Es enero y los conflictos docentes por incumplimientos de los acuerdos salariales de parte de los gobernadores en varias provincias anuncian un inicio de ciclo lectivo conflictivo.

En Catamarca, los gremios Ateca, Sadop y Sidca convocaron un paro indeterminado desde el día 30 de enero ante el incumplimiento por parte del gobierno provincial de los acuerdos salariales preexistentes (Raúl Jalil, peronista, ahora buen amigo de Milei).

En Córdoba, el gobernador peronista Martín Llaryora, aliado de primer orden de Milei, desconoció el acuerdo salarial que viene de setiembre pasado, firmado por su mentor Juan Schiaretti. Los docentes cordobeses marcharán el jueves 1 de febrero a la Legislatura provincial para enfrentar este atropello.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro (radical de Juntos por el Cambio), decidió no pagar el aumento salarial a las y los docentes acordado en paritarias en diciembre pasado. Tampoco abrió discusión alguna para el año lectivo 2024. En estas condiciones, el conflicto en la provincia se presenta inevitable.

En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela (peronista que dijo que si ganaba Milei renunciaba), impulsando la emisión de una cuasimoneda, anunció de hecho una reducción y devaluación del salario de docentes y estatales. Una marcha autoconvocada repudió la decisión. Los docentes reclamaron un salario acorde a la canasta básica del mes de enero con actualización según el índice inflacionario.

En Buenos Aires, Axel Kicillof suspendió la discusión paritaria que debía realizarse en diciembre y por decreto estableció una suba que dejó a un maestro de grado con la máxima antigüedad por debajo de la línea de pobreza.

Como se ve, sean aliados directos de Milei o se hagan los desentendidos con la ofensiva antiobrera del ultrafacho, la tendencia de los gobernadores es a desconocer acuerdos y derechos. Los compromisos asumidos y los derechos adquiridos sólo se respetan con las patronales. El ajuste baja en cascada desde todos los gobiernos patronales.

El golpe al salario se combina con la política híperinflacionaria de Milei y el ajuste fiscal que a pesar de todo sigue en marcha. Para la docencia, además, plantea la posible eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que impactaría en el salario de miles de docentes. Según advirtió el exministro de Educación de Catamarca, Mario Perna, el Fonid está caduco pues la última prórroga dispuesta por el DNU 88/22 venció el 31 de diciembre de 2023 y ni el presidente Milei, ni el ministro de Economía Luis Caputo, ni la Secretaría de Educación de la Nación han dado señales de mantenerlo.

En sintonía con este rumbo, se agrega ahora el capítulo antieducativo y represivo del proyecto de Ley Ómnibus, que entre otras cosas incluye declarar a la educación servicio esencial y eliminar el derecho de huelga de la docencia que lucha por la escuela pública y las reivindicaciones de las y los trabajadores de la educación.

¿Salarios sin discusión con los gremios?

Del mismo modo, las modificaciones que se habrían agregado al proyecto reaccionario de la ley que se está discutiendo en el Congreso implicarían la eliminación de las entidades gremiales en el acuerdo de aspectos laborales como el salario mínimo, que quedarían por entero en manos del gobierno, el Consejo Federal de Educación y los gobernadores.

El 5 de enero pasado, la burocracia de Ctera mantuvo una reunión con autoridades educativas nacionales y se fue tranquila con la promesa de que el acuerdo marco para discutir mínimos salariales seguiría en pié. Desde entonces mantiene silencio sobre este aspecto.

Pero el secretario general de la UDA, Sergio Romero, levantó voz de alarma y le demandó al gobierno que “aclare rápidamente si va a dar continuidad a la paritaria nacional docente”. Romero ladra pero no muerde, la centroizquierda ni ladra ni muerde. La paritaria nacional y el fondo compensador están totalmente amenazados por el gobierno Milei.

Organicemos un plan de lucha para derrotar a Milei y los gobernadores

Se avecinan meses de duros conflictos docentes que la burocracia sindical busca regimentar y disolver. La negativa de la CGT (a la que pertenece UDA) y de ambas CTAs (Ctera) a parar y  movilizarse, mientras se debate en el Congreso la ley reaccionaria, reproduce la política de acompañamiento y gobernabilidad que jugó la burocracia sindical con el macrismo; pero hoy, cuando un sector del pueblo argentino viene saliendo a luchar contra el gobierno de Milei prácticamente desde el día en el que asumió.

Le cabe a la oposición docente multicolor un papel estratégico para organizar a escala nacional un plan de lucha que derrote la ofensiva antieducativa junto al resto de los trabajadores ocupados y desocupados. Un papel que ya jugaron las seccionales recuperadas como UEPC Capital, Amsafe Rosario, Aten, Ademys, etc. levantando estas banderas en las columnas del 24N.

En este sentido, el XVI Congreso Nacional de Tribuna Docente, que se realizará del 18 al 19 de febrero, tendrá como uno de sus grandes ejes promover un gran encuentro nacional de sindicatos y seccionales combativas que tome en sus manos la organización de una lucha común para derrotar al gobierno derechista y a los gobernadores que son cómplices de su política.

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