encima de los $54.200, la docencia en Córdoba está cada vez más lejos de ser pobre y se  acerca más a la indigencia. Asumir la orientación de “recuperar lo perdido”, postura que pone el reclamo en el orden del 8 y el 10%, tal como acordó la burocracia sindical, implica condenar al salario no ya a estancarse en este nivel paupérrimo, sino sobre todo a seguir perdiendo frente al aumento irrefrenable de los precios.

 

 

El acuerdo de la CGT, del que ha sido parte la Uepc de Juan Monserrat y compañía sin ningún mandato que lo avale, despega definitivamente el salario del problema de la subsistencia del trabajador y lo pone en el orden de las especulaciones financieras del gobierno. Esta orientación significa aceptar que se puede educar con docentes pobres así como curar con médicos y enfermeros pobres. Con la miseria del salario, tanto el gobierno como la burocracia sindical condenan al sistema educativo a la pobreza, en lo que resulta entregar a docentes, estudiantes y familias a las garras de la pandemia.

Se impone la necesidad de la intervención de los docentes y las escuelas para instalar los reclamos y el programa de la comunidad educativa frente a las condiciones de la vuelta al aula de manera segura, garantizando salario, infraestructura y condiciones sanitarias. No se puede aceptar la pobreza y la degradación del salario como la norma para abordar las paritarias, como tampoco puede permitirse la presencialidad a como dé lugar, con protocolos impracticables, sin vacunas y con la exposición de la salud de docentes, comunidad educativa y sus familias.

El horizonte de alcanzar la línea de pobreza establece la necesidad del reclamo de un 50% de aumento junto con un programa que establezca la designación de todo el personal necesario en las escuelas, el respeto al estatuto docente y la garantía de todas las condiciones necesarias para la vuelta a la presencialidad. Uepc debe convocar inmediatamente a asambleas de escuela y de delegados para establecer este programa que es la base para la defensa de la escuela y la educación. Este 12 de febrero, un Plenario de la Docencia se ha convocado para desarrollar este camino y promover la intervención y movilización de la docencia, los únicos medios para garantizar el programa de las escuelas.

El Congreso Nacional de Tribuna Docente del próximo 20 y 21 de febrero se propone organizar una dirección para el activismo docente que lucha de forma en todo el país por la defensa del salario, las condiciones de trabajo y la educación.

 

https://prensaobrera.com/politicas/apuntan-contra-los-salarios/

 

 

https://prensaobrera.com/sindicales/un-acuerdo-de-precios-y-salarios-contra-los-trabajadores/