Como habíamos anticipado, ayer 25 de noviembre inició el juicio contra Mónica Gurina (secretaria general de la CTA A Misiones) y Leandro Sánchez (secretario general de Utem), una de las tantas causas abiertas a 24 trabajadores por haber participado de las enormes luchas del misionerazo en el 2024. La jueza Marcela Leiva les dio, el 26 de noviembre, 10 y 8 meses de prisión en suspenso.

Durante el 2024, trabajadores de la educación y salud pública e incluso policías se sublevaron contra los salarios de miseria impuestos por la motosierra del gobierno nacional y el gobierno de la Renovación, como correa de transmisión de ese ajuste. Lo cierto es que una vez más el Estado focaliza en algunos destacados luchadores para castigar a toda la docencia que se puso de pie, hizo paro, acampó en la avenida Uruguay, marchó por la ciudad de Posadas, se manifestó en la legislatura. Una contravención “obstruir el tránsito” fue convertido en un juicio en el fuero penal por la fiscal María Laura Álvarez aludiendo a “desobediencia judicial”. Un precedente oscuro para las luchas que se vienen.

El poder judicial, putrefacto y amigo del poder

Por el año 2007, Rovira nombraba como jueza a Marcela Leiva, hermana de la entonces ministra del Superior Tribunal de Justicia Cristina Leiva y allegada política de Fonchi Duarte, un asesor pesado del “capanga”. En su carrera como jueza cae el peso de haber metido tras las rejas por 11 años a Cristina Vázquez, quien meses después de ser liberada, en el 2020 se quitó la vida debido al peso de esta condena injusta y por el abandono de un Estado que debía reparar el daño causado.

La fiscal María Laura Álvarez fue designada en el año 2012, luego de haberse desempeñado como directora de sumarios de la municipalidad de Posadas. En su carrera fue fiscal del caso finalizado en impunidad de José Raúl García, hijo de la directora del Iprodha por abusar a su hija (que este año debió anularse), también fue fiscal durante el caso de María Ovando, quien fue condenada a 20 años por "mala madre". Fue la fiscal que actuó en el caso de los hijos del poder del colegio Roque González que planeaban la violación de sus compañeras por grupos de whatsapp. También en su rol como fiscal, suspendió el juicio por probation a un automovilista que atropelló a un grupo de peatones y mató a una jóven de 24 años en la ciudad de Alem el año pasado.

Vemos como la justicia que tiene relaciones carnales con el poder político de la provincia está a disposición una vez más del disciplinamiento de los trabajadores que luchan. Este fallo es un ataque directo al derecho a la protesta y se hace en el marco de la urgencia de que el conjunto de la clase trabajadora se organice en contra de la reforma laboral y particularmente la docencia y la comunidad educativa contra la reforma educativa.

Una respuesta que debe estar a la altura

Ante tal ataque, la respuesta de las y los trabajadores debe estar a la altura. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y el MPL han llamado a paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo con acciones locales para el 27 de noviembre y acciones para el 1 de diciembre que se leerían los fundamentos de la condena. Exigimos a la CTERA y a la CTA nacional que convoquen a un paro nacional para repudiar esta sentencia que sienta un peligroso precedente para el derecho a la protesta en la Argentina de Milei.

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Campaña de pronunciamientos contra la persecución a 44 delegados y activistas por luchar. -

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