Desde que terminó el conflicto, un mes atrás, no hubo señales de algún plan para reactivar la fábrica.

Los trabajadores de la planta, contratistas y de la cooperativa cobraron un Repro extraordinario (600 pesos por única vez) y el subsidio de 1.900 pesos aportados por el gobierno nacional. Pero siguen postergadas las tareas de limpieza y puesta a punto de las máquinas.

Fue la propia patronal la que calificó el acta-acuerdo como precario, a pesar de que ella misma impuso todas sus condiciones en lo referido a los 600 despidos, a los futuros salarios rebajados y a un régimen extremo de polifuncionalidad y flexibilidad laboral.

A pesar de esto, Cristóbal López-De Zousa quieren asegurarse que no habrá una reacción obrera cuando comiencen a avanzar con la reapertura de la fábrica.

Porque todo el mundo sabe la catástrofe social que significa que 600 familias queden en la calle. No hay kiosko, remis o “curso de capacitación” que pueda revertir este desastre.

Los directivos de la UOM hicieron pasar el acuerdo en una Asamblea donde, a pesar del chantaje “es esto o nada”, un tercio de los trabajadores lo rechazó.

El temor a que los trabajadores vean cada vez con más claridad el alcance desastroso del acta-acuerdo y las posibilidades de que se reabra el conflicto llevaron a Cristóbal López-De Souza a recurrir nuevamente a Piccinini-Actis de la UOM Villa Constitución para que les garanticen la paz social.

Con ese objetivo, constituyeron un Gabinete Económico y Social para garantizar la paz social, integrado por los directivos de Paraná Metal, de la UOM Villa, funcionarios binneristas del Ministerio de Trabajo, Vaquié (el intendente de la Ciudad), la Cámara empresaria, concejales y curas. Clásica iniciativa para enterrar todo.

Sin embargo, para avanzar en esa paz social antes tendrán que resolver algunas cuestiones pendientes: en primer lugar, la firma individual del acta acuerdo y, en segundo lugar, la publicación del listado de los 600 trabajadores que serán despedidos.

El martes 11 pretendían anunciar la constitución de ese Gabinete de “contención social” en una conferencia de prensa, que finalmente terminó en un escándalo que fue tapa de los diarios y destacado en los noticieros de Rosario.

Piccinini, totalmente alterado, salió a responder provocativamente a un grupo de trabajadores que estaban presentes y que le reclamaron una Asamblea General para reconsiderar el acta y rechazar los despidos.

Piccinini armó el escándalo porque quiere cortar “de cuajo” el desarrollo de este movimiento de rechazo, tratando de crear una gran confusión entre los trabajadores con la acusación miserable de que eran pertenecientes a “una patota” enviada por “los contrarios” y la patronal, cuando en realidad eran trabajadores de muchos años en fábrica.

Quienes reclamaron la Asamblea General fueron los que lucharon en forma consecuente contra el cierre de Paraná Metal. Es necesario reforzar este movimiento que no quiere darse por vencido y que salió a reclamar la convocatoria de una Asamblea General donde estará planteado el reclamo de la reincorporación de todos los trabajadores y, eventualmente, retomar un plan de lucha.