El Consejo del Salario, que se reunió virtualmente este lunes 22, resolvió un aumento del salario mínimo, en tres cuotas, que llevaría el monto en septiembre a escasos $51.200 y treparía hasta $57.900 en noviembre: un aumento total de 75,4% para el acumulado del año, que se prevé por debajo de una inflación superior al 90%.

Con la presencia de la CGT y ambas CTAs, la reunión no pasó de un evento formal donde más allá de las votaciones –la CGT votó a favor, la CTA de los Trabajadores se abstuvo y la CTA Autónoma votó en contra- primó un acompañamiento cómplice de la burocracia sindical, quienes se negaron a movilizar, nuevamente, contra el gobierno y su política.

Lo hecho por el gobierno no es ninguna sorpresa y habría sido anticipado por las manifestaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, de que el presupuesto y los ministerios debían atenerse a las metas de ajuste fiscal acordadas con el FMI.

Este aumento del salario mínimo viene a convalidar una línea de deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores precarizados, beneficiarios de programas sociales y jubilados de la mínima –además de otras prestaciones afectadas indirectamente-, que acumula una caída del 30% desde finales del 2015, tomando todo el mandato de Macri y el actual de Alberto Fernández (Clarín, 22/8).

La burocracia al frente de las centrales obreras contrastó en sus métodos con lo hecho por la Unidad Piquetera y el sindicalismo combativo, que movilizaron al Ministerio de Trabajo. Esto tras la pasada movilización del 17 de agosto donde se esforzaron en aclarar su apoyo al gobierno. Orientación que compartieron con la Utep, que también participó de la reunión.

La Unidad Piquetera, incluso, realizó una conferencia de prensa frente a la CGT, donde desenvolvió un planteo independiente impugnando que las centrales asistan a la reunión del Consejo del Salario sin ningún mandato de base, ni planteo público. También reclamaron por un salario mínimo que cubra la canasta básica de $112.000.

Con las cifras actuales, el salario mínimo no llega ni a la mitad del valor que registró la canasta básica de gastos “elementales” en el mes de julio. Cuando termine el año la distancia será más amplia y las necesidades populares insatisfechas serán más profundas. Es lo que ocurre con la canasta alimentaria que actualmente se encuentra en $49.466 para el mes de julio: cuando llegue a septiembre habrá sobrepasado, holgadamente, el primer aumento del salario mínimo.

Al gobierno no le basta con licuar los escasos ingresos de los sectores más vulnerables, sino que también ataca el presupuesto de salud, educación y vivienda, con recortes, y posterga las entregas de alimentos a los comedores populares, ante un crecimiento de la miseria y la pobreza.

La salida a esta orientación es la organización independiente, el paro nacional y el plan de lucha para derrotar el ajuste y el pacto del gobierno nacional con el FMI, que se descarga sobre las espaldas de los trabajadores.

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