Luego del combativo corte sobre la ruta 22 de rurales y empacadores organizados de Villa Regina a la altura de Chichinales, que en los hechos dividió en dos a la provincia de Río Negro (el lugar es conocido como la entrada al valle), en el cual soportaron agresiones, espionaje, discriminación y persecución, el Estado impulsa causas judiciales contra los participantes de dicho corte. Los y las trabajadoras pusieron como nunca en la agenda política nacional el reclamo laboral por el plus por la zona desfavorable, noticia que llego a tener alcance nacional. El Estado, que ese mismo día mediante delegados de los ministerios de trabajo de la provincia y nación se acercaron a firmar un acta donde tomaron los reclamos del sector en lucha argumentando la necesidad de mantener la “paz social”, avanza una semana después en el armado de causas judiciales imputando el incumplimiento del decreto 297/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, y acusando de "potencial el riesgo de propagar contagios de Covid-19". También se pretende imputar desmanes. Jorge Stopiello, el ministro de Trabajo de la provincia asegura mediante una comunicación oficial que se avanza en las correspondientes investigaciones, mientras convalida en la provincia la trata de personas y la esclavitud de trabajadores y trabajadoras, sin tomar ningún tipo de medidas.

El Estado, la patronal y las burocracias sindicales

El triunvirato que conforman el Estado, la patronal y las burocracias sindicales, en este caso de la fruta ha mostrado detrás de la lucha por la zona desfavorable de rurales y empacadores hasta donde llegan los intereses capitalistas que defienden. En primer lugar la propia patronal, que cuando en el 2020 un agrupamiento obrero rural independiente en Villa Regina retomaba el reclamo por la zona desfavorable para todas y todos los compañeros rurales salieron directamente a ocupar las rutas en rechazo ha dicho derecho, consagrado por ley. En segundo lugar el propio estado, que desde hace décadas gobierno tras gobierno niega dicho derecho, junto con la propia patronal, que en cambio es beneficiada año tras año por el estado. Como se verá, cuando se trata de negar derechos laborales no se escatima incluso ir contra una ley nacional, y con antecedentes de otros sectores que al día de hoy la cobran. Incluso se pudo conocer producto de la organización y la lucha que los secretarios generales cobran la zona desfavorable. De hecho, ambas partes van en sentido contrario a los derechos de la clase trabajadora. Esto lo demuestra que no convalidan el derecho laboral, la reducción a cero de las retenciones a la propia patronal frutícola y la declaración de la Emergencia Económica para pequeños y medianos productores. En tercer lugar, aparece la burocracia sindical, que merece un párrafo aparte.

La burocracia de la fruta es participe directa de la realidad de pobreza, precarización, explotación y trata que atraviesa el sector obrero frutícola. La burocracia, que como dijimos cobra el plus por zona desfavorable año tras año ha entregado a los y las trabajadoras a los intereses del estado y de la patronal. En el caso del sector obrero frutícola se han evidenciado como nunca los altos porcentajes de trabajo en negro e infantil, la precarización laboral y la explotación, la trata de personas, los salarios de pobreza y el desempleo, mientras vemos a una patronal enriquecida, y sostenida estatalmente con sucesivos e irregulares beneficios. Nombremos solamente los subsidios estatales, que nunca se han controlado y mostrado a los y las trabajadoras, que solo ven empeorar sus condiciones de vida.

De conjunto, este triunvirato ha perseguido e intentado criminalizar la lucha por la zona desfavorable porque es una defensa de sus propios negociados, y porque de conjunto no quieren otorgarla. Saben que de hacerlo estaremos al frente de un triunfo obrero de características históricas. La patronal, a poco de resurgido el reclamo comenzó a perseguir a los y las trabajadoras, amenazando con la estabilidad laboral. Incluso llegaron a definirse sanciones. La burocracia, que pretende aparecer con un discurso de lucha, que no se corrobora en los hechos, intento colocar por otro lado un bozal legal contra la agrupación, advirtiendo y amenazando, y argumentando una especie de desobediencia sindical. Que no se corrobora en los hechos lo demuestran la falta de convocatorias a asambleas y plenarios locales y regionales, y sus sucesivos amagues a la convocatoria inmediata de un paro general de todo el sector, por la zona desfavorable y todos los derechos, un planteo que rurales ya vienen levantando hace meses. La burocracia es en los hechos verdaderamente anti democrática. Ahora el estado avanza en el armado de causas judiciales para criminalizar la legítima lucha de los y las trabajadoras con su propio aval. Esto lo manifesto mejor que nadie Sergio Alarcón, el secretario general de Uatre en General Roca, que manifesto respecto del corte de ruta realizado: "No estamos de acuerdo con la metodología y con el día" (Somosnoticias).

Abajo la criminalización

El Estado, que había aparecido mediante delegados del ministerio de trabajo en el corte de ruta para descomprimir el piquete de rurales, que había provocado colas de hasta 40 km, y que redacto un acta tomando los reclamos, como el del plus por zona desfavorable, las paritarias, la intervención de la seccional de Uatre Villa Regina y el llamado a elecciones hasta el día de hoy no ha avanzado en motorizar cada uno de los reclamos, sino todo lo contrario. La entrega de la comunicación de Stopiello apunta a criminalizar y no a dar respuestas. De hecho, Natalia Reynoso, delegada y secretaria del ministerio de trabajo, quien hizo entrega hoy de la nota del ministro provincial de trabajo manifestó que no se desconoce la situación de los y las rurales, y que el compromiso del ministro provincial era viabilizar el reclamo. También aseguro que se ratificaban los puntos que se necesitan trabajar, y termino por afirmar que la respuesta y los pasos a seguir iban a depender de las próximas comunicaciones. En realidad, el estado termina por avanzar con un intento de criminalización de la lucha mediante una investigación, aduciendo posible propagación del Covid–19 y desmanes, algo que Reynoso hoy intento esconder.

Daniel Milla, trabajador rural organizado le manifestó que hay un montón de compañeros y compañeras detrás del reclamo, y que no había un capricho. Le terminó por exigir que el reclamo necesitaba llevar una rapidez, y no estirarse en el tiempo. La declaración de Reynoso respecto de que no se desconocía la situación corrobora que la política del estado es estirar los reclamos de los y las trabajadoras en el tiempo, pero también amparar la trata de personas, la explotación laboral y beneficiar sistemáticamente a la patronal.

Abajo la criminalización de los y las rurales, y de todos y todas las que lucha. Zona desfavorable ya. Afuera la burocracia del sindicato.

https://prensaobrera.com/sindicales/intentan-proscribir-y-censurar-a-trabajadores-as-rurales-y-sus-candidaturas-a-delegados-as/