A una semana del anuncio unilateral, sin siquiera un diagnóstico de la situación de las escuelas, por parte del gobierno de Juan Schiaretti sobre la vuelta a la actividad presencial luego del receso, la conducción sindical docente de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) salió a hacerle la segunda voz y acompañar su decisión. Los anuncios del gobierno contemplan una hora más de jornada escolar a pesar de que la situación en la provincia no deja de ser crítica; la aparición de nuevos casos diarios se mantiene en el orden de los 3.000 y los muertos por Covid en Córdoba llegaron a 4.541.

Además de tardío, el comunicado de la conducción de Uepc representa una absoluta impostura. Después de haber repetido insistentemente que no correspondía una intervención gremial por cuestiones sanitarias, la burocracia pretende birlar un programa que le fue ajeno y que le correspondió exclusivamente al activismo, referido a cuáles son las condiciones indispensables que se deben cumplir para poder asegurar la actividad presencial. Intenta encubrir su complicidad con la política antisanitaria del gobierno. El primer punto de su comunicado plantea que para que sea posible la presencialidad se deben verificar “las condiciones sanitarias adecuadas (500 contagios por cada 100.000 habitantes en el promedio de los últimos 14 días) y la ocupación de camas de críticas” (comunicado de Uepc: “Acerca de la vuelta a la presencialidad desde el 26 de julio”), cuando esta exigencia fue promovida por las autoconvocatorias y el Plenario de las escuelas y estuvo completamente ausente del planteo de la burocracia que entregó al gobierno sin cuestionamiento alguno la total autoridad en la decisión y en la implementación de la política sanitaria y de la presencialidad criminal en las escuelas.

Todo el proceso de reclamos y lucha de la docencia por las condiciones para trabajar en las escuelas y luego por la suspensión de la presencialidad no pasó por la conducción de la Celeste, sino por la intervención independiente de las escuelas y docentes, por las acciones autoconvocadas y por la organización que se materializó en el Plenario provincial de escuelas. Cuando la conducción alardea de asumir un punto programático que es contrario a su orientación lo que intenta hacer es bloquear este proceso de organización y acudir en su propio rescate como burocracia sindical. Por eso no hace ni siquiera el amague de plantear ninguna medida de acción o plan de lucha y con esto vuelve a entregarle incondicionalmente al gobierno todo poder de decisión en torno a la presencialidad escolar y a la seguridad sanitaria de docentes, estudiantes y familias. Sin plan de lucha no es posible lograr que la presencialidad escolar responda a las condiciones sanitarias “adecuadas”, sino que será simplemente parte de la campaña electoral del gobierno, poniendo en juego la salud de la comunidad educativa. Los anuncios de la presencialidad no vienen acompañados de la restitución de las viandas calientes y comedores en las escuelas. Es nada menos que un gesto despiadado, detrás del cual está el fracaso de la virtualidad por responsabilidad entera del gobierno que no garantizó ni dispositivos ni conectividad a docentes y estudiantes.

La conducción de Uepc asume “que nos comprometemos a llevar adelante la readecuación curricular, poniendo en marcha la evaluación formativa y cualitativa, para que el ciclo escolar retome la normalidad que todas y todos esperamos”. Con esto le da la derecha al gobierno en la reforma educativa de hecho que está imponiendo en las escuelas y pretende poner a los docentes atrás de esta reforma. El gobierno viene gestionando de facto el sistema educativo a través de memos unilaterales del Ministerio, la Secretaría de Educación y las direcciones de nivel, todos los cuales desconocen cualquier vigencia de los estatutos docentes. Desde marzo del año pasado se han eliminado las designaciones de titularidades en las escuelas de la provincia. El último memo de la Dirección General de Educación Secundaria plantea no solamente la bimodalidad y el incremento de las horas presenciales, sino una sobrecarga laboral y la tarea de dar clases de tutorías a los preceptores. Todo por el mismo sueldo.

El salario

El salario es justamente el gran ausente en el comunicado que emitió la conducción de Uepc. Con una inflación en Córdoba que llegó al 22,87% en lo que va del año y siendo que los salarios docentes apenas han visto hasta ahora un 14% repartido en tres cuotas, el retraso salarial es flagrante. Y se hace más evidente si uno considera que ese porcentaje se aplica sobre un salario absolutamente empobrecido que con todo eso sumado apenas llega hoy a los 50 mil pesos, muy por debajo de la pobreza y de las necesidades de una familia para cubrir su canasta básica.

La burocracia de Uepc firmó un acuerdo que fijó una pauta salarial de 35% (dividido en cinco cuotas) para todo el año, a pesar del rechazo de las escuelas con la conciencia de que la inflación se ubicaría muy por encima de esa cifra. Muchos gremios ya están cerrando hoy acuerdos que están 10 puntos por encima del acuerdo salarial de los docentes, que ha quedado entre los peores de la provincia. El acuerdo establecía una cláusula de revisión para noviembre. El Sindicato de Empleados Públicos del oficialista José Pihén fijó la perspectiva de la misma cifra que Uepc, pero firmando solo un 17,5% por 6 meses y con una negociación en la mitad del año. Ahora, la conducción de Uepc plantea adelantar la revisión para septiembre, en palabras del propio secretario general, Juan Monserrat, “para llevar tranquilidad a nuestros afiliados” (La Voz del Interior, 2/7). Es decir no es la recomposición del pulverizado salario docente lo que le importa, sino que lo mueve la necesidad tanto para él como para el gobierno, de evitar cualquier reacción de lucha de la docencia. Pretende una negociación sin lucha que permita allanarle el camino al gobierno en su batalla electoral.

Preparar la intervención de la docencia

Ni la lucha contra la presencialidad antisanitaria del gobierno, ni el reclamo salarial que permita sacar a la docencia de la pobreza pasan por la política de la conducción de Uepc que está alineada en todo con el gobierno de Schiaretti. Es necesario continuar desarrollando el camino de intervención independiente que viene haciendo la docencia con las autoconvocatorias y acciones zonales y regionales y que encontró un canal de organización en el Plenario provincial de escuelas. El conjunto de la oposición, las y los delegados y el activismo docente debe preparar esta intervención e ir a una nueva convocatoria al Plenario de escuelas para enfrentar la vuelta a la presencialidad y encarar la lucha salarial.

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