La Corte Suprema confirmó el fallo del juez en primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y declaró inconstitucional la ley la expropiación de la fábrica de aluminio Impa.

El fallo sienta un precedente, tratándose de una de las primeras empresas recuperadas en el país. La Justicia objeta el encuadre de la expropiación bajo la figura de "utilidad pública", porque los bienes expropiados han sido destinados "a un mero uso privado" (Ámbito, 27/8). Se trata de una chicana, porque el concepto de "utilidad pública" fue invocado para preservar un recurso productivo objeto de vaciamiento y la preservación del empleo.

El fallo también señala que "la expropiación (no fue) previamente indemnizada", sin importar que lo mismo ha ocurrido con AA-Marsans, ni con YPF-Repsol. O sea que la Corte nacional se apresta a dictar un fallo, en estos casos, en la línea de Griesa. De los vaciamientos de ambas empresas, la Corte no dice ni mu, a pesar de haber ocasionado una enorme crisis del aerotransporte, en un caso, y de la energía, en el otro. Este fallo empalma con una ofensiva más general sobre las recuperadas.

En 2012, Macri vetó por segunda vez la ley que prorrogaba la vigencia de la expropiación de una veintena de cooperativas. El veto deja desprotegidas a 22 empresas recuperadas porteñas, entre ellas Brukman y Grissinópoli. Este fallo le viene procura cerrar el ciclo de las expropiaciones generadas por la bancarrota capitalista y la rebelión popular de 2001.

Los K han bajado el pulgar hace tiempo a las leyes que declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación a empresas vaciadas. Un ejemplo emblemático es el Hotel Bauen. La consigna es el "retorno a los mercados".

La reforma de la ley de quiebras aprobada por el kirchnerismo se inscribe en este esfuerzo. Este nuevo marco jurídico desliga al Estado de de cualquier responsabilidad en los vaciamientos y le tira integralmente el fardo a los trabajadores, quienes quedan a merced del síndico y los acreedores de la quiebra y son rehenes de la deuda contraída por la patronal vaciadora.

Esta cuestión adquiere importancia en relación al desarrollo de la nueva crisis industrial, que se expresa en una triplicación de los concursos y quiebras respecto del año 2012. La "coincidencia" entre oficialistas y opositores se traslada también a la reticencia a otorgar fondos para las empresas recuperadas.

El gobierno K les ha recortado los subsidios, conocido como "línea 1". No actúa así, cuando se trata de los "Repro" para las empresas capitalistas en crisis o para microemprendimientos y coopetruchas cooptadas por el gobierno, donde existe una mano generosa.

La sentencia de la Corte reclama una acción de conjunto de la clase obrera: abajo los vetos de Macri y Scioli y los fallos antiobreros.

Defendamos a Impa y al conjunto de las empresas recuperadas: expropiación definitiva y sin pago de los establecimientos vaciados por sus dueños, que cierran o despidan y su entrega gratuita a los trabajadores. Creación de un fondo compensador para garantizar un salario de convenio. Otorgamiento de subsidios no reintegrables para el reequipamiento y modernización de las plantas, y la apertura de las líneas de crédito ya vigentes que están virtualmente congeladas. Estatización del sistema bancario e incorporación de directores obreros en una banca nacionalizada. Reconocimiento y derecho de afiliación de los trabajadores de las recuperadas en los sindicatos de la actividad donde desempeñan sus tareas.