El gobierno de Ibarra acaba de sancionar un “decreto reglamentario” de la ley de expropiación de Brukman, que se refiere exclusivamente al artículo 8º, que habilita el ingreso de quienes sabotearon la ocupación de la fábrica. Crea el “Registro de Trabajadores de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre”, con “todos los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia (en Brukman)”. La “autoridad de aplicación” de este registro es nada menos que “la Dirección General de Industria y Comercio” del Gobierno de la Ciudad, lo cual transforma a la cooperativa de Brukman en una virtual dependencia del Estado. Después de haber rechazado por “trasnochada”, “anacrónica” e “inviable” la estatización de Brukman, asistimos a una brutal manipulación estatal de la cooperativa obrera.

Rápido en esta “reglamentación”, Ibarra demora, en cambio, la entrega de la fábrica a los trabajadores. Una y otra cuestión están conectadas: las dilaciones apuntan a facilitar el ingreso de los carneros y a convertir a la cooperativa en una “Pyme”.

El abogado Luis Caro conocía, desde el vamos, los planes de Ibarra cuando promovió la cláusula de los carneros. Altamira denunció al artículo 8º como un golpe de Estado. Esta caracterizaciòn ha quedado plenamente confirmada.

Como lo que ocurre en Sasetru y en Zanón, el decreto de Ibarra muestra hasta qué punto el Estado se ha lanzado a liquidar la gestión obrera de las fábricas ocupadas.

¡Abajo el decreto de Ibarra! ¡Soberanía de la cooperativa para decidir la integración de sus miembros! Por la entrega inmediata de la fábrica a sus trabajadores.