Con las firmas de Javier Milei y Nicolás Posse (Jefe de Gabinete), se publicó el decreto que establece el despido de 7.000 trabajadores ingresantes al Estado nacional en 2023. El decreto excluye a quienes hayan ingresado por cupo trans, discapacidad o que sean “indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción”.

A su vez, renueva todos los contratos (Art. 9 y Decreto 1109) de ingresos anteriores a 2023 solo por 90 días, poniéndolos a revisión: deja planteada la posibilidad de otros 70 mil despidos el próximo 31 de marzo.

También se renovó el Decreto 426/2022, firmado bajo la fugaz gestión de Silvina Batakis, que estableció el congelamiento del ingreso al Estado hasta el 31 de diciembre de 2023. Como se ve, Milei se apoya en el ajuste y en la precarización laboral que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Este plan de despidos en etapas, tiene un doble objetivo: dividir a los estatales y evitar una reacción unificada; y desviar la discusión paritaria para que el condicionante permanente de los despidos permita hacer pasar la licuación del salario por el impulso hiperinflacionario de la devaluación.

Los sindicatos

UPCN no ha rechazado los despidos. Por el contario, Andrés Rodríguez, su secretario general y adjunto de la CGT, se había manifestado previamente a favor de garantizar la gobernabilidad. En la convocatoria a la movilización del 27 de diciembre al palacio de Tribunales, la CGT no rechaza los despidos en el Estado.

ATE viene postergando, no solo las acciones de lucha, sino que fundamentalmente perdió un tiempo valioso para preparar a los estatales: cuando la política del gobierno era elocuente y anunciada en todos los medios, no realizó asambleas ni plenarios para organizar un plan de lucha.

Por el contrario, levantó (en un acuerdo entre ATE Nacional y Capital) la única movilización prevista antes del protocolo para reemplazarla por una conferencia de prensa y solicitar audiencias con el gobierno. Finalmente, la “jornada nacional de lucha” del último viernes fue reducida a otra concentración exprés, cuyo elemento común fue que deliberadamente buscó que la base estatal no se movilice. Para la jornada del 27, ATE Nacional declara otra “Jornada Nacional de Lucha con Paros, Asambleas y Movilizaciones” cuando no garantiza ninguna de las tres.

Organizar e impulsar la lucha por abajo

En cada organismo, es fundamental convocar reuniones y asambleas, para movilizarse y organizar el paro y la ocupación de todos los lugares de trabajo donde se produzcan despidos. Es lo que promueven las Juntas Internas del Ministerio de Economía y el Hospital Garrahan.

La movilización del próximo 27 de diciembre es una oportunidad para movilizar a toda la base estatal y debe concentrar los reclamos del momento: el paro activo nacional para voltear el DNU, ningún despido, el rechazo al protocolo antimanifestación y la reapertura general de paritarias.

Hay que unificar la lucha, por el salario y contra los despidos. ATE debe convocar a una asamblea general de afiliados y no afiliados, para votar un plan de lucha con paros y ocupaciones de los ministerios. El camino es la organización y la acción directa de los estatales.

https://prensaobrera.com/sindicales/vamos-a-la-marcha-de-la-cgt-a-reclamar-paro-activo-y-plan-de-lucha

https://prensaobrera.com/sindicales/enfrentemos-la-reforma-laboral-antiobrera-y-por-decreto-de-milei