La fiscalía comenzó “de oficio” un juicio contra los integrantes de la Comisión Interna de Prensa de la editorial Perfil y otros dos compañeros -que se inició el lunes pasado y finalizaría hoy, jueves, con los alegatos y la sentencia-, por un supuesto ataque a la “libertad de prensa”, con motivo de una medida de fuerza realizada por los trabajadores de la empresa en diciembre del 2013, para reclamar por una tanda de despidos.

 

La medida fue una provocación abierta de la empresa: no solo fue llevada a cabo el mismo día de la elección de delegados internos sino que uno de los despedidos era integrante de la Junta Electoral que fiscalizaba esos comicios.

 

Lo que se puso en el tapete en el juicio es el intento de la fiscalía, que actúa en consonancia con los intereses de la patronal de Perfil y todas las patronales de prensa, de criminalizar la protesta gremial, de convertir la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en un delito penal, intentado liquidar toda posibilidad de pelea de los trabajadores de los medios por sus reivindicaciones y reclamos de cualquier tipo.

 

Esto, porque el fiscal asienta su pedido de sanciones a los compañeros en que se habría retrasado la salida de los productos de la editorial como resultado de la medida de fuerza. Pero, más allá de la certeza de esta aseveración, esa es la consecuencia de cualquier medida de fuerza no solo en los medios sino en cualquier empresa industrial.

 

Por otra parte, el fiscal identificó ese supuesto retraso en la salida de los productos para su distribución con un “ataque a la libertad de prensa”, de allí su carácter penal.

 

Esto cuando, en realidad, son los trabajadores los que sufren diariamente la censura por parte de las empresas, cuando se ven impedidos de exponer con libertad sus ideas en los medios donde trabajan si estas no coinciden con los de la empresa propietaria. Solo en situaciones excepcionales ha sucedido lo contrario: por ejemplo, cuando, a mediados de 1987, los trabajadores de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ámbito Financiero se levantaron contra la decisión de sus patronales de publicar una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla y lograron evitar que apareciera.

 

Lo que el fiscal intenta es identificar la supuesta “libertad de prensa” con los de empresa y declarar absolutos los derechos de aquella ante una protesta gremial aunque esta tenga su origen en un hecho ilegal de la patronal, como es este caso.

 

Por esa razón, este juicio tiene una enorme trascendencia para la lucha de todos los trabajadores de prensa. Está en jaque la posibilidad de luchar y organizarse gremialmente.

 

El objetivo inmediato patronal es liquidar la organización gremial en la empresa por la vía de un desafueron a los delegados. Es, como denunció el secretario general de la Comisión Interna, Rubén Schofrin,  una “causa que tiene una clara actitud revanchista. Y un fallo condenatorio contra nosotros supondría un ataque a fondo no solo contra los trabajadores de Perfil sino contra la organización del conjunto de los trabajadores del país” ya que “sería como retroceder al siglo, XIX en cuanto a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores”.

 

En el curso del juicio los testigos, muchos de ellos aportados por la fiscalía, fueron desmontando la maniobra antiobrera de ésta y de la patronal. A tal punto que varios de los policías y prefectos que fueron a la empresa convocados ese día por una denuncia de la patronal, testificaron que no intervinieron porque no existía delito alguno y que se trataba de una protesta gremial pacífica y, según destacó uno de los agentes, esto había sido ratificado en ese momento por el fiscal de turno. Es decir que los compañeros deben ser absueltos, lo que supondrá un triunfo para la lucha de todos los trabajadores en el cuadro de la ofensiva antiobrera y antisindical del gobierno macrista.

 

¡¡Absolución ya a todos los compañeros!!