Las conducciones de los gremios estatales de la provincia de Córdoba establecieron una serie de acuerdos para encarar la discusión paritaria para lo que queda del año. Entre ellos, fijan como reclamo una pauta anual de 45%, luego de que la inflación y su proyección para lo que resta del año derrumbaran el 35% que barajaron inicialmente junto con el gobierno. El reclamo de la burocracia sindical es el reconocimiento del carácter ruinoso del acuerdo de 17,5% en cuotas mínimas que pactaron para toda la primera mitad del año y que fue devorado por una inflación que en Córdoba se ubicó por encima de la media nacional, es superior al 20% y resulta más alta incluso en el rubro de alimentos y elementos de primera necesidad que es a donde se destina principalmente y hasta íntegramente el salario de los y las trabajadoras.

Pero el 45% que fija el reclamo de la burocracia es mentiroso, puesto que se establece como una pauta anual y se ubica en referencia al salario que se cobraba en enero. Es decir que en el porcentaje vuelven a contar salario ya cobrado. Medido desde lo que los trabajadores están cobrando hoy, el reclamo de la burocracia es apenas de un 23,4% y por supuesto dividido en cómodas cuotas, que sólo llegan a solicitar que la última se cobre antes de diciembre. En lugar de discutir los meses que quedan del año, la inflación que viene creciendo y la que se proyecta y las necesidades de recomposición salarial de los trabajadores, la burocracia juega con el libreto de la patronal y cuida el presupuesto anual del gobierno. Es decir, protege su campaña electoral.

Dentro de los acuerdos salariales de los estatales, el peor de todos ha sido sin dudas el de los docentes. El sindicato Uepc fijó la misma pauta que el resto de los estatales (17,5% para la primera mitad del año), pero a diferencia del resto, cerró un acuerdo anual de 35% con una cláusula de revisión recién en noviembre. Acordaron esta pauta anual con un sector de la oposición, la lista Naranja que dirige el frente Pluricolor y forma parte incluso de organismos del gobierno provincial. Justificaron el acuerdo en la línea de la paritaria nacional docente y lo cimentaron en base al compromiso con el gobierno nacional, tanto de la conducción Celeste como de la oposición Naranja, ambas integradas también al gobierno provincial.

El planteo de la conducción de Uepc de adelantar la discusión salarial que el acuerdo establecía para noviembre, no puede ocultar su carácter vergonzante. No solo asume lo retrógrado del acuerdo original firmado con el gobierno, que fue rechazado por la mayoría de la docencia provincial, sino que además vuelve a reincidir en la miseria. El gobierno tiene comprometido con los docentes dos cuotas más, una de 9% en septiembre y otra de 8,5% en noviembre, para cubrir el 17,5% que resta de la pauta acordada. Es decir que la diferencia que reclama el secretario general Juan Monserrat apenas llega al 6%, esto es, medido según el cargo testigo, unos $500 por mes, de los seis que quedan de plazo para el acuerdo. El 45% que mienten como reclamo son apenas 500 pesos por mes.

Pero incluso frente a esta miseria, la burocracia se muestra completamente desvalida y entregada. No hay en ninguna línea del acuerdo de los gremios estatales el menor atisbo o insinuación de plan de acción alguno.

Jubilaciones

Párrafo aparte merece el problema jubilatorio. Entre los puntos acordados por las conducciones estatales figura que los aumentos deben impactar en los haberes previsionales. Viniendo de donde viene, el planteo no es más que el autoencubrimiento de la entrega de las jubilaciones, luego de haber regalado los aportes previsionales.

La burocracia, particularmente la conducción de Uepc, salió a alertar sobre una posible nueva reforma previsional. En su afán por proteger al gobierno y su campaña, adjudican a los medios de comunicación la mayor responsabilidad. Pero es claro que el plan de los gobiernos, tanto provincial como nacional, es la destrucción de los regímenes jubilatorios provinciales y de los derechos previsionales de los trabajadores. Armonizadas la edad y el cálculo del haber, sólo les resta terminar de desenganchar las jubilaciones del salario de los activos. Hacia allí van, profundizando el camino en el que avanzaran con la ley 10.694, sancionada el año pasado en pleno aislamiento.

La burocracia que dejó pasar esa reforma, como también la ley 10.333 y antes la 10.078 y todas las retrógradas reformas previsionales previas, es incapaz de enfrentar los nuevos ajustes. Demostrado queda en que se abstiene de mencionar siquiera cualquier medida o intervención de los y las trabajadoras.

La salida la marcan lxs trabajadorxs

Pero este acuerdo espurio de la burocracia no recompone los salarios absolutamente empobrecidos y derrumbados por la inflación ni protege la jubilación. El programa y el método lo están estableciendo los trabajadores de la salud que se organizan por hospitales, van al paro y salen a la calle con el reclamo de un verdadero 45% de aumento, en base al salario de julio. Lo mismo entre la docencia que se organiza de forma independiente con mandatos y asambleas e interviene a través del Plenario provincial de escuelas para luchar por todos los reclamos a los que la conducción les da la espalda.

Necesitamos que el aumento del 45% sea ahora y en función del salario que cobramos realmente hoy, y no que se esgrima como una pauta anual mentirosa. Esto llevaría el salario inicial del cargo testigo a $73 mil y permitiría a la docencia salir de la pobreza en la que viene hundida cada vez más profundamente hace años.

La defensa del salario y de las jubilaciones y derechos previsionales exige un plan de lucha con el programa de los trabajadores y no un acuerdo burocrático en sintonía con los planes del gobierno.

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