En una entrevista realizada por La Nación +, la exempleada de casa particular de Victoria Donda, actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), describió la situación de precarización laboral a la cual era sometida por parte de la funcionaria, quien terminó ofreciéndole la renuncia a cambio de un puesto en el Inadi o un plan social.

La trabajadora denunció haber estado en negro durante diez años, sin aumentos, ni aguinaldos, ni vacaciones. A su vez, señaló que “era la multiempleada, hacía de todo, hacía de cocinera, lavandera, jardinera, perrera, cadete, niñera… de todo”. En relación a la jornada laboral que realizaba precisó “veía la hora de entrada pero nunca la de salida”.

Este caso de fraude laboral refleja dos características intrínsecas al Estado: por un lado, que cuando le toca al mismo o a sus funcionarios oficiar de patronal, precarizan a sus trabajadores sin miramientos; y por otro, la naturalización de prácticas punteriles que caracteriza al personal político, en este caso, reflejado en la oferta de un puesto en el Inadi o el acceso a un programa social de manera discrecional.

Lo mencionado anteriormente no sorprende viniendo de parte de la fundadora de una organización como Somos (ex Libres del Sur), cuya pata barrial forma parte del “Triunvirato Cayetano” que se caracteriza por su integración al Estado, y, por lo tanto, el abandono de la lucha por las demandas populares. En este sector, la ausencia de un método asambleario y la designación a dedo de la asistencia social son elementos constitutivos. Finalmente, este tipo de procedimientos no tendría lugar si existiera una universalización de los programas sociales para quienes se encuentran desocupados, tal como reclaman el Polo Obrero y el conjunto de las organizaciones independientes al gobierno.

Lo ocurrido también puso de manifiesto la arbitrariedad a través de la cual se llevan a cabo los ingresos laborales en el Estado, donde muchas veces se prioriza la ligazón con los funcionarios a la hora de contratar personal. Asimismo, son los propios trabajadores del Inadi que encabeza Donda, quienes denuncian que el organismo cuenta con 400 empleados con contratos precarios. El pase a planta permanente de los estatales junto con la creación de una bolsa de trabajo controlada por una asamblea de trabajadores, se vuelve fundamental a la hora de enfrentar esta problemática.

Por otro lado, el discurso feminista que lleva adelante Victoria Donda contrasta enormemente con esta arremetida hacia una empleada que forma parte del gremio más feminizado del país, nucleando a un millón y medio de mujeres (el 22% de las asalariadas). Esta contradicción que aparece a simple vista, encuentra su explicación si reparamos en la naturaleza del gobierno, el cual integra Donda, que reserva para las trabajadoras de casas particulares (TCP) las peores condiciones laborales. Se trata de una gestión que no solo permite que el 76,8% de las TCP se encuentre en la informalidad y que haya habido alrededor de 200.000 despidos en el servicio doméstico durante la pandemia; sino que además, acaba de consolidar una suba salarial que condena a la indigencia a todo el sector, estableciendo ingresos mensuales de $23.000 promedio.

Como vemos, la perspectiva de género de la cual hacen gala las funcionarias gubernamentales se disuelve cuando la orientación de clase de las mismas las lleva a hundir en la miseria a las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, resulta necesario que las empleadas de casas particulares profundicen su organización y su lucha para obtener mejores condiciones laborales. El aumento del 100% del salario, la reincorporación de las despedidas y el trabajo bajo registración para todas son reclamos que deberán conquistarse en la calle.