El próximo jueves 26, Unter Central ha convocado a plenario de secretarios generales para “definir” la aceptación o no del protocolo de regreso a clases. La definición es por demás arbitraria y antiestatutaria, ya que solo un Congreso con mandato de asambleas es el que puede definir modificaciones en las relaciones laborales y salario con la patronal. El protocolo no ha contemplado los aportes de la docencia, tiene el parecer y colaboración de la burocracia Azul-Arancibia, dirección provincial, y es una modificación de las condiciones laborales de toda la docencia, incorporando más funciones, obligaciones y responsabilidades. Es en definitiva la consumación de la flexibilización laboral con la bimodalidad. El protocolo se basa en la promoción de “un ordenamiento en las actividades basadas en criterios sanitarios, de higiene y seguridad”, pero, lejos de esto, en realidad responde a la política de apertura de la economía llevada adelante por Carreras, en consonancia con el gobierno nacional Alberto Fernández.

La lectura del “protocolo” muestra a las claras que se pone en riesgo sanitario inminente a la comunidad. La inviabilidad del protocolo parte de no obligar al Estado a un apto técnico y de bioseguridad de cada institución. Por el contrario, la apertura de las instituciones escolares se da en un contexto de estructuras edilicias sin mantenimiento (ventanas, puertas, talleres y patios disfuncionales, pasillos estrechos, etc). Las instituciones que tienen sedes en espacios compartidos, que no cuentan con personal de apoyo o transitan múltiples instituciones ni siquiera están contemplados. La posibilidad de realizar un seguimiento y trazabilidad de los contagios con docentes que trabajan en diversas instituciones ni siquiera está mencionado.

No es una ingenuidad que no figure la posibilidad de suspensión de clases a partir del control de cumplimiento de los insumos y condiciones de bioseguridad por parte del delegado gremial de cada institución o la conformación de comisiones de bioseguridad conjuntas de docentes, equipos directivos y familias ante el seguro incumplimiento del gobierno vaciador de la educación pública. La presión gubernamental sobre los equipos directivos en sostener las escuelas abiertas a como dé lugar y con un protocolo de inviable cumplimiento cierne sobre nuestra labor pedagógica la posibilidad de inicios de juicios y sumarios masivos. Quienes pretenden aprobar este fárrago antilaboral y antiestudiantil hace mucho que no transitan las instituciones educativas y no vivencian las diversas situaciones de la cotidianeidad escolar.

La pretensión de aprobar el protocolo por parte de Unter Central en un plenario de secretarios generales, desoyendo los aportes de la docencia de toda la provincia, van de la mano con eliminar todo tipo de debate colectivo en asambleas y congresos. No es casualidad que los secretarios generales de las seccionales Azul-Arancibia vayan sin mandato y sin asambleas, como ocurrió en las paritarias. Por el contrario, las seccionales antiburocráticas legitimarán sus posiciones de rechazo desde el debate colectivo en sendas asambleas virtuales.

El compromiso de sostener la paz social y la no conflictividad en todo el año con Carreras es la misma que han llevado adelante todas las centrales sindicales o gremios estatales como ATE o Upcn, es decir, una política deliberada de desmovilización, permitiendo el avance del gobierno sobre nuestras condiciones laborales y salariales y en medio de un pandemia. A contramano de las burocracias, los hospitalarios han demostrado que las asambleas permanentes y la acción directa son el camino para ser escuchados.

Desde este sector manifestamos que solo cuando estén dadas las condiciones sanitarias, es decir, cuando no haya circulación comunitaria del virus Covid-19, volveremos a la escuela. El retorno a clases estará marcada y determinada por un ciclo lectivo 2020 de deserción escolar, de crisis económica y social, de tejidos sociales rotos. Defendemos que nuestra labor sea fundamental y principalmente pedagógica, por lo que cualquier otra función ajena a esta no corresponde, y más por la complejidad del contexto al que nos enfrentaremos.

Llamamos al conjunto de la docencia a repudiar el protocolo antilaboral desde cada institución. Exijamos Asambleas y congreso para que definamos las y los docentes. Masivamente denunciemos este protocolo que pone en riesgo sanitario a las comunidades educativas y que profundiza la flexibilización laboral del gobierno.

 

 

https://prensaobrera.com/salud/presentacion-del-protocolo-covid-19-del-subte-como-proyecto-de-ley/